Mario Pavel Díaz Román

Pacarina del Sur. Revista de Pensamiento Político Latinoamericano
Año 2 | Número 8 | Julio – Septiembre de 2011
ISSN: 2007–2309

Resumen:

Este artículo muestra cómo las policías, utilizadas como órganos de control social del Estado mexicano, han cambiado a lo largo del tiempo. El análisis está centrado en las corporaciones coactivas del siglo XX, sus formas de relacionarse con el poder político, con la sociedad y con ellas mismas, lo que permite comprender su comportamiento histórico y revela su gran particularidad: el divorcio entre la norma y su comportamiento real; a la vez que hace evidente que las corporaciones mexicanas rebasan, por mucho, los marcos abstractos construidos en Europa y  en los Estados Unidos. Propone además un análisis de la considerada como la joya de oro de las reformas en materia de seguridad implementadas en la década de los 90´s: la Policía Federal Preventiva.

Palabras clave: corrupción, Policía Federal Preventiva, México, inseguridad.

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El delincuente rompe la monotonía y el aplomo cotidiano de la vida burguesa. La preserva así del estancamiento y provoca esa tensión y ese desasosiego sin los que hasta el acicate de la competencia se embotaría. Impulsa con ello las fuerzas productivas. El crimen descarga el mercado de trabajo de una parte de la superpoblación sobrante, reduciendo así la competencia entre los trabajadores y poniendo coto hasta cierto punto a la baja del salario, y, al mismo tiempo, la lucha contra la delincuencia absorbe a otra parte de la misma población.
K. Marx. 1862.

La condena y la denuncia anticipada son dos lugares comunes básicos para hablar de la policía. Cuando se toca el tema se piensa al instante en los encabezados de diarios amarillistas, índices de corrupción, recomendaciones de derechos humanos como producto de la brutalidad policíaca, en represión de manifestantes y un sin fin de cosas más; y no es para menos “si tomamos en cuenta que, a juicio de la población, la policía latinoamericana tiene “fama de no cuidar el orden y seguridad públicos, sino, al contrario, de aumentar la inseguridad.”¹

En México las opiniones existentes sobre el accionar policial están permeadas por el contacto directo de la población con la policía y por la peculiar opinión de los medios de comunicación, donde lo que predomina es:

Lo episódico, lo superfluo y lo fugaz por encima de un abordaje integral que de cuenta de la complejidad de la problemática en cuestión, lo que se ve apuntalado por el profundo desconocimiento técnico, el escaso espíritu crítico y el pronunciado “amarillismo” que prima en la mayoría de los periodistas, cronistas y noteros autodenominados “especialistas” en asuntos de seguridad.²

A nivel académico, los estudios sobre las corporaciones coactivas no son muy bien vistos. Los prejuicios sobre la policía han dominado la postura de los académicos frente a la institución, “como si las ciencias sociales sólo debieran dedicarse a analizar las condiciones de la bondad humana o los determinantes de la felicidad de los niños”;³ sin embargo, poco a poco las ciencias sociales han empezado a estudiar a las policías. Bajo el precepto de la reforma del Estado, en los años 90´s, se comenzó a estudiar a la policía como una institución estatal que necesitaba ser repensada y actualizada. Sin embargo, la mayor parte de los estudios de ese tipo son muy opacos, pues asumen que el policía siempre será un ente racional cuya máxima será la aplicación de la ley. Con el paso del tiempo, la bibliografía se ha ido engrosando y se ha superado la ingenuidad de la reforma y el hiperempirismo monográfico. Lentamente se ha generado un marco teórico para el análisis de la policía; no obstante, la mayor parte de los estudios se enfocan en el análisis de las policías municipales y en la denuncia de militares en las secretarías de seguridad estatal y municipal.

Para hablar de la policía hay que ser cauteloso. No se debe caer en el inmediatismo de la nota roja, ni en la pura denuncia militante, mucho menos en la exaltación de las corporaciones como un “sacerdocio cívico”.⁴ Debemos tener en cuenta las siguientes tres limitantes:

El primero, es el de la falta de una tradición de análisis del papel social de la policía. Su escaso protagonismo histórico en grandes acontecimientos políticos, frente a, por ejemplo, el del Ejército, ha llevado a que los historiadores –más interesados en los episodios de conflicto que en el funcionamiento rutinario de las sociedades– hayan minusvalorado el papel de lo policial como lugar del ejercicio de la coacción organizada y, en último término, el papel de la coerción organizada como ingrediente del funcionamiento ordinario de las sociedades. El segundo obstáculo se corresponde con la propia tradición de secretismo de la policía, más interesada en recoger informaciones sobre otros grupos que en ofrecerla sobre ella misma. Y el tercero, emparentado con el segundo, se deriva del carácter ideológicamente marcado de los estudios sobre la policía, la voluntad de panegírico o condena con las que suele abordarse su actuación.⁵

A mi parecer, la principal limitante es la falta de información sobre las policías. Con el argumento de asunto de seguridad nacional, los archivos actuales sobre la policía son de difícil acceso. Esto se ha ido subsanando gracias a las sugerentes investigaciones de antropólogos y sociólogos que han indagado sobre la cultura policial.⁶ La etnografía de la policía enriquece por mucho la investigación, supera con creces los áridos análisis de la reforma policial y los estudios jurídicos sobre competencias y facultades de las corporaciones. Por el momento, no presento un análisis etnográfico de la policía, que es objeto de mi interés; sin embargo, en próximas entregas espero que así sea.

Cuestiones de orden teórico

Para abordar el estudio de la policía, es necesario conceptualizar al Estado, pues “la policía ejerce una parte del poder del Estado: la coacción directa.”⁷ Ahora bien, ¿cómo definimos al Estado? Partimos de una definición weberiana del Estado, ya que en Ciencia Política, “la concepción weberiana, […] ya se ha vuelto communis opinio del Estado moderno, definido mediante los dos elementos constitutivos de la presencia de un aparato administrativo”,⁸ es decir, a partir de la distribución de servicios públicos y de ser el único en poseer el uso legítimo de de la fuerza.

 Sobre la concepción weberiana han llovido innumerables críticas, sin embargo creemos que ésta aporta los elementos necesarios al análisis social, pues define al Estado como un mecanismo de dominación de clase apoyado en la coerción. Weber define al Estado como:

Una asociación de domino de tipo institucional, que en el interior de un territorio ha tratado con éxito de monopolizar la coacción física legítima como instrumento de dominio, y reúne en dicho objeto los medios materiales de explotación en manos de sus directores pero habiendo expropiado para aquellos a todos los funcionarios de clase autónomos, que anteriormente disponían de aquellos por derecho propio, y colocándose a sí mismo, en lugar de ellos, en la cima suprema⁹

De la definición weberiana se distingue el monopolio legítimo de la violencia ejercida sobre un territorio; por tanto, el Estado “se considera como fuente única del derecho de coacción.”¹⁰ El monopolio legítimo de la violencia es, pues, el rasgo específico del Estado moderno.

En otras palabras, el monopolio legítimo de la violencia no es más que la concentración de la fuerza en manos de unos y en detrimento de otros tantos. Es decir que:

Como la fuerza es el medio más resolutivo de ejercer el domino del hombre sobre el hombre , quien detenta el uso de este medio excluyendo a los demas dentro de ciertos confines es quien dentro de esos confines tiene la sobreanía entendida como summa potestas, como poder supremo. Supremo en el sentido de que no reconoce superior alguno, supremo en sentido de que no tiene ningún poder por encima de sí mismo.¹¹

Con el monopolio de la violencia, apunta Charles Tilly,

se ha logrado que el recurso a las armas sea delictivo, impopular y poco práctico para la mayoría de sus ciudadanos, han proscrito los ejércitos privados y han hecho que nos parezca normal que los agentes armados del Estado se enfrenten a la población civil desarmada.¹²

Ahora bien, el monopolio legítimo de la violencia no anda por sí sólo. Antes bien necesita de otros dos monopolios detentados por un poder central en una unidad territorial específica; estos monopolios son: el fiscal y el jurídico. El monopolio fiscal permite obtener recursos para el sostenimiento del aparato administrativo del Estado y, por supuesto, para la manutención del monopolio de la violencia. El monopolio jurídico impone un ordenamiento legal que hace pasar por justo y verdadero a los monopolios anteriormente mencionados.

El monopolio jurídico establece un derecho universal y un código legal general, vigentes en territorios definidos. El poder emanado de las formas jurídicas “es tan inmenso en relación con los individuos, tan evidente la certidumbre de su existencia y la amenaza que de él emana, que sólo en raras ocasiones tiene necesidad de enzarce en una lucha violenta para probar sus existencia.”¹³ El recurso a la violencia del Estado contra sus ciudadanos es legal si el ciudadano cometió una falta al ordenamiento jurídico vigente y quien ejerce la coacción son “solamente algunas instancias legitimadas por los poderes centrales.”¹⁴ Esas instancias encargadas de hacer valer la ley son las policías. Éstas últimas sólo pueden desarrollarse allí donde “existe un consenso básico acerca de las cuestiones relacionadas con la convivencia social y donde las diferencias de opinión no son dirimidas por medio de la fuerza”,¹⁵ es decir donde la regulación de conflictos espera ser resulta conforme a derecho, por intermediación de los organismos estatales facultados para ello.

Las policías forman parte sustantiva del Estado. Son las que garantizan, en su interior, sus mecanismos de reproducción, su continuidad. A fin de cuentas, “los gobiernos pueden cambiar, los partidos desaparecer, las elecciones realizarse o no, los parlamentos existir o no, la economía estar en crisis o abundancia, etcétera, pero la seguridad de las personas es lo mínimo que garantiza la soberanía un Estado.”¹⁶ Pero en sí, ¿que entendemos por policía?

Según un grupo de académicos expertos en el tema, por policía se debe entener:

El servicio público que tiene por fin lograr la paz y tranquilidad pública, mediante las acciones de ciertos agentes del Estado que tienen como función hacer respetar las leyes, previniendo la realización de delitos o de faltas administrativas que vulneran el orden público. Se trata del orden que permite el que todos los ciudadanos puedan desarrollar sus derechos públicos, garantizados por la Constitución.¹⁷

El concepto de policía se engloba en el concepto de seguridad, que según el mismo grupo de expertos, se define como:

la protección que se genera a través de los mecanismos de control penal y del mantenimiento de la paz pública, mediante acciones de prevención y represión de cierto delitos y faltas administrativas que la vulneran, particularmente a través de los sistemas de procuración e impartición de justicia y de los sistemas de policías preventivas.¹⁸

A pesar de que se realiza una homologación entre la seguridad pública y las policías, no son lo mismo. La seguridad pública comprende a la policía, la procuración e impartición de justicia y el sistema penitenciario. Una vez explorada brevemente la veta teórica de la policía, pasemos, pues, a las particularidades históricas de la policía en México.

La policía en México: una mirada histórica

Un análisis histórico de las policías en México permite superar el fetiche jurídico que concibe su actuar como limitado a las competencias y facultades asignadas por la ley. Ubica las particularidades históricas de los organismos coactivos en el tiempo, y en la medida de lo posible, devela las características que han perdurado a lo largo de su historia. Ahora bien, partimos del hecho básico de que “todo el aparato policial está condicionado por la situación política de cada momento. El poder percibe a la policía como una herramienta de control a su servicio.”¹⁹ En México, las elites políticas han concebido a la policía, sempiternamente, como una institución cuya función básica es reafirmar “el monopolio del Estado en cuanto al ejercicio de la fuerza y, en la medida en que esto no sea posible, que al menos demuestre de manera fehaciente que el Estado no se deja intimidar y que enfrenta efectivamente a los desviacionistas políticos y a los delincuentes que violan las leyes.”²⁰

Las concepciones sobre la policía, sus funciones y facultades, así como sus esquemas organizativos han cambiado a lo largo del tiempo. La situación política específica marca una relación entre las corporaciones coactivas y el poder. Según el historiador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) Martín Gabriel Barrón Cruz, en la historia de la policía nacional se pueden identificar cuatro períodos: el primero inicia en el siglo XVI y finaliza con las reformas borbónicas, el segundo comprende las reformas a partir de 1821, el tercero se extiende de 1821 hasta la revolución, y el último abarca desde la posrevolución hasta nuestros días. Exploremos brevemente cada uno de los períodos identificados por Barrón Cruz y centremos nuestra atención en el último.

En el período que abarca desde el siglo XVI hasta las reformas borbónicas, se concibe la policía como un acto de gobierno, a pesar de que en Europa la policía surge como cuerpo coactivo organizado en el siglo XVII. La conquista y colonización de los territorios que formaron parte del Imperio Español, y en particular de la Nueva España, se dio bajo un precepto sugerente: los nuevos territorios están obligados a tributar a la Corona Española y a someterse políticamente a ella, a cambio de ser evangelizados y regidos por una buena policía. En este lapso temporal, la policía se entiende como un acto de buen gobierno.

Las reformas borbónicas tratan de imponer orden en los territorios del imperio español allende al mar. Con dichas reformas, la Corona trató de eficientar la extracción de recursos de América a partir de dos mecanismos básicos: la eliminación de intermediarios vía la creación de una burocracia profesional y la implementación de un monopolio de la violencia por medio de la formación de un ejército profesional. La función de las fuerzas armadas, o de su homólogo en ese tiempo, se basaba en la pacificación al interior y en la defensa del territorio frente a la amenaza que construían la metrópolis europeas. En este contexto, las funciones de la policía:

Iban encaminadas a ejercitar actividades de gobierno que permitieron salvaguardar la seguridad del pueblo. Por ello había que estimular la convivencia social, asegurar el abasto de víveres, garantizar la pureza del agua y del aire, señalar las características de las obras públicas y de la vivienda particular, regular el tráfico mercantil, vigilar la salud pública y la salubridad de bebidas y alimentos.²¹

Como se puede apreciar, las funciones de la policía durante la Colonia no guardan mucha relación con nuestra concepción actual de la policía. No es hasta el siglo XIX cuando las policías empiezan a ser concebidas como un cuerpo coactivo organizado, encargado de velar por la seguridad dentro de la nación. Las competencias y facultades de las policías empiezan a ser acotadas; ya no es aquella institución encargada de velar por el abasto de víveres, la pureza del agua, y un sinfín de actividades más; sin embargo, durante todo el siglo XIX existió “una enorme confusión en las atribuciones designadas de los distintos cuerpos y fuerzas que se crearon a lo largo del siglo.”²² Existían “contradicciones respecto a las fuerzas policiales y militares.”²³ A esto se le debe añadir el uso político de la fuerza, la persecución indiscriminada de adversarios políticos por parte de policías y militares, y el uso discrecional de la ley en contra de la oposición política.

La confusión generada entre policías y militares llegó a tal punto que no tardaron en llegar las críticas. Barrón Cruz ha rescatado un testimonio de la época donde se consigna el malestar producto de esta situación; cualquier coincidencia con la actualidad es pura coincidencia. El testimonio reza del siguiente modo:

Si a ese soldado lo hacéis custodiar las prisiones, vigilar al delincuente, batirse con él en los caminos, presidir las reuniones públicas y herir en ellas como enemigos a sus conciudadanos porque se atropellan o gritan, ese hombre dejará de ser soldado para convertirse en corchete […] porqué el no sólo altera las relaciones más naturales entre el pueblo y sus defensores sino que continúa desnaturalizando -las que debe haber entre el ejército y el gobierno, entre la autoridad civil y militar.²⁴

Es en el siglo XX posrevolucionario cuando la forma actual de la policía empieza a ser modelada. Con la hegemonía del grupo de Sonora, la centralización del poder político y la formación de un ejército profesional a manos de Joaquín Amaro, la división de competencias y facultades entre la policía y el ejército se vuelve cada vez más visible. La organización de las policías en el siglo XX obedeció a una división basada en dos criterios básicos: el de competencia por función y el de competencia por jurisdicción. El criterio de competencia por función radica en dividir a las policías según “dos funciones principales: el mantenimiento de la seguridad y el orden, y la persecución de delitos penales.”²⁵ El segundo criterio divide a las policías según los órdenes de gobierno.

Según las competencias por función, existen las policías preventivas y las policías de investigación. Las policías preventivas son las encargadas de garantizar el orden público; el municipio y los Estados eran los únicos facultados en tareas de seguridad pública. Las policías de investigación son las policías judiciales, su función es investigar los delitos según el ministerio público; éstas dependen de las procuradurías de las entidades federativas y de la federación. El modelo descrito con anterioridad es el esquema básico de funcionamiento de las policías en México, no obstante, existen policías encargadas de tareas específicas, como la policía fiscal, dependiente de la Secretaría de Hacienda, la policía política, Dirección Federal de Seguridad (DFS), dependiente de la Secretaría de Gobernación, etc. Las policías con tareas específicas dependen de la Federación, y es hasta 1994 que la seguridad pública entra a ser, también, competencia del Gobierno Federal, haciendo de la seguridad pública una competencia concurrente a los tres ordenes de gobierno.

La organización de las policías sólo brinda un aspecto netamente formal de las mismas. Nos dice todo y nos dice nada. Una forma útil de enfocar a la policía en el siglo XX es analizarla desde tres distintas perspectivas:

1.- La relación de la policía con el sistema político.

2.- La relación de la policía con la sociedad.

3.-La relación de la policía consigo misma.

A mi juicio, este esquema analítico permite superar la fotografía instantánea de la organización policial, dota de vida a un simple esquema y devela las particularidades de las corporaciones coactivas mexicanas a lo largo del siglo. En términos analíticos trabajo con esta división; sin embargo, en la práctica estas tres variables se encuentran vinculadas; no se puede explicar una sin la otra. Trabajemos, pues, con cada una de ellas, dejemos que los hechos hablen por sí mismos y contrastemos los resultados con la conceptualización formal de la policía.

Relación de la policía con el sistema político

La relación entre las instituciones encargadas de velar por el orden público y el sistema político priísta es clave para su comprensión. Esta relación determina las otras variables detectadas. No pretendo argumentar que la policía durante 70 años de gobierno de la familia revolucionaria cumplía una función estrictamente política, aunque algo hay de eso, más bien, pretendo mostrar cómo es que la relación entre la policía y el sistema político determinó el comportamiento de la policía en su interior y al exterior.

Según Ernesto López Portillo, la “lealtad, complicidad, impunidad y autonomía son […], los ejes de un complejo mecanismo que ha constituido la base histórica del comportamiento de las instituciones policiales en México.”²⁶ La lealtad de las policías se tributaba a un orden político, del cual se era cómplice en su mantenimiento. La relación entre policía y sistema político se puede explicar como una relación de intercambio: la policía ofrecía el mantenimiento de un orden político por medio de la persecución de la oposición política y el mantenimiento a raya de los criminales a cambio de un uso discrecional de la ley que regula su comportamiento. La “ley nunca ha ejercido su función de control y contención de la actuación policíaca.”²⁷ La distancia entre el comportamiento de las corporaciones coactivas y las leyes que lo regulan hace que la actuación de las mismas tenga un alto grado de impunidad, fenómeno que ha hecho posible que los agentes del orden puedan tener una posición privilegiada en el mundo del hampa, pues “los mismos recursos y conocimientos de que dispone para descubrir delitos y perseguir delincuentes, pueden servirle para encubrirlos o incluso para cometerlos por su cuenta, con mucho más seguridad.”²⁸ En general, durante la hegemonía priísta las corporaciones policiales actuaron “con una posición más partidista y mafiosa que institucional.”²⁹

La corporación en la que se observa con mayor claridad la relación entre la policía y el sistema político es, sin temor alguno a errar, la archimida Dirección Federal de Seguridad. La mencionada Dirección tenía como función la represión directa de la oposición política mediante brutales mecanismos, entre ellos la tortura y la desaparición forzada. Contaba con la capacidad necesaria para la elaboración de trabajo de inteligencia en toda la república y contaba con un brazo reactivo. La obediencia ciega de la DFS a los mandatos gubernamentales le permitió operar con altos grados de impunidad, situación que fue capitalizada por las agentes de la extinta corporación.

En mi opinión, la DFS cumplió dos funciones: la represión directa de la oposición política y la contención de la producción y el tráfico de sustancias psicoactivas ilícitas. La DFS nació en el año de 1945, con su creación “las autoridades federales [fueron capaces de] organizar y desplegar las campañas antinarcóticos en el marco más amplío de las estructuras de control político y social.”³⁰ La DFS “no sólo sería la primer agencia federal encargada de vigilar el cumplimiento de la prohibición, sino también el primer eslabón de una larga cadena de ajustes institucionales emprendidos por las autoridades mexicanas con el afán de controlar y regular la actividad ilícita del narcotráfico.³¹

Otro ejemplo que da vida a nuestra relación entre el sistema político y policía es el de la extinta Policía Judicial Federal (PJF). La PJF persiguió, sin consideración alguna, a la oposición política, aplicó la ley según criterios personales, antes que institucionales, contuvo los índices de criminalidad a partir de mecanismos poco ortodoxos (con Madrinas)³² y metió en cintura a productores y traficantes de drogas.³³ Las corporaciones a nivel local operaron bajo el mismo modelo de intercambio: lealtad a cambio de autonomía e impunidad. Cada corporación local “maneja y controla los territorios y acciones bajo su jurisdicción casi a manera de feudos, como si se tratara de prerrogativas particulares de un patrimonio privado”,³⁴ esto generó una nula cooperación entre policías de los distintos órdenes de gobierno en la persecución del delito.

Relación de la policía con la sociedad

A nivel social, se sabe que las policías:

Pueden y suelen obrar contra la ley, se sabe que pueden cometer casí cualquier delito, pero no se sabe si hay algún límite en lo que pueda hacer. La impunidad de la que gozan con mucha frecuencia, y la convicción de que, llegado el caso, contarán con la protección de sus jefes hace que la policía sea vista, sin distinción de cuerpos, como una amenaza real para cualquier ciudadano.³⁵

La cita anterior nos da una imagen clara de la relación entre la policía y la sociedad. La impunidad es el rasgo específico en esta relación, donde el cobijo de las leyes, el encubrimiento de la corporación, las lealtades personales y un marcado espíritu de cuerpo posibilitan que la relación antes descrita sea una función parasitaria por parte de los agentes del orden que se aprovechan de los dictados legales y sus atribuciones para fines estrictamente personales. Esto ha generado

un conflicto con la naturaleza de la función misma de la policía; peor aún, aunque el Estado otorga a la policía recursos exclusivos para el ejercicio de su función, que son aprovechados para fines personales o corporativos ajenos al interés público, y cuyo mal uso socava la credibilidad y legitimidad del Estado.³⁶

El hecho de que la relación policía/sociedad esté marcada por un carácter parasitario por parte de los policías significa que ambas partes han han beneficiado. Un policía parasita a un ciudadano no sólo cuando, haciendo uso de su autoridad, detiene un auto “sospechoso” y, para dejarlo ir, pide una mochada o pequeña cooperación para su fondo de retiro; un policía también parasita cuando un ciudadano tiene prácticas en contra de la ley y él lo sabe, y, para evadir el actuar de las autoridades, soborna a los agentes del orden. Policía y sociedad negocian el orden, policía y sociedad negocian la interpretación de la ley según conveniencia. La relación parasitaria es ambigua: por un lado, la sociedad se ve perjudicada en sus intereses cuando es extorsionada, pero por otro, el ciudadano se beneficia al evadir la ley a cambio de otorgar una “comisión”. En general, vemos un divorcio radical en las corporaciones coactivas “entre el ordenamiento jurídico y la práctica que no es accidental, sino sistemática y forma parte de su práctica cotidiana”³⁷ y una sociedad que no guía su comportamiento acorde a derecho. Estamos, pues, frente a un problema de moralidad cívica, pues las formas de socialidad no reproducen los valores propios que debe inspirar el ordenamiento jurídico vigente.

La impunidad, su carácter parasitario, su lealtad política, y su muy particular interpretación de la ley han granjeado a las corporaciones coactivas un digno lugar en los bajos fondos del Estado. La imagen pública de la policía se empaña aún más cuando se toca a fondo en la relación entre policía y sociedad, es decir, cuando se cometen las dos siguientes conductas: delincuencia policíaca y brutalidad policíaca.

La delincuencia policíaca no es un hecho aislado, “la implicación de policías en actividades ilegales trasciende la acción individual de algunos agentes e involucra también a los superiores, y, acaso a toda la institución.”³⁸ Forma parte de las conductas cotidianas de las corporaciones coactivas de nuestro país. La falta de profesionalización, los bajos salarios y una corrupción bien anclada en la institución son el caldo de cultivo ideal a la propagación de esta infausta tradición. Incluso uno de los atractivos de la profesión radica en que los policías:

Buscan y encuentran posibilidades adicionales de lucro al margen de la ley o en franca contravención de ésta. Los expertos generalmente coinciden en que los jóvenes de muy bajo nivel de instrucción que se postulan para ingresar en la policía, rara vez lo hacen impulsados por el deseo de prestar servicios útiles a los ciudadanos y a la comunidad. Lo que los atrae, además de una eventual tradición familiar, es, por un lado, la posibilidad de ejercer poder sobre sus semejantes y, por otro, la esperanza de lucrar sin demasiado esfuerzo.³⁹

Las razones de ingreso a la PJF, en palabras del actual Secretario de Seguridad Pública, tenían que ver “más con aspectos delictivos para el beneficio personal y de las organizaciones criminales que buscaban el reclutamiento o la infiltración de delincuentes en la corporación”⁴⁰ que con aspiraciones de crecimiento profesional y servicio a la comunidad, lo que hacía de la PJF una institución altamente corrompida. Para el año 2000, la PJF contaba con 2883 agentes de los cuales “al menos 700 elementos se encontraban en proceso de remoción o destitución.”⁴¹

Beatriz Martínez de Munguía logró documentar las prácticas de la Policía Capitalina y de la PJF, en particular, por medio de un extenso trabajo hemerográfico y una sugerente metodología basada en la lectura de recomendaciones de derechos humanos emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En perspectiva de la autora, la policía se comporta desde un sistema de complicidades que obliga a los miembros de las corporaciones a sujetarse a medidas extra-legales. Lo preocupante del hecho es que desde los mandos de las corporaciones se alientan prácticas como el robo y la extorsión, amparadas en el sistema de complicidades anteriormente aludido. Este sistema de complicidad toma forma en el entre o el baile que consiste en:

El pago de cuotas (algunas son semanales y otras diarias) por parte de los policías rasos a sus jefes inmediatos, esto es, a los jefes de sector. Estas cuotas se pagan por diversos conceptos: el uso de uniformes, pistolas, patrullas y otros instrumentos de trabajo, por ejemplo. El pago de cuotas es obligatorio, y aquellos que no le entran son sancionados u hostilizados de diversas maneras.⁴²

El pago de las cuotas no proviene de los salarios de los policías. Para costearlo, los agentes recurren a prácticas en contra de la ley, como son la extorsión y el robo directo. Parte de lo obtenido se lo queda el agente; la otra se transfiere a sus superiores. Con el entre o baile se devela un sistema de corrupción piramidal al interior de las corporaciones coactivas que reproduce la relación parasitaria entre las policías y la sociedad.

El caso más grave de delincuencia policíaca es la participación de elementos en activo que, ya sea por acción u omisión, han sido funcionales a las estructuras del crimen organizado. Existen casos, infaustos y célebres, que demuestran la participación de agentes del orden en las actividades descritas, entre los cuales destaca el de Tlalixcoyan, Veracruz, donde, en noviembre de 1991, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) acribillaron a policías judiciales federales acusados de proteger una avioneta cargada de cocaína, dejando como saldo a siete agentes muertos. En enero de 2007, el ejército desarmó a más de 3200 policías municipales de la ciudad de Tijuana por presunta complicidad en el tráfico de drogas.

Otra conducta que demerita aún más la imagen pública de la policía en su relación con la sociedad es la brutalidad policiaca. Con frecuencia se pretende explicar los abusos policíacos “como si fueran fenómenos aislados social y políticamente, anomalías localizadas exclusivamente dentro del sistema policial, como si la policía fuera un ente autónomo, al margen de las sociedades”,⁴³ sin embargo, estos forman parte de un todo, son parte constitutiva del día a día de la policía y se pueden explicar por la lealtad, autonomía e impunidad que hemos venido describiendo. La brutalidad policíaca no es sólo el cuerpo de granaderos reventando manifestaciones a macanazo limpio o la montada arremetiendo contra pobladores de asentamientos irregulares; es también el reo golpeado que no aparece en cámaras, el presunto culpable fabricado en contubernio con funcionarios del poder judicial y un sinfín de casos más que no figuran en los medios.

La clave en la comprensión de la brutalidad policíaca radica en “la convicción [por parte de los policías] de que la justicia, las garantías legales, son un impedimento para imponer el orden, que la ley es tímida e insuficiente.”⁴⁴ Así, los policías rigen su actuar por medidas extralegales. Un caso peculiar de brutalidad policiaca es el de las policías judiciales, que recurren a métodos de investigación poco convencionales, sin criterio profesional alguno. Vía tehuzacanazo, los agentes dependientes de las procuradurías integran las investigaciones previas, lo que evidencia una total “oscuridad en los procedimientos [que] favorece, por supuesto, la persistencia de la arbitrariedad, la corrupción y la fabricación de culpables; pero asimismo impide que mejore la imagen de la policía o que ésta resulte, en general, confiable.”⁴⁵

En palabras de Beatriz Martínez de Munguía, la brutalidad policíaca:

Pone en evidencia que la policía es una organización, de hecho, sino ajena, sí precariamente vinculada a otras agencias e instituciones del Estado y con una constante propensión a la acción independiente: una organización que tiene sus rutinas, sus hábitos, sus formas de proceder que no toma casi en cuenta para nada la legalidad vigente.⁴⁶

Hoy en día, la brutalidad policíaca es una práctica presente en la relación policía-sociedad, a pesar de los mecanismos de vigilancia que se han ido constituyendo a lo largo del tiempo. Las comisiones de derechos humanos han ayudado a documentar los casos de brutalidad policíaca; sin embargo, al estar facultadas solamente para la elaboración de recomendaciones, su acción sigue siendo muy tímida. Casos como el de la brutal represión de los pobladores de San Salvador Atenco, a manos de policías estatales bajo el mando de Wilfrido Robledo, evidencian la persistencia de esta temible y reprobable práctica.

Relación de la policía consigo misma

Como mencionamos al inicio, las tres variables detectadas que explican el comportamiento de la policía en el siglo XX solo forman parte de un marco analítico. En la práctica, las tres variables se concatenan. No se puede explicar una sin la otra. La piedra de toque de la propuesta que he presentado es la relación de la policía consigo misma, pues ésta es la que garantiza la reproducción del entramado de complicidades al interior de las corporaciones policíacas que dan vida a la impunidad, la corrupción piramidal que parasita a la sociedad y el sistema de lealtad y obediencia al sistema político que reafirma la autonomía de las policías frente a todo tipo de control.

La relación de la policía consigo misma da forma y reproduce una cultura policial ajena al ordenamiento jurídico que rige su comportamiento. Esta subcultura policial se encuentra marcada por un marcado espíritu de cuerpo que protege las actividades de los miembros de las corporaciones mediante un sistema de complicidades y encubrimiento “que resulta necesario por la frecuencia con que los agentes incurren en delitos de toda índole; la lealtad de los compañeros es tan importante como peligrosa su traición.”⁴⁷ La lealtad de los compañeros en el encubrimiento de actividades fuera de la ley “puede darse desde muy diversas maneras: va desde el entorpecimiento efectivo de las investigaciones (intimidaciones, alteración de documentos y evidencias, etcétera) hasta, por ejemplo, la no ejecución de órdenes de aprehensión en contra de policías acusados de algún delito.”⁴⁸

La cultura policial que impera en las corporaciones coactivas es posible gracias al funcionamiento de un sistema de lealtades personales que sustituye a las lealtades de los miembros con las instituciones. Este sistema de lealtades personales garantiza la corrupción piramidal al interior de las policías, genera un código de comportamiento propio y pone en duda el monopolio legítimo de la violencia, pues la coacción se ejerce, en términos discursivos, en nombre del Estado mexicano, sin embargo, ésta se ejerce bajo criterios personales, con poco apego a una cultura de la legalidad y en detrimento directo de un comportamiento institucional.

La cultura policial de la que hemos venido hablando ha generado un código de comportamiento al interior de las corporaciones ajeno a toda norma jurídica. Aunque en la relación policía/sociedad se visualiza a los agentes del orden como impunes en su totalidad, su comportamiento se encuentra inserto en un código donde “existen diferencias y límites sutiles entre las transgresiones aceptables, que cuentan con la aprobación interna del grupo, y otras inaceptables que no se aprueban.”⁴⁹ Parte importante del comportamiento de las corporaciones policíacas se puede explicar por este código de comportamiento inserto en una cultura policial propia. A mi juicio, todo intento de reforma policial está condenado al fracaso si limita sus intenciones a modificaciones de cuerpos legales; una verdadera reforma de las policías debe pasar por una comprensión de esta cultura policial, pues es aquí donde se negocian las normas jurídicas que rigen el comportamiento de las policías.

Como balance de la situación histórica de la policía mexicana a lo largo del siglo XX, podemos concluir que la policía ha guardado una lealtad al sistema político mexicano a cambio de amplios márgenes de autonomía que garantizaron la impunidad de acciones parasitarias y en franca oposición al reglamento jurídico que norma las acciones de las policías, así como de aquel que las policías garantizan su funcionamiento. A nivel interno, las policías reproducen un sistema de lealtades personales en detrimento de la lealtad institucional que deben guardar, así mismo la policía se caracterizó por un marcado espíritu de cuerpo basado en un sistema de complicidades y encubrimiento que hizo posible un funcionamiento ajeno a la norma jurídica, es decir un comportamiento anómico.

El balance que presento fue posible trabajando en las tres variables detectadas, éstas mostraron a la policía más allá del estrecho marco de competencias por jurisdicción y por función. Como se puede apreciar, la caracterización de la policía que presento difiere por completo de aquella que se presentó en la sección dedicada al marco teórico. De manera rápida y arriesgando un poco la interpretación, puedo concluir que la policía no ha logrado generar un orden, a nivel interno y externo, apegado a derecho porque simple y llanamente se le negocia, antes de acatarse. Desde el estructural-funcionalismo y la sociología jurídica, se puede caracterizar a la policía mexicana como anómica.

La Policía Federal Preventiva

En las líneas anteriores he intentado mostrar las variables básicas para la comprensión del funcionamiento de la policía en México a lo largo de su historia, con un énfasis particular en el siglo XX, a la vez que he desarrollado una caracterización propia de la policía mexicana durante la hegemonía priísta. En la década de los 90 el funcionamiento del sistema policial mexicano fue puesto en duda, al igual que el del sistema político mexicano en su conjunto, entró pues, en una fase de marcado agotamiento donde la autonomía e impunidad de la cual gozaba empezó a ser cuestionada a nivel social por medio de comisiones de derechos humanos, por otro lado la relación de las policías con el sistema político mexicano empezó a ser mucho más compleja, el advenimiento del multipartidismo puso en jaque la relación monolítica con un sólo partido.

A nivel gubernamental, se tomaron medidas para modernizar la institución policial. Estas medidas empatan directamente con un fenómeno particular que se venía arrastrando desde hace por lo menos 20 años pero que estalló en todo su esplendor en la década de los 90´s: la inseguridad. En esta sección argumentaré que la PFP es el hijo dorado de las reformas en materia de seguridad desarrolladas durante la década antepasada y que es producto de una mala lectura de los índices de inseguridad, a la vez que muestra un nuevo modelo de policía que trata de superar los vicios de las corporaciones coactivas mexicanas por medio de la militarización de sus filas, así mismo la PFP devela un nuevo tipo de relación del ejército con el sistema político mexicano y con la sociedad en particular. Mi exposición la divido en tres partes, en la primera dejo hablar a los datos duros sobre los niveles de inseguridad, pues el discurso de la inseguridad es el argumento legitimador del gobierno en el endurecimiento de penas y en la creación de nuevos cuerpos de seguridad; en la segunda parte muestro las reformas desarrolladas a lo largo de la década y cómo es que estás le otorgan un nivel privilegiado a la PFP, por último presento una reflexión personal sobre la corporación que es objeto de mi estudio.

Según un texto editado por la Secretaría de Seguridad Pública Federal y el Fondo de Cultura Económica, el problema de la inseguridad empieza a ser visible desde la década de los 80´s, “tan sólo en 10 años, de 1980 a 1990, el número de presuntos delincuentes consignados por delitos contra la salud se incrementó en más de 400 por ciento al pasar de 2072 a 10665.”⁵⁰ A mitad de la década de los 90´s la tendencia se refuerza, tan sólo en el período 1997-2000 los delitos del fuero federal observan un incremento del “10. 8 por ciento, al pasar de 73,913 hechos delictivos en 1997 a 81,781 en 2000, siendo los delitos contra la salud y la portación de armas de fuego los que registraron el mayor crecimiento. Durante 2000, el promedio diario de estos delitos fue de 223.4, 21 más de los que en 1997.”⁵¹ Sin embargo, del total de delitos cometidos a nivel nacional tan sólo el 5% de los mismos corresponde a delitos del fuero federal, el 95% de los delitos forman parte del fuero común o local.

A nivel social se considera que el país es muchísimo más violento, y por ello mucho más inseguro, que hace 20 o 30 años, sin embargo, si consultamos la estadística, podemos constatar una clara tendencia a la baja en los niveles de violencia, en específico en la tasa de homicidio por cada 100,000 habitantes. Según un estudio realizado por Fernando Escalante, coeditado por el Colegio de México y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la tasa de homicidio en México en el período 1990-2007 ha venido a la baja teniendo su punto más alto en el año 1992 con cerca de 20 homicidios por cada 100,000 habitantes y su punto más bajo en el año 2007 con un promedio de homicidios por cada 100,000 habitantes.

Lo que ha cambiado en México con respecto al homicidio es su sociodemografía. En el período 1977-1990 los homicidios se concentran en el centro-sur del país, en específico en zonas rurales; en el periodo 1990-2007 los homicidios se concentran en ciudades de la zona fronteriza con los Estados Unidos. Al parecer, la concentración de homicidios en las grandes ciudades es lo que ha generado una percepción social de México como un país ultra violento, pues:

Un homicidio en la vía pública de Tijuana o Monterrey, un cuerpo decapitado en Acapulco o en el Distrito Federal, son mucho más visibles para los medios de comunicación que un homicidio en algunas veredas de Chiapas o en un municipio de la Costa Chica de Guerrero; la violencia rural, por otra parte, salvo que rebase algunos límites, no es percibida como amenazadora por las clases medias urbanas, que forman la base del público al que se dirigen los medios.⁵²

En la construcción mediática de México como un país violento, no han faltado las comparaciones de México con Colombia, sobre todo porque a la nación andina se le toma como un superlativo de la violencia. Analistas en violencia, en temas de seguridad y narcotráfico construidos al vapor aseguran que México entra en un callejón sin salida y que su situación se acerca cada vez más a la de Colombia de los años de oro de Pablo Escobar, Fidel Castaño, en caso de que lo conozcan, y de los hermanos Orejuela, sin embargo si miramos con detalle la estadística nos encontramos con que “el problema del homicidio en México es mucho más parecido al de Estados Unidos que al de Colombia.”⁵³ Tomemos como ejemplo el año de 1992 y 2007 para los tres países; en el año de 1992 en México se registraron cerca de 20 homicidios por cada 100,000 habitantes, en Estados Unidos fueron cerca de 10, mientras que en Colombia fueron cerca de 80 asesinatos; en 2007 la tasa de homicidio en México y Estados Unidos llegan a un punto de encuentro registrando cerca de 10 asesinatos por cada 100,000 habitantes mientras que la tasa de homicidio en Colombia es cercana a los 40.

Otro hecho que ayudó a generar una imagen de México como un país violento fue el asesinato de personalidades. En el año 1993 fue asesinado Francisco Ruiz Massieu, exdirigente nacional del PRI y exgobernador del Estado de Guerrero; en el mismo año fue asesinado el Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara por miembros de la organización traficante de drogas de los Arellano Félix; y, por último, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI, en Lomas Taurinas, Tijuana. A esto se le debe agregar el alzamiento indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ocurrido en la madrugada del primero de enero de 1994.Todos estos hechos ayudaron a reforzar la percepción de violencia e inseguridad en el México de la década de los 90´s.

El panorama de la inseguridad se hizo cada vez más visible, según Pablo Moloeznik:

Durante la gestión encabezada por Zedillo hizo eclosión en México el problema de la inseguridad pública y encontró su punto de inflexión en el año de 1997, cuando los hechos delictivos llegan a conocimiento de las autoridades rebasaron con creces la capacidad preventiva y reactiva de las mismas.⁵⁴

La respuesta a la creciente ola de inseguridad se dio desde dos vertientes: la social y la gubernamental. Desde el plano social, se impulsaron iniciativas que trataron de mitigar la inseguridad, como México Unido Contra la Delincuencia y otra serie de organizaciones similares. A nivel individual, la ciudadanía empezó a tomar medidas cautelares contra la inseguridad. La respuesta gubernamental se divide en dos: la creación de un marco jurídico que endurece las penas y sanciona nuevos delitos, y la creación de nuevas corporaciones. Veamos a detalle la respuesta gubernamental frente a la inseguridad.

Durante la administración del último presidente de la familia revolucionaria se crearon distintos instrumentos con el fin de hacer frente a la inseguridad. El primero de ellos fue la creación, en 1994, del Programa Nacional de Seguridad Pública (PNSP) que funciona en un modelo de seguridad descentralizado, “en el que coexisten autoridad e instituciones federales, estatales y municipales responsables de velar en la materia en un mismo ámbito territorial, la coordinación se erige en un factor estratégico.”⁵⁵ Asimismo, se impone a la Federación la obligación de garantizar la seguridad pública, obligación que con anterioridad compartían sólo las entidades federativas y los municipios.⁵⁶ En 1996 entra en vigor la Ley General de Delincuencia Organizada, que establece un marco jurídico para el combate al crimen organizado.

Con la creación del PNSP se buscó establecer un cuerpo normativo coherente y sistemático que, fundado en una norma suprema, instituyera un esquema claro de organización de facultades y de procedimientos de actuación de los órganos que intervienen en la seguridad pública, así como los procedimientos de colaboración interinstitucional y de formación de sus integrantes, entre otros. Con la creación de la Ley General de la Delincuencia Organizada se crea todo un marco legal específico al combate a los delitos del fuero federal, a la vez que se crean órganos al interior de la PGR facultados, exclusivamente, a la aplicación de la ley.

Por otra parte, la administración de Ernesto Zedillo implementa un esquema de seguridad pública militarizado, donde:

Involucra oficiales de mediano y alto rango como mandos de diversas corporaciones policíacas e instancias del poder judicial, y a tropas oficiales en acciones de persecusión y consignación de narcos (tanto en áreas urbanas como rurales), así como en la planeación estratégica, en la coordinación, etcétera.⁵⁷

La justificación de la participación de los militares en tareas de seguridad pública radica en la superioridad de los militares sobre los civiles. Según José Luis Piñeyro:

La óptica castrense reivindica a las distintas corporaciones policiacas (federal, estatal y municipal) contar con superioridad moral (sólidos valores patrios y castrenses: disciplina, abnegación, eficiencia, honestidad), organizativa (mando centralizado, plan de acción sistemático), técnica (mejor armamento, transporte, red de información e inteligencia) y sobre todo apoliticismo en el desempeño de misiones asignadas.⁵⁸

A pesar de todas las bondades, o aparentes bondades, de los militares en tareas de seguridad pública, existe un gran problema: los soldados no tienen capacitación en técnicas de orden público y sólo reconocen los códigos militares. Me parece que el gran problema radica en el hecho de que:

Un soldado defiende la seguridad exterior e interior del Estado de los enemigos del mismo; en consecuencia, su objetivo es destruir al enemigo, para eso es formado. Un policía no tiene enemigos, su función es actuar en el marco del Estado de Derecho previniendo el delito y las faltas a las normas gubernativas, o reprimiéndolas, en el estricto marco a la ley.⁵⁹

Ahora bien, la implementación de un esquema de seguridad pública militarizado en tareas de seguridad pública encontró una forma muy eficaz de operar bajo una careta semivilil: la PFP. La creación de la Policía Federal Preventiva (1998) “se trata de la iniciativa más importante de la Administración de Ernesto Zedillo.”⁶⁰ Asimismo, la PFP cristalizó la reforma de 1994, hizo visible la seguridad pública con una competencia concurrente entre los tres órdenes de gobierno. En las amplias facultades concedidas a la PFP, es donde se hace visible su trascendencia, enunciemos, pues algunas de ellas:

Debe prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas que determinen las leyes federales, intervenir en materia de seguridad pública, en coadyuvancia con las autoridades competentes, en la observancia y cumplimiento de las leyes; garantizar, mantener y restablecer el orden y paz públicos, mediante la vigilancia e inspección, en zonas fronterizas, tierra firme de los litorales, la parte del país en los pasos y puentes limítrofes, aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, centros de supervisión y control migratorio, carreteras federales, vías férreas, aeropuertos, puertos marítimos autorizados para el tráfico internacional y los medios de transporte que operen en las vías generales de comunicación, así como sus servicios auxiliares.⁶¹

Otro rasgo que hace importante a la PFP es la concentración de policías federales en un sólo órgano, pues aglutinó a policías preventivos de la federación, en específico a la Policía de Migración, a la Fiscalía Federal y a la Policía Federal de Caminos. Asimismo, la PFP incluye al interior de sus filas a militares en tareas de seguridad pública; para su creación se transfirieron 4899 militares de la SEDENA y 700 agentes del CISEN. Al transferir la unidad de contrainteligencia del CISEN a la PFP, la nueva corporación puso en duda el esquema de funcionamiento policial basado en la competencia por funciones, pues en un solo organismo se fusionaron las competencias por función y por jurisdicción. Una parte importante de la PFP radica en su capacidad de inteligencia, pues “la nueva corporación policial (2001) tiene como función básica desarrollar inteligencia criminal estudiando los orígenes y las estructuras básicas del crimen organizado para evitar el trabajo superficial y reactivo frente a los fenómenos delictivos.”⁶²

En términos generales:

La PFP es una innovación legal y organizacional importante diseñada para cumplir con, por lo menos, tres diferentes tipos de necesidades: 1.- Una fuerza que está mejor organizada, entrenada y equipada que una fuerza policial tradicional; 2.-Una policía que puede combinar tanto las funciones preventivas como investigativas; 3.- Una fuerza que puede trabajar con mayor flexibilidad con las fuerzas policiales estatales y locales.⁶³

El proyecto de la PFP no se disolvió con el cambio de administración de Zedillo a Fox;⁶⁴ antes bien, se ajustó a un nuevo paisaje. En los últimos días de la administración Zedillo se creó la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la cual, en palabras de Pablo Moloeznik, “es como la Santa Trinidad: tres sentencias en una, unificando bajo el cargo de una sola persona la Secretaría de Seguridad Pública, el Comisionado de la Policía Federal Preventiva y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública.”⁶⁵ El 21 de octubre de 2008, el presidente Felipe Calderón declaró la eliminación de la PFP y la creación de una nueva corporación, la Policía Federal (PF), argumentando que no ha dado los frutos esperados y que «no ha sido la institución sólida capaz de servir de modelo para todas las policías del país.”⁶⁶ En las administraciones referidas, la PFP ha sido un elemento central en el combate al tráfico de drogas.

Me parece que una vertiente sugerente al análisis de la PFP sería ver la continuidad o la ruptura de las pautas históricas de las policías mexicanas a lo largo del siglo XX, toda vez que es una corporación de nuevo tipo y parte importante de sus filas se encuentra nutrida por efectivos militares. Sin embargo, el interés de mi investigación radica en cómo es que la PFP participa en tareas de política antidrogas, y cómo es que ha incidido en el combate al campo del tráfico de drogas, toda vez que ésta fue el principal instrumento de combate a las organizaciones traficantes de drogas del gobierno federal durante el período 2000-2006.

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Notas:

1. Waldmann, Peter, El Estado anómico. Derecho, seguridad pública y vida cotidiana en América Latina, Iberoamericana-Vervuert, Madrid, 2006, p. 41. ↩︎
2. Sain, Marcelo, El leviatán azul. Policía y política en la Argentina, Siglo XXI, Buenos Aires, 2008, p.54. ↩︎
3. Ibid., p.15. ↩︎
4. El 2 de junio de 2011 el Sr. Presidente Felipe Calderón declaró el día del policía. Según Calderón, los jóvenes deben ingresar a la Policía Federal, en específico los universitarios, con la intención de realizar un sacerdocio cívico. Para más información ver: Castillo Gustavo, Insta Calderón a hacer del trabajo policíaco un sacerdocio cívico, La Jornada, México, 3 de junio de 2011. ↩︎
5. Palacios, Diego, “Policías, opacidad y Ciencias Sociales”, Política y Sociedad, Universidad Complutense de Madrid, 2005, Vol. 42, N.3, p.9. ↩︎
6. Para más información, ver: Azaola, Elena, Imagen y autoimagen de la Policía de la Ciudad de México, Ediciones Coyoacán-CIESAS, México, 2006. Suárez de Garay, Maria Eugenia, “Armados, enrejados, desconfiados… Tres lecturas breves sobre cultura policial mexicana” Política y Sociedad, Universidad Complutense de Madrid, 2005, Vol. 42, N.3, pp-87-102. ↩︎
7. Seguridad Pública en México. Problemas, perspectivas y propuestas, UNAM, México , 1994, p. 52. ↩︎
8. Bobbio, Norberto, Estado, gobierno y sociedad. Por una teoría general de la política, FCE., México, 2001, p. 91. ↩︎
9. Weber, Max, Economía y sociedad, FCE, México, 2008, p.1063. ↩︎
10. Ibid. 1056. ↩︎
11. Op. Cit., Bobbio, p 108. ↩︎
12. Tilly Charles, Coerción, capital y los Estados europeos 990-1990, Alianza Editorial, Madrid, 1992, p.112. ↩︎
13. Elías, Norbert, El proceso de la civilización. Investigaciones sociogeneticas y psicogenéticas, FCE, México, 2009. p.370. ↩︎
14. Ibid., p. 294. ↩︎
15. Op. Cit., Waldmann, p. 127. ↩︎
16. Op. Cit., Seguridad Pública en México, p. 39. ↩︎
17. Ibid., p. 54. ↩︎
18. Ibid., p. 49. ↩︎
19. Carrillo Prieto, Ignacio, Policía y Estado democrático de derecho, Porrúa, México, 2004, p. 35. Bastardillas nuestras. ↩︎
20. Op. Cit., Waldmann, p. 145. ↩︎
21. Barrón Cruz, Martín Gabriel, Policía y seguridad en México, INACIPE, México, 2005, p.42. ↩︎
22. Ibid., p. 102. ↩︎
23. Ibid., p. 99. ↩︎
24. Ibid., p.100. ↩︎
25. Op. Cit., Waldmann, p.127. ↩︎
26. López Portillo Vargas, Ernesto, La policía en México: función política y reforma, en: Crimen transnacional y seguridad pública. Desafíos para México y Estados Unidos, Jorge Chabat y John Bailey (comp.) Plaza Janés, México, 2003, p.152. ↩︎
27. Martínez de Murguía, Beatriz, La policía en México ¿orden social o criminalidad?, Planeta, México, 1996, p.55. ↩︎
28. Ibíd., pp.16-17. ↩︎
29. Astrorga, Luis, Seguridad, militares y traficantes. El poder y la sombra, Tusquets, México, 2007,p. 61. ↩︎
30. Op. Cit., Serrano, p. 265. ↩︎
31. Ibid., p. 264. ↩︎
32. Para una interpretación académica de las madrinas ver: Op. Cit., Martínez, pp. 45-50. ↩︎
33. Durante gran parte del siglo pasado, los municipios serrranos del Estado de Sinaloa fueron los máximos exponentes de la producción y transformación de opiáceos; en los años 50´s se hablaba de ciudad de Culiacán como un nuevo “Chicago con gángsters de huarache”. Luis Astorga, a partir de un extenso trabajo hemerográfico, señala que en esta época los “agentes de la Policía Judicial [Federal] se peleaban por venir a Sinaloa”, en: Astorga, Luis, El siglo de las drogas. El narcotráfico del porfiriato al nuevo milenio, Plaza y Janés. México, 2005, p. 102. ↩︎
34. Op. Cit., Martínez, p.73. ↩︎
35. Ibíd., p.27. ↩︎
36. Ibíd., p. 145. ↩︎
37. Ibíd., p. 75. ↩︎
38. Ibíd., p. 27. ↩︎
39. Op. Cit., Waldmann, p. 135. Cursívas mías. ↩︎
40. García Luna, Genaro, ¿Porqué 1662 corporaciones de policía no bastan? Pasado, presente y futuro de la policía en México, 2006, p.51. ↩︎
41. Ibíd., p. 52. ↩︎
42. Op. Cit., Martínez, p. 57. ↩︎
43. Op. Cit., Prieto, p. 25. ↩︎
44. Op. Cit., Martínez, p. 95. ↩︎
45. Ibíd., p. 97. ↩︎
46. Ibíd., p. 54. ↩︎
47. Op. Cit., Martínez, p. 46. ↩︎
48. Ibíd., p.31. ↩︎
49. Op. Cit., Waldmann, p. 149. ↩︎
50. Estado y Seguridad Pública, FCE-SSPF, Colección editorial del gobierno del cambio, México, 2005, p. 19. ↩︎
51. Ibid., p. 39. ↩︎
52. Escalante Gonzalbo, Fernando, El homicidio en México entre 1990 y 2007. Aproximación estadística, COLMEX-SSPF, México, 2009, p. 60. ↩︎
53. Ibíd., p. 32. ↩︎
54. Moloeznik, Pablo, Seguridad pública y reforma policial en Méxcio: ¿Cambio o continuidad?, en: Seguridad y reforma judicial en las Américas. Experiencias y desafíos, John Bailey-Lucía Dammert (coords.), Flacso- Siglo XXI, México, 2005, p. 290. ↩︎
55. Ibid., p. 81. ↩︎
56. Esto hizo de la seguridad pública una obligación concurrente de los tres ordenes de gobierno. Se reforman los artículos 21 y 73 de la Constitución, haciendo de la seguridad una garantía. ↩︎
57. Piñeyro, José Luis, “Fuerzas Armadas y combate a las drogas en México: Ayer y hoy”, Sociológica n.54, UAM- A, México, 2004, p. 161. ↩︎
58. Ibíd., p. 170. ↩︎
59. Op. Cit., Seguridad Pública, p. 58. ↩︎
60. Op. Cit., López Portillo, p. 26. ↩︎
61. Ibid., pp. 26-27. ↩︎
62. Crímen transnacional y seguridad pública. Desafíos para México y Estados Unidos, John Bailey y Jorge Chabat (comp.), Plaza Janés, 2003, Introducción, p. 90 ↩︎
63. Ibíd., p. 45. ↩︎
64. Una de las grandes objeciones a la creación de la nueva corporación fue el uso político de la misma, que en efecto lo tuvo, y Vicente Fox, siendo candidato presidencial declaró que de llegar a la Presidencia disolvería la corporación. Durante la administración de Vicente Fox la PFP fue el principal instrumento del Gobierno Federal en el combate al campo del tráfico de drogas. ↩︎
65. Op. Cit., Moloeznik, pp. 287-288. ↩︎
66. Pide Calderón zar policiaco, 22 de octubre de 2008, El Universal, México, D.F. ↩︎

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Bibliografía:

Azaola, Elena, Imagen y autoimagen de la Policía de la Ciudad de México, Ediciones Coyoacán-CIESAS, México, 2006.

Astorga, Luis, El siglo de las drogas. El narcotráfico del porfiriato al nuevo milenio, Plaza y Janés. México, 2005.

Astrorga, Luis, Seguridad, militares y traficantes. El poder y la sombra, Tusquets, México, 2007.

Barrón Cruz, Martín Gabriel, Policía y seguridad en México, INACIPE, México, 2005.

Bobbio, Norberto, Estado, gobierno y sociedad. Por una teoría general de la política, FCE, México, 2001.

Carrillo Prieto, Ignacio, Policía y Estado democrático de derecho, Porrúa, México, 2004.

Crimen transnacional y seguridad pública. Desafíos para México y Estados Unidos, John Bailey y Jorge Chabat (comp.), Plaza Janés, 2003.

Elías, Norbert, El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, FCE, México, 2009.

Escalante Gonzalbo, Fernando, El homicidio en México entre 1990 y 2007. Aproximación estadística, COLMEX-SSPF, México, 2009.

Estado y Seguridad Pública, FCE-SSPF, Colección editorial del gobierno del cambio, 2005, México.

García Luna, Genaro, ¿Porqué 1662 corporaciones de policía no bastan? Pasado, presente y futuro de la policía en México, 2006.

López Portillo Vargas, Ernesto, La policía en México: función política y reforma, en: Crimen transnacional y seguridad pública. Desafíos para México y Estados Unidos, Jorge Chabat y John Bailey (comp.) Plaza Janés, México, 2003.

Martínez de Murguía, Beatriz, La policía en México ¿orden social o criminalidad?, Planeta, México, 1996.

Moloeznik, Pablo, Seguridad pública y reforma policial en México: ¿Cambio o continuidad?, en: Seguridad y reforma judicial en las Américas. Experiencias y desafíos, John Bailey-Lucía Dammert (coords.), Flacso- Siglo XXI, México, 2005.Piñeyro, José Luis, “Fuerzas Armadas y combate a las drogas en México: Ayer y hoy”, Sociológica n.54, UAM- A, México, 2004.

Palacios, Diego, “Policías, opacidad y Ciencias Sociales”, Política y Sociedad, Universidad Complutense de Madrid, 2005, Vol. 42, N.3

Sain, Marcelo, El leviatán azul. Policía y política en la Argentina, Siglo XXI, Buenos Aires, 2008.

Seguridad Pública en México. Problemas, perspectivas y propuestas, UNAM, México, 1994.

Suárez de Garay, Maria Eugenia, “Armados, enrejados, desconfiados… Tres lecturas breves sobre cultura policial mexicana” Política y Sociedad, Universidad Complutense de Madrid, 2005, Vol. 42, N.3, pp-87-102.

Tilly Charles, Coerción, capital y los Estados europeos 990-1990, Alianza Editorial, Madrid, 1992.

Waldmann, Peter, El Estado anómico. Derecho, seguridad pública y vida cotidiana en América Latina, Iberoamericana-Vervuert, Madrid, 2006.

Weber, Max, Economía y sociedad, FCE, México, 2008.