Jamadier Esteban Uribe Muñoz

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5098-0244

Resumen

El presente artículo tiene por objeto analizar el carácter colonial de los estados nacionales del Cono Sur, particularmente de Chile. Mediante un análisis crítico, se delimitan categorías importantes en el pensamiento decolonial, como nación, colonialismo interno, su diferencia con el racismo y colonialismo en sí. Se muestra cómo el colonialismo republicano fue una práctica fundante de los estados nacionales. Se resaltan paralelismos en el Cono Sur, como la utilización del discurso “barbarie contra civilización” y la argucia de arrogarse soberanía sobre territorios ocupados por las primeras naciones, así como la articulación de la violencia estatal y privada para la dominación colonial.

Palabras claves: Colonialismo; Colonialismo Republicano; Colonialismo Interno; Pensamiento Decolonial; Pueblos Indígenas.

El presente trabajo se enmarca socialmente en el contexto chileno que, entrada la tercera década del siglo XXI, mantiene agudos conflictos con las primeras naciones que habitan el actual territorio nacional.

En el ámbito político-militar hay un Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en La Araucanía central (territorio mapuche) que se extiende desde mayo de 2022 hasta nuestros días; líderes indígenas presos, como Héctor Llaitul (Ayala, 2024); y montajes policiales, como la operación Huracán que salió a la luz en 2018 (CIPER, 2018). Un escenario cruzado por múltiples violencias, siendo el telón de fondo la violencia colonial que se desprende del conflicto geopolítico entre Chile y la nación Mapuche (Uribe-Muñoz, 2022).

En el ámbito jurídico, el conflicto se evidencia en los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones a los Derechos Humanos del pueblo Mapuche, como el caso Norín Catrimán de 2014 o el caso Huilcamán Paillama de 2024 (CIDH, 2025), junto a los informes de los relatores especiales de Derechos Humanos de Naciones Unidas, James Anaya de 2009 (ACNUDH, 2009) y Ben Hemerson en 2014 (ACNUDH, 2014).

 El objetivo de este artículo es mostrar el fundamento estructural de estos conflictos, que se rastrean hasta la conformación misma de los estados en América Latina. Para ello se muestra en los primeros apartados cómo se ha comprendido historiográficamente la construcción de los estados nacionales a partir del siglo XIX, animando el debate dentro de la historiografía crítica –sobre todo marxista– del lugar que tuvieron las luchas nacionales y de clase en la ruptura, perpetuación e inauguración de tres formas de dominación: el discurso nacional, el colonialismo interno y el colonialismo republicano.

El último apartado está dedicado al colonialismo republicano en el Cono Sur, con especial atención en el caso de Chile, que se trabaja de manera casi exclusiva a partir del Informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas de 2008. Primero por ser una gran fuente de consenso a nivel nacional, pero, por sobre todo porque al ser un documento oficial del Estado, atesta por excelencia la cualidad colonial fundante del Estado.

Téngase presente

En 2013 Néstor Kohan publicó Simón Bolívar y nuestra independencia: una lectura latinoamericana, en el que, mediante una revisión de las grandes corrientes historiográficas del periodo, da cuenta de la ausencia del campo popular como sujeto en los relatos. Afirmación cierta, que, en todo caso, no debe ser totalizada, si atendemos a los importantes esfuerzos de la historia social latinoamericana, que en la década de 1990 comienza a hacerse la pregunta sobre los excluidos de la historiografía independentista (Pinto, 2016).

Con todo, Kohan (2013) sentencia:

para la mirada euroccidentalista (también de historiadores americanos) los esclavos negros, mestizos empobrecidos, zambos, mulatos y pueblos indígenas carecen de humanidad. Son fantasmas invisibles. Si por casualidad algún historiador tradicional admite su existencia, los dibuja pasivos, impotentes, ciegos, sin perspectiva histórica (p. 28).

La historiografía tradicional, acusa Kohan, tiene un escollo epistemológico que le dificulta dar cuenta de los sujetos populares del periodo. La vertiente liberal porque, en tanto relato de las grandes personalidades, los sujetos colectivos le resultan siempre una cuestión accidental. La vertiente marxista, porque al ser heredera de una lectura parcial y mediatizada del Marx del 48, solo pudo pensar la historia como sucesión de etapas y al haber caracterizado a América Latina como feudal, cualquier intento revolucionario no podía sino tener un carácter exclusivamente burgués, ya que como por necesidad natural, del feudalismo solo se transitaba al capitalismo; de ahí que si en la historiografía marxista el campo popular aparece, lo hace meramente como soporte material de la guerra, mas nunca como sujeto (Kohan, 2013; Kohan, 2003; Vitale, 1998; Marx y Engels, 2004).

De esta forma por ejemplo, con bastante anterioridad Manfred Kossok (1989) había advertido que “con la definición muy usada de revolución anticolonial para caracterizar la transformación iniciada […] se logró aprehender un elemento básico de su contenido y meta, pero no se arrojó luz sobre las fuerzas sociales y motrices y, por consiguiente sobre el carácter de clase del movimiento de independencia” (p. 147) acertando en el diagnóstico, pero dadas las razones expuestas, errando en sus conclusiones. Esto pues, los sujetos populares aparecen para él solo de manera parcial en el proceso bajo la forma de guerrillas, a las cuales da nada más una importancia táctica.

Parecida, aunque considerablemente menos elegante, fue la posición de Pierre Vilar (1972) cuando refiriéndose a las campañas de San Martín y Bolívar sostuvo que “ni las victorias obtenidas, ni la organización política definitiva, ni sus consecuencias sociales son influenciadas por intervenciones populares” (p. 168), no dudando en acuñar la dicotomía entre “minorías ilustradas [y] masas emotivas” (p. 173), reafirmando así el desprecio de la historiografía –también de la historiografía crítica– por el campo popular del periodo.

Otro ejemplo, con una retórica similar a la de Vilar (1972), es el del connotado Eric Hobsbawn (2009) en 1972 cuando señala que “las revoluciones latinoamericanas fueron obra de pequeños grupos de patricios, soldados y afrancesados, dejando pasiva a la masa de la población blanca, pobre y católica, y a la india indiferente y hostil” (p. 148).

Una visión diametralmente distinta es la que ofrece desde la otra vereda, por ejemplo, María Luisa Soux (2006), quien analiza las sublevaciones indígenas en el Alto Perú en el periodo 1810-1811. Soux muestra cómo al mismo tiempo que en el Río de la Plata, México, Venezuela y Chile se produjeron levantamientos pluriclasistas, en el Alto Perú el movimiento fue en lo principal indígena, con dos objetivos fundamentales “luchar contra la explotación y la dominación colonial (incluyendo el tributo), y lograr el reconocimiento de sus autoridades étnicas” (p. 292), cuestión apoyada por un contingente militar del Río de la Plata en los albores de la insurrección continental generalizada, lo que demuestra la coexistencia de intereses y sujetos revolucionarios con racionalidades propias, articulándose en negociación y alianza.

Decidor es Olmedo Beluche (2011), que tensiona la narrativa de las historias oficiales sobre los procesos de independencia en América Latina y una supuesta relación de las élites con los ideales de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa. En la lectura global que ofrece del proceso de emancipación Latinoamericana, Beluche (2011) sostiene a partir de Aguirre que

la burguesía hispanoamericana, la casta de los criollos, no actuó inspirada en los ideales de la Revolución Francesa, sino todo lo contrario, actuó por temor a que la monarquía de José Bonaparte inseminara el virus de la ‘libertad’ y la ‘igualdad’ entre los explotados de América. La élite criolla instala sus Juntas y proclama sus Actas para evitar una revolución, no para hacerla. (Aguirre en Beluche, 2011, pp. 54-55)

buscando (la burguesía) un acuerdo con los virreyes, sentenciando a continuación que “en todos los casos, fueron sectores radicalizados del pueblo quienes se movilizaron para imponer por la vía de la fuerza el derrocamiento de los virreyes, imponer las Juntas y cambiar por la fuerza la situación política” (Beluche, 2011, p. 55), enseñando el peso decisivo del campo popular en las guerras de emancipación, que empujó las demandas a un punto de quiebre definitivo con España.

Tanto para Beluche (2011), como para Kohan (2013), es claro que la victoria militar hubiese sido imposible sin una participación y un compromiso activo del campo popular, el cual no se sumó a la contienda arrastrado por las grandes personalidades de la historiografía liberal, ni por el motor fuera de borda de la evolución de las fuerzas productivas de la historiografía marxista, sino por aspiración de justicia:

la lucha nacional-continental (de la Patria Grande) por la Independencia anticolonial se amalgama, entremezcla y fusiona con la lucha de clases y la habitualmente ignorada lucha de los pueblos originarios por sus territorios y recursos naturales, la no documentada lucha de los humildes por la tierra y la ‘invisible’ lucha de los afrodescendientes por sus derechos. (Kohan, 2013, p. 29)

En esa misma línea Beluche (2011) argumenta que el proceso de independencia solo se consolidó a partir del programa revolucionario de Simón Bolívar, que integró

la reforma política demandada por los criollos, que les permitiera su participación en la administración pública […] (con) las demandas sociales del pueblo explotado, como el final de la esclavitud y la tierra para los pueblos originarios […] que se expresa militarmente en la integración a su ejército del mulato Piar y el llanero Páez. (p. 57)

Al tiempo que, sobre San Martín y Bolívar, Kohan agrega que

ambos libertadores desbordan el objetivo limitado y los programas mezquinos de las burguesías criollas en los que en un comienzo se apoyaron […] (y) van haciendo suyas las demandas de las grandes mayorías populares al comprender que el principal protagonista de la guerra de independencia es el pueblo en armas. (2013, p. 111)

Y sin embargo…

El campo popular, como hemos mostrado, no fue el mero soporte material de la guerra de independencia, sino un actor con intereses y programas propios que aportó una fuerza decisiva a la hora de lograr la victoria militar. Sin embargo, no es menos cierto que su victoria bélica no se tradujo en la implementación política de los programas liderados por San Martín y Bolívar.

Nuevamente Kossok (1989) fue agudo en el diagnóstico:

Queda como un hecho que aquellos movimientos populares que […] como alguna vez dijo Engels, llevaron a la revolución a rebasar sus objetivos, fracasaron; ya sea por la intervención […], por la supremacía militar de la contrarrevolución interna […] o bajo el peso de un aislamiento forzoso. (p. 158)

aunque se tenga que puntualizar que, en realidad, los movimientos populares no llevaron a “rebasar” ningún objetivo de la revolución, ya que fueron los mismos movimientos populares, los que afirmaron en cuerpo y vida cuáles eran los objetivos de la revolución. Por el contrario, fueron las élites criollas las que detuvieron el programa de transformaciones por el que había combatido el campo popular en las alianzas pluriclasistas de los ejércitos libertadores.

Es por ello que Kohan (2013) afirma que los procesos de emancipación fueron revoluciones inconclusas, apuntando a dos causas. La primera es “la inserción capitalista dependiente de nuestras formaciones sociales en el sistema mundial” (p. 30). La segunda es que las “burguesías criollas dieron la espalda a los proyectos libertarios y emancipadores de Bolívar, San Martín, Moreno, Hidalgo, Morelos, Artigas y otros” (p.30) que apuntaban a una integración política continental, para afirmar la fragmentación política de Latinoamérica en una institucionalidad débil a la medida del carácter rentista de las élites.

De ahí que Quijano (2014) sostenga de manera enfática que “el control del poder poscolonial fue ganado por los herederos de los colonizadores” (p. 206), que irónicamente les permitió incluso “la ventaja de no tener que lidiar con el poder controlador de la Corona respecto a las relaciones con los dominados” (p. 207) del orden colonial: indios, mestizos y negros.

De esta manera, los estados nacionales latinoamericanos, más allá de la independencia política, lo que hicieron fue perpetuar la colonialidad del poder –que se origina en el orden colonial pero que lo trasciende– entendida esta como “una imbricación […] de jerarquías globales múltiples y heterogéneas de formas de dominación y explotación […] donde la jerarquía racial/étnica de la línea divisoria europeo/no europeo reconfigura de manera transversal todas las demás estructuras globales de poder” (Grosfoguel, 2006, p. 26), cuestión que por un lado condenó a América Latina a una posición de dependencia en la economía del sistema mundo (Marini, 1991), pero por otro, posicionó a sus élites blancas como herederas legítimas de los mecanismos de acumulación del antiguo régimen.

En este sentido, es que se pueden observar al menos tres mediaciones sobre las que han operado los estados nacionales para constituirse como tal. La primera de ellas es –precisamente– la nación, la segunda es el colonialismo interno y la tercera, constitutiva pero menos explicitada teóricamente, es el colonialismo, así, a secas; que bien podríamos llamar colonialismo republicano, no porque difiera en su lógica del colonialismo monárquico, sino por el periodo histórico en que acontece.

Las formas de la dominación etnoracial en las repúblicas latinoamericanas

La nación

En torno a la nación, a partir de Leopoldo Mármora, Beluche (2014) adopta la útil distinción entre nación-estado y nación-cultura, entendiendo por la primera “la tradicional definición de: un territorio, con una población y un gobierno soberano” (p. 4), como Chile, Argentina o México; y por la segunda a “una población que se autodefine por sus costumbres, tradiciones e historia, identidades que se expresan mediante una lengua propia, que puede o no tener gobierno propio y puede o no tener un territorio propio” (p.4), como los Aymara, los Mapuche o los Quiché. La nación-estado es ante todo un Estado, la nación-cultura es ante todo una identidad.

De esa distinción, se desprende que en América de hecho las naciones-cultura son previas a las naciones-estado y que, sin embargo, las naciones-cultura no devinieron jamás en naciones-estado después de que la conquista destruyera las formaciones estatales prehispánicas. Es decir, las naciones-cultura no volvieron a crear sus propios estados y los estados se construyeron sin una nación a la base, “desde arriba”, sobre una sociedad civil con una fisiología aún indefinida (Vitale, 1998; Gramsci, 1980). Claudia Kuzma (2012) señala al respecto que en la América moderna “se crea primero el Estado y luego se va inventando una ‘identidad nacional’ que se va aprendiendo, asimilando como nacionalidad […] la nacionalidad no es una característica innata, sino el resultado de un proceso de aprendizaje social” (p. 135).

Una hipótesis similar es la que sostiene Óscar Oszlak (2011), cuando afirma que “la gran mayoría de los países latinoamericanos adquirió […] el formal reconocimiento de su soberanía (pero que) producto de las luchas de emancipación nacional, este reconocimiento se anticipó sin embargo a la institucionalización de un poder estatal reconocido dentro del propio territorio nacional” (p. 119), lo que no es muy distinto a afirmar que las naciones-estado latinoamericanas, nacieron en realidad sin nación-cultura que les corresponda, por ello es que posteriormente sostiene que “la identificación con la lucha emancipadora, precario componente idealista de la nación, fue insuficiente para producir condiciones estables de integración nacional” (p. 137).

En América Latina los Estados no se crearon en torno a un “proyecto preconcebido de identidad nacional […] sino para garantizar los intereses de una variedad de sectores o clases sociales” (Beluche, 2014, p. 4) para quienes el Estado fue el aparato garante de la “articulación de los mercados internos y su eslabonamiento con la economía internacional” (Oszlak, 2011, p. 137) en el marco de la consolidación de economías dependientes primario-exportadoras.

Esta operación que dio a luz los estados nacionales, fue antes un acto de fuerza que de consenso. Oszlak parece coincidir con Kohan (2013) cuando señala que “durante la primera etapa del periodo independentista los esfuerzos de los incipientes estados estuvieron dirigidos a eliminar todo resabio de poder contestatario, extendiendo su autoridad a la totalidad de los territorios sobre los que reivindicaban soberanía” (Oszlak, 2011, p. 131) con tal de que las clases dominantes, herederas de la oligarquía hispana, mantuvieran un diferencial de poder favorable que les permita perpetuar el usufructo ventajoso del excedente productivo, a partir de la explotación del campo popular (Quijano, 2014; Grosfoguel, 2006; Vitale, 1998).

No obstante, la hegemonía (Gramsci, 1970) de los nuevos estados era inviable sin la producción de mecanismos de consenso que permitan una relativa quietud de la población tras su sometimiento bélico. Es ahí donde la nación-estado, o simplemente el Estado, comienza en torno a la segunda mitad del siglo XIX, la construcción de su nación-cultura, o simplemente nación, como un medio “para que los explotados se sintieran ´identificados` con el estado burgués que les explotaba” (Beluche, 2014, p. 5) y poder “crear una nación de ciudadanos regidos por leyes iguales, unidos por valores comunes” (Kuzma, 2012, p. 135), echando mano a todos los aparatos ideológicos a su alcance.

De esta forma, bajo el discurso de la nación se esconden y naturalizan las diferencias de etnia y clase, mas no desaparecen. Lejos de ello, continúa articulando el patrón colonial de poder heredado de la dominación española, donde etnia y clase se interceptan estructuralmente en las formaciones sociales latinoamericanas. En esa línea Quijano (2014) señala que “la dominación, en consecuencia, no se ejerce solo en términos de clases sociales o de estratos socioeconómicos, sino ante todo en términos étnico-raciales” (p. 208), aun cuando “la ideología aceptada formalmente […] va en contra de tales categorías y discriminaciones, y en casi todos los países de la región estas aparecen, por lo mismo, veladas y con frecuencia negadas por los dominadores y no pocas veces por las víctimas” (p. 208).

El colonialismo interno

Wright Mills (1963) da cuenta de la problemática antes señalada cuando sostiene: “the developed sections inside the underdeveloped world […] are curious sort of imperialist power, having internal colonies, as it were”¹(p. 154), acuñando por primera vez el concepto de colonialismo interno, el cual no dista mucho de la colonialidad del poder en su dimensión étnico-clasista de análisis de estratificación en países latinoamericanos, pero que sin embargo, en manos de Pablo González Casanova (2006; 2003) toma un giro reivindicatorio ético e histórico que debe ser considerado.

Al poner el foco en el campo popular, que nace a partir de las dinámicas de dominación colonial de América por parte de Europa, lo que se hace es establecer un corte histórico que comprende a dicho sujeto heterogéneo (el campo popular) a partir –y no a pesar– de la configuración del continente en las dinámicas del capitalismo periférico. Ello, sin duda es pertinente a la hora de hablar de raza o clase, dos conceptos íntimamente ligados al desarrollo del capital, mas es restrictivo a la hora de hablar de los pueblos indígenas y su relación con los estados nacionales, toda vez que el indígena aun cuando racializado y proletarizado, proviene históricamente de una formación social otra al actual sistema mundo. Lo que González Casanova hace es hablar desde el lugar del indo.

De esta forma, en Sociología de la explotación de 1969 da espacio en su análisis a la literatura indigenista del siglo XIX, cuando señala que “la sustitución del dominio de los españoles por el de los ‘criollos’ […] (sigue teniendo para los indígenas) las mismas características que en la época anterior a la independencia» (González Casanova, 2006, p. 186), dominio que se distingue de la opresión racial y de clase “porque la heterogeneidad cultural es históricamente otra, producto del encuentro de dos razas o culturas, o civilizaciones, cuya génesis y evolución ocurrieron hasta cierto momento […], sin contacto entre sí, y se juntaron por la violencia y la explotación” (p. 198), siendo en definitiva una “relación de dominio y explotación de una población (con sus distintas clases, propietarios, trabajadores) por otra población que también tiene distintas clases” (p. 198).

A lo anterior agrega una segunda determinación: “el despojo de tierras de las comunidades indígenas tiene las dos funciones que han cumplido en la colonia” (p. 202), estas son, separar a los productores de sus medios de producción y convertirlos en fuerza de trabajo para el capital, cual acumulación originaria descrita por Marx (1975). Cuestión en la que insiste años más tarde, en 2003, cuando sostiene que

con el solo concepto de racismo se pierde el […] derecho de las ‘minorías nacionales’ o ‘etnias’ dominadas y explotadas en condiciones coloniales o semicoloniales y que resisten defendiendo su cultura y su identidad. Con el solo concepto de ‘racismo’ se pierde el derecho que tienen las etnias a regímenes autónomos (González Casanova, 2003, p. 12).

En síntesis, el concepto de colonialismo interno propone las siguientes diferencias, o si se prefiere especificidades, con respecto al de racismo: (1) hace referencia al paso de un dominio colonial a otro, ya que las etnias americanas no son producto de la dominación colonial como la raza o la clase, sino que son anteriores a ella, aunque hayan sido racializadas; y (2) pone como central la cuestión de la territorialidad, como parte constitutiva del dominio que se ha mantenido ininterrumpido desde la colonia a la república. Existe el colonialismo interno en América Latina ahí donde la república no devolvió las tierras ni la autonomía a las naciones-cultura que la detentaban con anterioridad a España.

El colonialismo

Luis Vitale sostiene en su Historia Social Comparada de los Pueblos de América Latina (1998b) que “a fines de la colonia, los mapuche, los pampas y los charrúas conservaban lo esencial de las tierras que tenían antes de iniciarse la conquista española” (p. 143), lo que nos da pie para pensar que no solo son la invención de la nación-cultura asociada a una nación-estado y el colonialismo interno, los mecanismos mediante los que se construyó el estado nacional en América Latina, sino que además paradójicamente el colonialismo, a secas, fue fundacional en la consolidación de la independencia, ya que para muchos pueblos la república no fue una continuidad del orden colonial sino su punto de partida.

Para Aníbal Quijano (2014b) el colonialismo “se refiere estrictamente a una estructura de dominación y explotación, donde el control de la autoridad política, de los recursos de producción y del trabajo de una población determinada lo detenta otra de diferente identidad, y cuyas sedes centrales están, además, en otra jurisdicción territorial” (p. 285).

Es una definición precisa que capta la estructura lógica de la categoría: es una categoría geopolítica, que se juega en el control directo de la administración normativa (leyes) y de las fuerzas productivas (medios de producción y fuerza de trabajo) de un territorio y sus gentes por una potencia extraterritorial que posee una identidad distinta; aun cuando la categoría de “jurisdicción” no sea la más precisa y sea mejor entenderlo en clave de “otra localización geográfica” (al menos en su inicio lógico), pues lo fundamental no es el estatus jurídico del territorio colonizado, sino que ese mismo estatus ha sido impuesto por una potencia externa.

Un claro ejemplo de esto último son los Departamentos y Regiones de Ultramar, que de acuerdo a Saïd Bouamama (5 de junio de 2019), a pesar de su integración política formal a la República de Francia “una simple mirada a sus economías permite concluir que se mantiene la relación colonial entre el Hexágono y este Ultramar” recordando que el colonialismo francés es “una realidad viva”. De la misma manera que González Casanova (2003) señala que la participación política de la población colonizada se da en los altos cargos coloniales solo “en condición de asimilados” (p.3), es decir dentro del marco jurídico que asegura el orden colonial; por lo que más allá de la jurisdicción distinta del territorio o la población, lo esencial es que esa jurisdicción es dada desde el extranjero para beneficio del mismo.

Es por ello, que se toman con distancia crítica los planteamientos de autores como Walter Hixon (2013), que se refieren al colonialismo de asentamiento, como un fenómeno diferente al colonialismo: “What primarily distinguishes settler colonialism from colonialism proper is that the settlers came not to exploit the indigenous population for economic gain, but rather to remove them from colonial space”²(p.4).

No se trata de negar que existan colonialismos de asentamiento (settler colonialism), por un lado –donde de lo que se trata es de hacerse de la tierra– y colonialismo de explotación, por otro –donde de lo que se trata es de la administración de las gentes–. De lo que se trata más bien, es que, al captar la estructura lógica del colonialismo: tanto el colonialismo de asentamiento, como el de explotación, aparecen como dos formas posibles del colonialismo y, por ende, el colonialismo de asentamiento, como una forma del “colonialismo propiamente tal” (colonialism proper). Lo que será importante para comprender cómo el colonialismo es constitutivo de los estados nacionales latinoamericanos.

Quienes se niegan a aceptar el colonialismo de asentamiento como colonialismo en sí, lo que hacen es colapsar la categoría de colonialismo con la forma histórica que tuvo el colonialismo español, lo que los lleva a incurrir en una doble falta. Primero, niegan la preponderancia del exterminio del colonialismo hispano, que redujo la población indígena de 25 millones a un millón y medio (Bouamama, 2019). Y segundo, obliteran el carácter capitalista periférico con el que se integró América Latina al imperio español (Gunder Frank, 1974). Por ello, no dan cuenta que bajo el capitalismo la población puede ser administrada como fuerza de trabajo –ya sea mediante el salario, la mita, la encomienda o la esclavitud– o como masa marginal, de acuerdo a las necesidades del capital y la capacidad de la potencia invasora para asimilar o no a la población (Quijano, 2014b; Nun, 1971; Vitale, 1998b).  

El colonialismo de las repúblicas del Cono Sur

El exterminio de los pueblos Charrúa, “Pampas” y del Chaco por las burguesías del Río de la Plata

El pueblo Charrúa que habita las tierras del Uruguay, fue parte importante de las fuerzas de Artigas, junto a quien lucharon tanto por la independencia de América, como por la autonomía indígena: “yo deseo que los indios en sus pueblos se gobiernen por sí, para que cuiden sus intereses como nosotros los nuestros” (Artigas en Klein, 2007), expresó el prócer uruguayo en una carta dirigida a Don José Silva, Gobernador de Corrientes en 1816.

No obstante, los charrúas fueron traicionados a inicios de la época republicana. Como señala Klein (2007): “Desaparecido Artigas del escenario político rioplatense, no hubo ya barreras para el exterminio del indígena. Los enfrentamientos […] formaron parte de un ‘programa’ de erradicación del indio como una forma de barbarie”, disfrazando con una retórica progresista una ofensiva militar destinada a apoderarse de sus tierras de caza, para que las burguesías rentistas las consagren a la agricultura y la ganadería.

Hacia 1830, los indígenas del Uruguay ya habían“sucumbido a la deculturación, a la pérdida de territorio para cazar y recolectar, a las enfermedades infecciosas (viruela y sarampión), y al enfrentamiento acérrimo con el ejército nacional” (Klein, 2007). El territorio charrúa fue colonizado por los uruguayos, quienes alegaron jurisdicción sobre las tierras indígenas, la que ejercieron de facto apoderándose de sus tierras y administrando a su población como masa marginal. España no logró el control del territorio Charrúa, su jurisdicción fue solo virtual, fue el Estado nacional quien de hecho lo colonizó.

La conquista de los “pampas” –como se denominó a los diferentes pueblos indígenas que habitan la Patagonia argentina– no fue muy diferente a la de los Charrúa. “A partir de 1876, el ejército armado por hacendados comenzó la guerra abierta” (Bartolomé, 2003, p. 166) contra los pueblos indígenas del sur, motivado entre otras cosas por “la necesidad de ocupar efectivamente las fronteras nominales con los países limítrofes, las demandas de tierra por parte de los hacendados para incrementar la ya altamente significativa producción de carnes y granos destinados a la exportación” (Bartolomé, 2003, p.166).

La justificación ideológica fue también similar, el Estado Argentino debía acabar con la “amenaza india”, por lo que la Conquista del Desierto fue promocionada como un acto civilizatorio. Al respecto reflexiona Bartolomé (2003): “los indios estaban y no estaban allí, el desierto era desierto a pesar de la presencia humana, pero esta presencia no era blanca, ni siquiera mestiza y por lo tanto carente de humanidad reconocible” (p.166).

La Conquista del Desierto, que no era desierto, incorporó 30 millones de hectáreas al dominio efectivo del nuevo estado nacional argentino. En “1879 el general Roca iniciará la etapa final de la erradicación de la amenaza india” (Bartolomé, 2003, p.166), campaña militar que coincidió temporalmente con la ocupación militar del otro extremo de la República Argentina, la región chaqueña. Como señala Bartolomé (2003):

a partir de 1870 comenzaron las expediciones militares que intentaron el definitivo sometimiento de este otro y aún más contradictorio ‘desierto’, dotado de una geografía de bosques, sabanas y caudalosos ríos. Hacia 1884 la expedición del general Victorino consiguió la consumación de la Conquista. (p.167)

Se aprecia entonces que la receta del colonialismo fue seguida con bastante eficacia por las excolonias españolas, ahora repúblicas independientes y colonialistas: (1) se arrogaron jurisdicción sobre un territorio ya habitado, (2) deshumanizaron a dicha población, (3) lanzaron una campaña militar y (4) administraron a la población, ya sea integrándola como fuerza de trabajo o como masa marginal, en cuyo caso puede ser aniquilada o arrinconada geográficamente (Klein, 2007; Bartolomé, 2003).

Chile y el colonialismo (a confesión de partes, relevo de pruebas)

En el caso de la República de Chile, su constitución colonial es palpable en la historia y confesa de manera oficial en el muy interesante y acabado Informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas (la Comisión…) entregado en 2003 al Presidente de la República Ricardo Lagos Escobar y publicado en 2008 por la Presidente Michelle Bachelet Jeria. Dicha comisión se creó el 17 de febrero de 2001 mediante la publicación de la firma del Decreto 19 del Ministerio de Planificación y Cooperación, por parte del mismo Presidente Lagos y fue presidida por el expresidente de la República, Patricio Aylwin Azócar.

La Comisión tuvo por objeto, según consta en el artículo primero del Decreto:

asesorar al Presidente de la República, en el conocimiento de la visión de nuestros pueblos indígenas sobre los hechos históricos de nuestro país y […] efectuar recomendaciones para una nueva política de Estado, que permita avanzar hacia el nuevo trato de la sociedad chilena y su reencuentro con los pueblos originarios.

La Comisión, el Informe, sus circunstancias de origen y sus circunstancias de publicación, son en sí mismos un objeto de estudio, pero en lo que concierne a este artículo, será de interés mostrar cómo este órgano reconoce la auténtica constitución colonial del Estado de Chile:

Chile configura su territorio durante esta época y lo hace con una clara vocación expansionista. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el país incorporó Magallanes, La Araucanía, la Isla de Pascua y las Provincias del Norte. Se produce la ocupación de regiones hasta ese entonces inexploradas. Es el período de expansión del capitalismo mundial. (La Comisión…, p. 356)

En lo que concierne a este artículo, cuyo objetivo es mostrar el afán colonial de la República de Chile, serán de especial interés los territorios de La Araucanía, Isla de Pascua y Magallanes, en tanto para la segunda mitad del siglo XIX, los pueblos de las provincias del norte estaban bajo el dominio colonial interno de las repúblicas de Bolivia y del Perú.

La colonización de los territorios mapuche

El Informe de La Comisión, en su apartado sobre el ingreso de los mapuche al periodo republicano, parte ratificando lo ya señalado respecto a las relaciones limítrofes: en el periodo “se mantienen las mismas relaciones fronterizas del período colonial, el mismo sistema de administración y también un ejército de fronteras de características similares al colonial” (p. 345), respetándose la frontera establecida en el río Biobío por el norte y el río Toltén por el sur.

Lo anterior, a pesar de que la Constitución de 1822 los reconocía nominalmente (solo nominalmente) como chilenos, aunque por las características censitarias del voto, no los reconocía como ciudadanos:

Se aprecia entonces, cómo el Estado, por un lado, no reconoce a los mapuches como un pueblo independiente sino que busca integrarlo, pero no lo integra como uno más, sino como una especie de ciudadano de segunda clase. De hecho les niega la calidad de ciudadano; y, en último caso, si llegasen a cumplir con los requisitos para acceder a dicha calidad, se les exige que dejen de ser lo que son, que olviden lo que han sido y adopten los patrones de la nueva sociedad que se está formando; en definitiva, existe un claro no-reconocimiento de los mapuches, en primer lugar como actores políticos distintos, independientes y, en segundo lugar, como actores culturales también distintos. (p. 350)

Sin embargo, más allá de las leguleyadas coloniales de la república en formación, no fue hasta la década de 1850, cuando Chile comenzó a tener un real interés por las tierras mapuche, hasta entonces independientes. Y esto, reconoce la Comisión, encuentra su impulso decisivo en la crisis económica de 1857 y la caída del mercado de granos de California: “el vasto territorio mapuche serviría para elevar la producción agrícola y estrechar lazos con el mercado argentino, mercado que serviría como alternativa a los de California y Australia que se encontraban en franca decadencia” (p. 353), evidenciando así el carácter eminentemente burgués de la empresa colonial.

Durante la década de 1850, las acciones de Chile se orientaron primero, a dar viabilidad ideológica a lo que se sabía, sería una guerra de invasión, para lo que se recurrió –al igual que en Argentina– a instalar la dicotomía entre barbarie y civilización, presentando como un deber moral para Chile el conquistar los dominios mapuche. Al mismo tiempo que se llevó a cabo un proceso de “colonización espontánea”, en el que un importante número de chilenos se asentaron en el país mapuche fragmentando el territorio.

A partir de ese momento el avance de Chile fue sistemático. Como en el caso argentino y uruguayo, Chile se arrogó jurisdicción en el territorio dictando leyes que le dieron sustento legal al actuar de sus tropas, las que fueron resistidas por el mundo mapuche, hasta derivar en una guerra abierta en 1866, cuando “se dictaron las primeras leyes de ocupación, momento en que el concepto ‘territorio de indígenas’ es cambiado por el de ‘territorio de colonización’” (p. 357), extendiéndose hasta 1881. Conflicto que cínicamente se ha conocido en la historiografía nacional como “Pacificación de La Araucanía”.

 La derrota militar mapuche, dio paso al “proceso de radicación, reducción y entrega de Títulos de Merced ocurre dentro de los años 1884 y 1929” (p. 360), el que

Tuvo innumerables consecuencias que transformaron de manera cruel y definitiva a la sociedad mapuche: en primer lugar, se viola el territorio autónomo y reconocido a través de acuerdos políticos por los españoles; el Estado chileno liquida los espacios territoriales jurisdiccionales de los mapuches, y reduce sus propiedades a las tierras de labranza alrededor de las casas que con anterioridad habían tenido. Por otro lado, la radicación, consistía en que la Comisión Radicadora nombraba a un determinado cacique y le entregaba tierras; junto a dicho cacique ubicaba a otras familias extensas que tenían sus propios caciques o jefes, transformándolas en dependientes del cacique nominado con el Título de Merced; cuestión que va a provocar un quiebre crítico en la sociedad mapuche. (p. 360)

Al final de este periodo, las tierras mapuche que, considerando solo entre los ríos Itata y Cruces, eran de 5,4 millones de hectáreas, fueron reducidas a solo quinientas mil, inaugurando un lucha de reivindicación territorial que dura hasta el presente³.

La colonización del pueblo Rapa Nui       

Al igual que el pueblo Mapuche, el pueblo Rapa Nui se mantuvo soberano de sus dominios hasta mediados del siglo XIX. Su contacto con occidente fue tardío, teniéndose noticias de la Isla recién en 1722, donde pasó a ser conocida como Isla de Pascua. De ahí en más fue visitada recurrentemente por barcos balleneros, que mantuvieron un contacto restringido con la población, limitándose al intercambio comercial y al resguardo y abastecimiento de sus embarcaciones.

Sin embargo, en la década de 1860 la situación cambió drásticamente, cuando al igual que otras islas del Pacífico Sur, Rapa Nui fue objeto de incursiones esclavistas. Entre 1862 y 1863, el Informe de la Comisión registra al menos veinte naves que recalaron en el territorio, capturando al menos mil quinientas personas, aproximadamente el 35% de su población, cuyo destino fue ser vendidas en los mercados de Lima, Perú.

En 1866, encontrándose Rapa Nui –a diferencia del resto de las islas polinésicas– huérfana de “protección” europea, se estableció la primera misión religiosa, a cargo de la orden de los Sagrados Corazones⁴, con la finalidad de proteger y evangelizar a su población. Esto constituyó un punto de inflexión ya que se inicia el proceso de privatización de la tierra, de acuerdo a las normas del derecho occidental, seguido en 1868 por el comerciante francés Baptiste Dutrou Bornier, quien, tras expulsar a los misioneros inició una empresa de explotación ganadera.

A mediados de la década de 1880, el Estado de Chile comienza a interesarse directamente por la posición geopolítica del territorio, comprando las propiedades a sus dueños occidentales y negociando la soberanía de la Isla con el pueblo Rapa Nui. Así, el 9 de septiembre de 1888 se firmó un acuerdo entre Chile y Rapa Nui. Al respecto el Informe señala:

El acta es bastante concisa y el texto en español no hace alusión a la propiedad de la tierra, sólo hace referencia a la cesión de soberanía al Gobierno de Chile y especifica que los jefes rapanui se reservan el título de jefes del que están investidos […]. No se habla de ceder tierras o su propiedad. De hecho, el texto en español habla de ceder para siempre y sin reserva la soberanía⁵ (p. 277).

Sin embargo –señala el mismo informe– el Estado desconoció el acuerdo al “confundir”

el concepto de soberanía con el de tenencia de la tierra, (e) inscribe entonces la totalidad de los terrenos, con excepción de aquellos que ocupan los isleños, a nombre del fisco chileno, realizando licitaciones y ofreciéndola en calidad de arriendo; en definitiva y a través de estos mecanismos, otorgando títulos de dominio a quienes son sus propios dueños. (pp. 278-279)

Se aprecia de esta manera el proceder ilegal del Estado de Chile sobre Rapa Nui, haciendo transitar la incorporación libre y voluntaria del pueblo a una anexión de carácter colonial. En virtud de ello, la Comisión señala que “la anexión de Isla de Pascua, viene a ser un eslabón más del proceso expansionista chileno, siendo el único caso en que esta propagación se realizó por medio de un acuerdo y no por la vía militar” (p. 280).

A partir de 1895 la Isla se transformó en una enorme estancia ovejera, en manos de particulares, primero franceses, luego ingleses:

Durante estos años, Rapa Nui es gobernada por los agentes colonizadores vinculados a la compañía ovejera que explotaba económicamente la isla y por la Armada de Chile, que representó por largo tiempo los intereses del Estado chileno. El control político lo ejercía el administrador de turno de la estancia ovejera, que a su vez, era el Subdelegado Marítimo, destacándose por los abusos y atropellos que cometieron en contra de los isleños. Esto se traduce en la reclusión forzosa de la población rapanui al sector de Hanga Roa, de no más de 1000 hectáreas, zona que es cercada con pircas y alambradas para impedir que los isleños pudieran desplazarse libremente por los campos. Esta práctica se mantuvo hasta los años sesenta, e incluso no fue modificada por las autoridades navales. (pp. 280-281)

Para definir el trato hacia la población rapanui, la Comisión utiliza categorías tales como “dominio feudal de la Compañía” (p. 286) o “Colonialismo Empresarial” (p. 289), las que reflejan el régimen de excepción al que fue integrada, no siendo reconocidos como ciudadanos sino hasta 1966, cuando se pone fin a su estatus factual de encomienda.

La colonización de las pampas aónikenk

El Informe de la Comisión reconoce el territorio efectivo de los Aónikenk ubicado entre el estrecho de Magallanes por el sur y el río Santa Cruz por el norte, así como entre el océano Atlántico por el este y el pie de monte de la cordillera de los Andes por el oeste. Conocidos también como tehuelches, tal y como los denominaron los mapuche con quienes tuvieron un intercambio no siempre pacífico.

Fue un pueblo estepario, abocado inicialmente a la caza del guanaco y el avestruz, que mostró una importante actitud comercial en la medida que intensificaron sus contactos con marinos europeos, iniciándose en el siglo XVIII e intensificándose hacia la década de 1830.

Como todo territorio al sur del río Biobío, las pampas patagónicas eran para Chile un territorio bárbaro e incivilizado, donde el Estado no tuvo una presencia real sino hasta que

el gobierno chileno instala el Fuerte Bulnes sólo en 1843 –en la punta Santa Ana– llevando a cabo la fundación de Punta Arenas en 1848, ambos a la orilla del Estrecho de Magallanes; hitos que marcaron el inicio del proceso colonizador del territorio Aónikenk. (p. 483)

Se reconoce de esta forma, primero, la actitud colonial del Estado, al tiempo que la Comisión otorga el derecho ancestral sobre el territorio colonizado al pueblo aónikenk (“inició el proceso colonizador del territorio Aónikenk”). Pero ese reconocimiento no vino dado solo por la Comisión en 2008, sino que fueron reconocidos por el mismo Estado chileno como contraparte interesada y negociante. Así lo señala también el Informe:

En 1844 el cacique Santos Centurión –de origen mestizo– y el gobernador, sargento mayor, Pedro Silva suscriben un ‘Tratado de Amistad y Comercio’, en virtud del cual se convino el libre tránsito y comercio entre las partes, a cambio del reconocimiento por los indígenas de la jurisdicción chilena sobre el territorio patagónico. (p. 483)

La relación de Chile con el pueblo aónikenk fue de gran importancia, ya que establecieron un comercio relevante con los recién instalados colonos, proveyéndolos de carnes, pieles y plumas a cambio de productos como yerba mate y tabaco. Pero su relación no fue solo comercial:

En 1845 el mismo cacique y su ‘lenguaraz’ –traductor– son invitados a Santiago. El interés de las autoridades chilenas en ganar la confianza de los indígenas, tenía por objeto establecer a través de ellos la soberanía nacional en las tierras patagónicas disputadas en aquel tiempo con Argentina. (p. 483)

Sin embargo, la cordialidad de Chile para con los aónikenk caducó con el auge económico de Magallanes en la década de 1860, la ganadería ovina a fines de la década de 1870 y el tratado limítrofe con Argentina en 1881:

El auge de la actividad ganadera, –la crianza masiva de ovejas comienza en 1878– la colonización de sus territorios predilectos, los que fueron concesionados a particulares, interrumpiendo con ello sus desplazamientos, y los abusos cometidos por los nuevos propietarios en contra de los indígenas, hicieron que los Aónikenk abandonaran gradualmente el territorio chileno, para asentarse en territorio argentino. (p. 483)

Chile violó abiertamente los contenidos del tratado de 1844 que garantizaba la libre circulación de los aónikenk en el territorio –cuestión fundamental para un pueblo cazador– e inauguró, así, un largo periodo de reclamaciones infructíferas por parte de sus caciques ante las autoridades chilenas, provocando la migración forzada de su población hacia los sectores orientales de su antiguo territorio, ahora en manos argentinas, donde no corrieron mejor suerte, registrándose sus últimos habitantes en Chile en el año 1927.

La colonización de los haruwen Selk’nam  

El pueblo selk´nam, denominado también “ona” por los yaganes, fue un pueblo cazador, que vivió originalmente en los bosques y las pampas de lo que hoy es el territorio binacional de la isla de Tierra del Fuego, siendo estos –para la Comisión– la primera nación habitante de este territorio. Se organizaban en bandas de descendencia patrilineal, circunscrita cada una a una porción territorial (o haruwen) dentro de la isla.

Los contactos con las gentes de Occidente fueron, al parecer, siempre esporádicos hasta 1881, cuando llegaron desde Chile buscadores de oro a Tierra del Fuego, que se instalaron junto a los lavaderos en el estrecho de Magallanes, dando lugar a conflictos violentos con los lugareños. Sin embargo, no fue hasta 1883 que el Informe de la Comisión reconoce una política de Estado abiertamente colonial sobre los dominios selk´nam:

En 1883, por decisión del gobierno chileno se inició en la zona la colonización ganadera. La primera concesión de tierras a extranjeros –la sociedad Werhahn y Cía.– en el año 1885, fue de 123 mil hectáreas, en las que fueron introducidas 600 ovejas traídas de las Islas Malvinas. En 1889, José Nogueira obtiene del gobierno chileno la concesión de 180 mil hectáreas, y Mauricio Braun una de 170 mil hectáreas. En 1890 nuevamente Nogueira obtiene una concesión del gobierno de un millón nueve mil hectáreas. Estas tierras constituyeron la base de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego constituida en 1893. (pp. 492-495)

Política de concesiones territoriales que obviaron un detalle no menor, que pone de relieve el Informe, y es que “los Selk’nam no fueron informados de los arreglos entre los estancieros y el gobierno, y siguieron considerando la isla grande de Tierra del Fuego como su territorio” (p. 495), lo que derivó en un violento intercambio cuando los selk´nam atraídos por el ganado ovino fueron repelidos violentamente por los usurpadores.

A diferencia de, por ejemplo, lo sucedido con el pueblo rapa nui o con el pueblo aónikenk, con los selk´nam el Estado ni siquiera intentó parlamentar. Tal como lo reconoce la Comisión, de manera sencilla y directa Chile incentivó la ocupación del territorio a cargo de privados, quienes ejercieron impunemente la violencia:

Para resguardar su propiedad la Sociedad contrató personal especializado para vigilar a los indígenas imponiendo una verdadera política de guerra, con el objeto de dejar sus campos ‘limpios’ de aquellos para la colonización pastoril. Este personal junto al de otras estancias sería el responsable directo de la muerte de más de 300 indígenas. (p. 496)

Contingente privado que, a partir de 1896 fue reforzado por miembros del ejército de Chile cuyo contingente ejerció más como personal de seguridad que como milicianos:

La presencia de los soldados fue particularmente útil a la Sociedad Explotadora –que así se liberaba de la molestia de tener que perseguir y capturar con su propio personal a los indígenas– y por ello se trató de mantenerlos en Tierra del Fuego durante el máximo de tiempo posible, lo que no satisfacía a Señoret, quien buscó poner término al patrullaje militar en cuanto lo permitieran las circunstancias. (p. 500)

Junto con la persecución y el asesinato directo, los selk´nam fueron trasladados de manera sistemática a la Misión San Rafael en isla Dawson a cargo de la Pía Sociedad de San Francisco de Sales, que tenía por misión cristianizarlos –naturalmente– y hacer que adapten su conducta a los patrones de vida occidentales, modificando su raigambre nómada. El resultado fue desastroso casi todos “murieron como consecuencia de la inactividad, el desarraigo y las enfermedades que allí contrajeron, en especial la neumonía, tuberculosis, sarampión y sífilis” (p. 498).

Respecto a lo anterior, brutalmente gráficas resultan las palabras del antropólogo francés Joseph Emperaire, citado en el mismo Informe de la Comisión, cuando sostiene que “en septiembre de 1911 expiraba el contrato acordado a la misión de Dawson. La Misión había contado con más de 500 indios en el curso de los últimos años. El cementerio, agrandado varias veces, contaba con 800 tumbas” (p. 499).

Para 1920 la población selk’nam había descendido a 279 individuos, radicados casi todos en la parte argentina de Tierra del Fuego. Para 1966 solo quedaban 13 selk´nam vivos, hasta que en 1974 muere en Río Grande, Ángela Loij, quien por años fue considerada como la última selk’nam, que sobrevivió de manera subterránea por décadas, hasta ver la luz nuevamente en sus nuevas generaciones, como expone de manera audaz y acabada Estudio de Caracterización Antropológica del pueblo Selk´nam en la actual Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena, de la Universidad Católica Silva Henríquez y la Universidad de Magallanes (2022).

La colonización de los costas y canales de los yagán

El pueblo yagán, de carácter fundamentalmente canoero, es un pueblo cuyos territorios eran –en lo fundamental– los canales y la costa suroccidental de la isla de Tierra del Fuego. Al igual que los demás pueblos que habitaron la Patagonia occidental, su contacto con el mundo blanco fue más bien esporádico hasta el siglo XIX. Para ese entonces se dividían en cinco facciones que navegaban territorios distintos y excluyentes entre sí, aunque mantenían su unidad política y cultural mediante el rito y la caza de animales mayores, como ballenas.

Es preciso señalar en este acápite que el Informe de la Comisión –que no dudará en atestar las prácticas coloniales contra el pueblo yagán– escoge una estructura narrativa particular, pues comienza relatando el proceso colonizador por sus consecuencias, que no fue otra que la drástica disminución de su población en la misión anglicana de Ushuaia fundada en 1869:

Pronto, la misión se convertiría en un polo de atracción para los indígenas del área llegando a albergar en 1880 aproximadamente trescientos yagán en forma permanente y siendo visitada anualmente por más de mil o mil quinientos.

Los misioneros introdujeron hábitos sedentarios entre los yagán; quienes debieron comenzar a alojar en viviendas cerradas, usar vestimentas europeas, etc. En 1885, se declaró una epidemia de rubeóla que al ser desconocida en esa zona, adquiere carácter fulminante y más de la mitad de los novecientos cuarenta y nueve registrados por la misión desaparecieron. (pp. 507-508)

Los misioneros anglicanos dejaron Ushuaia tras la catástrofe, pero se mantuvieron en la zona hasta que:

hacia 1905 había un total de alrededor de cien personas, ya que habían muerto treinta y dos, y nacido sólo tres o cuatro niños. Para 1916, la South American Society había cesado su acción en el sector, cuando ya no quedaba ni un centenar de yagán con vida, incluidos los mestizos. (p. 508)

Hasta acá, el principal agente colonizador para el Informe de la Comisión fue la misión anglicana, sin embargo, no puede dejar de reconocer, aunque escuetamente que:

No obstante, la misión habría de convertirse en el único refugio del pueblo Yagán, frente al constante arribo de extranjeros, cazadores de lobos marinos, buscadores de oro, agricultores que se asentaron en su antiguo territorio, y que alteraron drásticamente su estilo de vida, su hábitat y sus costumbres; considerando que hacia 1890 ya existía una colonia de más de trescientos croatas en dichos parajes. (p. 509)

Buscadores de oro y agricultores que fueron parte de una política de colonización impulsada por el Estado chileno que, una vez constituidos los dominios yaganes en territorios de colonización de facto:

A partir de 1891, la gobernación de Magallanes otorgó sucesivas concesiones provisorias de los terrenos de isla Navarino en favor de colonos particulares, como la propia isla Navarino a favor de Pedro García y Roberto Fernández, en marzo del mismo año, la de isla Lennox a Carlos Williams. En 1896 se conceden 40 hectáreas de la isla Picton a Thomas Bridges, para que allí construyese un aserradero, la que años más tarde se extendió a toda la isla para la crianza de ganado. Para comienzos del siglo XX, las tierras ancestrales de los yagán tanto del sur como del norte del Beagle fueron ocupadas por extranjeros. (p. 510)

La colonización de los costas y canales de los kawésqar

El pueblo kawésqar, como se denominaba a sí mismo, también conocido como pueblo alakalufe –vocablo de origen desconocido–, al igual que el pueblo yagán fue, hasta entrado el siglo XIX, un pueblo nómade de carácter navegante, que habitó la extensa red de canales australes entre el golfo de Penas y el estrecho de Magallanes.

Su organización social se basaba en agrupaciones familiares por consanguineidad real, que habitaban las playas de los canales australes, aunque el grueso del tiempo vivían sobre sus canoas, que funcionaban como verdaderas casas flotantes; conservando su unidad cultural y política en espacios mancomunados de reunión interfamiliares, fundamentalmente de carácter ritual.

Desde el siglo XVI mantuvieron contacto con navegantes occidentales e incluso en 1779 un número de ellos se integraron a la misión de Chiloé, sin embargo, no fue hasta el siglo XIX que la ofensiva estatal de Chile los privó del dominio sobre sus territorios consuetudinarios. Así lo señala el Informe:

La declaración del gobierno de Chile, a fines del siglo XIX, de las tierras de la Patagonia como territorio de colonización ganadera, también afectó al pueblo Kawésqar ya que incluía las tierras aledañas a los canales que recorrían, sobre todo el sector de Última Esperanza. La presencia de los colonos desembocó en numerosos conflictos con aquellos, muchas veces motivado por el robo de ganado imputado a los kawésqar. (p. 521)

En un comienzo, los enfrentamientos fueron mayoritariamente entre kawésqar y particulares, hasta que, a raíz de la caza de ganado fiscal en 1873, el gobernador de Magallanes envió la primera expedición militar contra la nación indígena, seguida de una segunda en 1874 y en 1897

el gobernador dispuso el viaje de un buque de la Armada hasta Última Esperanza, con el fin de ubicar y capturar a los kawésqar para su posterior reclusión en la Misión de San Rafael, isla Dawson, lo que efectivamente se llevó a cabo. (p. 522)

Junto con el accionar del Estado de Chile, a partir de la década de 1880, los kawésqar intensificaron su contacto comercial con la marina mercante, lo que –para la Comisión– marca el inicio de un profundo proceso de cambio cultural, que hacia 1930 redundó en un abandono casi total de su forma de vida tradicional; contacto que, además, produjo violentos enfrentamientos que quedaron en absoluta impunidad, ya que según consigna el Informe:

Cuchillos y hachas, así como chalupas y armas de fuego atraían a los indígenas, produciéndose frecuentes robos, que derivaron en matanzas de hasta familias completas de kawésqar; así como también los raptos de mujeres jóvenes y adultas efectuados por los loberos eran frecuentes. (p. 523)

Y más adelante señala:

Hacia mediados del siglo XX, el estilo de vida nómade de los kawésqar y el número de su población, había sufrido una transformación radical. Los nacidos en los canales en las dos últimas décadas del siglo XIX, llegaban a alrededor de 800 personas, de los cuales sobrevivían para mediados del siguiente siglo, sólo 61. Las causas se encontraban no sólo en enfermedades como la tuberculosis y el alcoholismo, sino también en las enfermedades venéreas, que llegaron a ser causal de muerte de un 56,4% de la población existente hacia 1950. (p. 524)

Conclusiones

En este artículo se comenzó estableciendo dos acepciones de la categoría nación. Una de tipo cívico-normativa, ligada a la población de un Estado y otra de tipo cultural. A partir de ahí, se mostró cómo los procesos de emancipación latinoamericanos a inicios del siglo XIX –que fueron de carácter plurinacional y pluriclasista– desembocaron, producto de la hegemonía de las burguesías locales, en la construcción de unidades administrativas desprovistas de una auténtica unidad cultural.

Se mostró, de igual manera, la necesidad de los estados de forjar una unidad nacional mínima que dé legitimidad a las relaciones de explotación que son propias de su composición étnica, racial y de clase, recurriendo al concepto de nación como artilugio para homogeneizar a la población y naturalizar las relaciones de colonialismo interno y de colonialismo.

En relación a lo anterior, se presentó un esfuerzo por deslindar las categorías de colonialismo interno y colonialismo, que se llamó también colonialismo republicano. El colonialismo interno, como se vio, hace referencia específicamente a la continuidad del dominio colonial sobre los pueblos indígenas tras las guerras de independencia, lo que se distingue del racismo, porque reconoce la prexistencia de naciones al dominio colonial y, a partir de ahí, mueve el eje del problema hacia el control de los territorios.

Por su parte el colonialismo, que podríamos llamar “republicano” para el período post-independencia, implica una estructura geopolítica donde el control de la población a nivel político y productivo, está dado por una identidad otra, de carácter extraterritorial y se distingue del colonialismo interno, porque no es herencia de las estructuras de dominación monárquicas, sino una práctica inaugural de la conformación de los nuevos estados nacionales en el continente.

Finalmente, se aterrizó en el Cono Sur de América y más propiamente en Chile, mostrando concretamente cómo estos estados no solo perpetuaron, sino que dieron inicio a políticas colonialistas que les son consustanciales.

La primera de estas grandes ofensivas se produjo en Uruguay, consolidando su dominio sobre el pueblo Charrúa hacia 1830, en tanto Chile y Argentina comenzaron su avanzada militar colonizadora sobre las tierras mapuche de manera casi paralela, hacia el último cuarto del siglo XIX. Argentina se extiende hacia toda la Patagonia oriental, en tanto Chile toma control de las tierras y canales occidentales, ambos movidos por su integración a las dinámicas del capitalismo mundial.

Es posible evidenciar algunos rasgos comunes de todos estos procesos, como la adjudicación unilateral de soberanía política sobre territorios a conquistar y la deshumanización de sus poblaciones, mediante la retórica de civilización contra barbarie, utilizada para dar legitimidad interna a las guerras coloniales y el exterminio de pueblos completos, hasta llevarlos casi al punto de su extinción, como sucedió con el pueblo Selk´nam.

Junto con lo anterior, en Chile se observa una articulación sistemática entre la violencia ejercida de forma directa por el aparato represivo del Estado y la violencia de particulares, como aquella ejercida por las sociedades explotadoras en Rapa Nui o en la Patagonia y la isla de Tierra del Fuego. La violencia se configura en un todo orgánico, que se presenta como una estrategia de expansión territorial y dominio sobre otros pueblos, más que como una mera violencia circunstancial, dado que tanto la primera (estatal) como la segunda (privada) corresponden a la misma fase de expansión del capital mediante mecanismos de acumulación originaria.

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Sobre el autor

Jamadier Esteban Uribe Muñoz, es psicólogo (PUCV), Doctor en Psicología (PUCV) y Doctor en Historia (UNLP). Actualmente se desempeña como docente en la Universidad de Los Lagos (ULA), en al Archipiélago de Chiloé. Sus investigaciones se centran en la producción histórica de la subjetividad, con énfasis en los procesos de construcción nacional en América Latina, por un lado, y en la actual configuración de las identidades en el capitalismo tardío. Junto con su labor académica, suele desempeñarse como analista político en distintos medios de circulación internacional, siendo la vinculación con el medio un aspecto ampliamente desarrollado en su trayectoria. Correo electrónico: jaes.urmu@gmail.com

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Notas:

1. “Los sectores desarrollados dentro del mundo subdesarrollado […] son un curioso orden de poder imperialista, teniendo colonias internas, por así decirlo”. Traducción propia. ↩︎
2. “Lo que distingue primeramente al colonialismo de asentamiento del colonialismo propiamente tal es que los asentados no vinieron a explotar a la población indígena para ganancias económicas, sino a eliminarlas del espacio colonial”. Traducción propia. ↩︎
3. Sobre las condiciones actuales del conflicto en La Araucanía, puede consultarse Violencias en La Araucanía (Uribe, 2022). ↩︎
4. Corresponde precisar un error historiográficamente significativo en el Informe de la Comisión, toda vez que en su página 270 señala que la misión estuvo a cargo de la orden del Sagrado Corazón, cuando en realidad estuvo a cargo de la orden de los Sagrados Corazones, original de Francia. ↩︎
5. Resaltado propio ↩︎

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Referencias

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