Juan Leandro Tito Melgar
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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juan.tito@unmsm.edu.pe
Resumen
En los primeros años del gobierno de la Patria Nueva,* los intentos por cristalizar una legislación tutelar indígena se realizaron desde diferentes instancias gubernamentales. Pese a que ninguno de los proyectos se concretó, estas experiencias nos muestran al detalle las intenciones de los diferentes intelectuales sobre el problema indígena. Una propuesta del Ejecutivo, alentada por José Antonio Encinas, conllevará a la creación de una comisión conformada por Enrique Rubín, Humberto Luna y Erasmo Roca. La misma recorrió los departamentos de Puno y Cusco a mediados del año 1920. La difusión de una inevitable “lucha de razas” sobre el altiplano puneño propagada por los medios conservadores y los intereses de líderes políticos buscaron distorsionar la labor de dicha comisión. El propósito de este artículo es analizar la formación de la comisión, el diagnóstico que realizó, los avatares de sus miembros y las percepciones que tuvo dentro de la sociedad puneña.
Palabras clave: Indígenas, legislación indígena, Oncenio, intelectuales
Introducción
Durante el primer año del segundo gobierno leguiísta se generaron muchas expectativas con relación a la modernización del país. Los simpatizantes de la Patria Nueva buscaban reformas en materia administrativa, política, judicial, económica y legal como se había señalado en la Constitución de 1920. El problema indígena no fue la excepción. Entre las varias acciones tomadas por el gobierno1 se encuentra la Comisión Pro-Indígena conformada por Enrique Rubín, Humberto Luna y Erasmo Roca que, al igual que muchas comisiones gubernamentales2, recorrieron las provincias donde la violencia contra el indígena estaba acentuada y buscaron un diagnóstico efectivo para la adopción de medidas inmediatas por parte del Estado.
El presente escrito aborda el trabajo de dicha Comisión y las posiciones que generó en las poblaciones donde interactuó. Se busca contextualizar las diferentes propuestas surgidas sobre una legislación indígena. Este trabajo se sustenta en documentos oficiales y correspondencia de las autoridades políticas y judiciales. También hemos contado con los diarios regionales como El Eco de Puno y El Deber de Arequipa, así como el imprescindible informe de la Comisión publicado quince años después por uno de los miembros, el doctor Erasmo Roca. Además, utilizamos la bibliografía referente al tema.
Cabe destacar que esta Comisión no ha sido invisible para la historiografía que aborda el problema indígena. Muchas de estas referencias han servido como complemento para la elaboración de temas más amplios como la historia de las “sublevaciones campesinas” y otras expresiones políticas, el estudio de los intelectuales indigenistas y en pocos casos como una muestra de la política gubernamental en el Perú (Kapsoli, 1977; Burga, 1984; Cáceres- Olazo, 2000 y Rénique, 2004).
Lo que se plantea en el presente trabajo es examinar las labores de esta Comisión para, con este caso singular, mostrar la posición y gestiones de muchos intelectuales y funcionarios indigenistas a través de los canales institucionales para obtener lo que consideraban el camino correcto hacia la redención del indio, es decir las garantías institucionales sostenidas en una legislación indigenista.
La formación de la Comisión y la problemática indígena
Los conflictos indígenas ocurridos en gran parte de la serranía peruana tuvieron repercusiones dentro del debate político desde la República Aristocrática. No obstante, no concitaron tanto la atención como a principios de la década del veinte. Durante estos años los indígenas desarrollaron una intensa actividad para hacer conocer y denunciar los abusos a los que eran sometidos. Por lo general, numerosos memoriales fueron remitidos a los ministros del interior, de justicia y al mismo presidente de la República; pero la mayoría de ellos eran respondidos con oficios a las autoridades involucradas en las denuncias; esto originaba que los mismos indígenas buscaran llegar a la capital para exponer directamente sus problemas.
En Lima, algunas figuras parlamentarias resultaron mejores aliados a sus demandas. Ellos llevaban sus pedidos al hemiciclo y debatían con los hacendados instalados por varios periodos en el Congreso. En uno de estos encuentros se propuso la idea de una comisión de investigación. En la sesión de la cámara de diputados del 18 de marzo de 1920, el representante por el Callao, Alberto Secada, manifestó haber recibido un memorial de los indígenas de Vilcabamba (La Convención, Cusco) en el cual relataban los abusos de parte de las autoridades. Debido a lo recurrente de los pedidos, el diputado solicitó la conformación de una comisión parlamentaria que visite los principales centros indígenas para dar cuenta de los abusos que sufría el indígena y proponga una ley de defensa general. A este pedido se unieron los diputados Aníbal Maúrtua, Macedo Pastor y José Antonio Encinas. Posteriormente, ante la visita del ministro de Relaciones Exteriores, se pasó a sesión reservada (Diario de Debates, 1919, pp. 756-757). Carecemos de más información sobre el porvenir de esta comisión parlamentaria; sin embargo, estamos seguros de que fue el mismo espíritu el que motivó la creación de la comisión del ejecutivo.
Un conflicto entre indígenas y gamonales de Ácora en el departamento de Puno, en los primeros meses de 1920, fue quizá el hecho que confirmó en el Ejecutivo la necesidad de una comisión investigadora para realizar un diagnóstico que permita constituir un corpus legal adecuado en materia civil y criminal indígena. El impulsor de esta comisión fue el joven diputado por Puno, José Antonio Encinas, educador, político y abogado que resaltaba por su destacada labor parlamentaria.
El 9 de julio el diario El Peruano publicó una resolución suprema de la Dirección de Justicia del Ministerio de Justicia y Culto emitida el 19 de junio del mismo año (El Peruano, 7 de julio de 1920, p. 1)3. En dicha resolución se nombraba al doctor Enrique Rubín como presidente de la comisión –Rubín había sido presidente de la Corte Superior de Ancash– y como integrantes a Humberto Luna, reconocido abogado y uno de los más respetados educadores de su tiempo, y a Erasmo Roca, joven jefe de la sección de trabajo del Ministerio de Fomento. La Comisión autorizada por Leguía, que iba a dar cuenta al Ministerio de Justicia, asumió sus labores el mes de agosto del mismo año y tenía previsto visitar comunidades de Puno, Cusco y Arequipa.
Alexander Franco, periodista indigenista puneño se habría integrado posteriormente a la Comisión en calidad de secretario. En una carta remitida el 3 de julio de 1920 a su mentor Humberto Luna, publicada en El Comercio de Cusco, denunció los abusos cotidianos, los sucesos violentos más reconocidos, entre estos los más recientes, e incluso contemporáneos, los de Chucuito, Ácora y Pomata. Destaca en esta carta la descripción de la intervención del gobierno de la capital:
I cuando los heroicos indios, escapando a la persecución del enemigo llegan hasta las puertas del palacio Pizarro, en Lima, tras de mil dificultades; ¿qué consiguen? Nada. Simples papeles con el consabido informe al ministerio de Gobierno y este pase Director de Gobierno, pase a prefecto y pase hasta el modesto gobernador; que si alguna vez se eleva informe es parcial, por lo menos, es compadre del caciqui quien redacta el informe y el gobernador firma.
Alguna vez desde Lima ordenan, que la autoridad se constituya en el lugar del suceso. Entonces, qué de ajetreos, banquetes, de grandes fiestas preparadas por los gamonales. Recepciones pomposas, arcos del triunfo, paseo, etc. Hubo prefecto que fue condecorado con una medalla de oro por la grandiosa obra de haber mandado matar indios. (El Eco de Puno, 12 de julio de 1920, p. 3)
La Comisión Especial llamó la atención de algunos medios del sur tan pronto se supo de su proclamación. En julio, trescientos indígenas marcharon militarmente rumbo a Chucuito para recibir a la comisión que partía de Lima el 20 del mismo mes (El Eco de Puno, 12 de julio de 1920). No se podría descartar que entre dichos indígenas se encuentren aquellos que recibieron educación protestante o quienes eran licenciados del ejército.
La Comisión en Cusco y Puno
El primero de agosto de 1920, los representantes llegaron a Puno y fueron recibidos por diferentes autoridades del departamento, entre ellos el prefecto César Cárdenas García y el subprefecto del Cercado de Puno Carlos Suárez. Un mes antes, el diputado Encinas visitó Puno. Su visita por fiestas patrias tuvo una gran acogida, no era para menos, sus encendidos discursos en el parlamento eran reproducidos por los diarios limeños y de ahí a los de la región. La llegada de una comisión pro-indígena generó una expectativa dividida. Para unos suponía un trabajo informativo y de observación, para otros, el móvil de la repartición de tierras entre los indios y la capacidad de alterar el orden político en la región alimentado por el miedo a las masas agitadas.
Desde el arribo de la Comisión a Puno, los indígenas afluyeron por millares, al extremo de despertar la desconfianza de los vecinos, quienes creyeron ver en esas masas humanas una amenaza para su tranquilidad. Pero ese temor fue, por supuesto, infundado, porque los indios al saber que el Gobierno había nombrado una Comisión se trasladaron a las capitales de las distintas provincias solo con el propósito de exponer sus reclamos y hablar en su propio idioma con los miembros de la Comisión (Roca, 1935, p. 192).
En realidad, la Comisión buscaba ofrecer un diálogo entre las partes, solucionar algunos problemas inmediatos con la disposición de las autoridades directas y documentarse de los problemas a través de denuncias. Los miembros de la Comisión iniciaron sus labores en el Cercado de Puno, luego se dividieron en dos grupos. El doctor Rubín y el doctor Luna salieron a Azángaro y después a Ayaviri, donde Rubín se retiró hacia el Cusco y Arequipa. Mientras tanto Erasmo Roca y el secretario Alex Franco recorrieron Chucuito. De vuelta en Puno, Luna, Roca y Franco hicieron el recorrido a Huancané para dividirse de nuevo: Luna hacia Acora, Roca y Franco a Lampa. Las denuncias de Sandia y Carabaya fueron atendidas en Lampa y Azángaro (El Eco de Puno, 27 de septiembre de 1920, p. 3).
En septiembre, la Comisión recorrió las provincias de Cercado del Cusco, Canas, Espinar y Canchis. En estas provincias se incidió más en el estudio de la organización de las comunidades. La Comisión terminó de informar sus labores en esta provincia y pidió que se extienda el plazo de trabajo, pues según una entrevista al diario El Sol del Cusco, cumpliría funciones hasta el 19 de octubre en ese departamento y luego pasaría a Arequipa (El Eco de Puno, 28 de septiembre de 1920, p. 3). No obstante, no hemos encontrado información alguna al respecto.
Imagen 1. Fragmento de carta de Humberto Luna sobre la Comisión Pro-Indígena
Fuente: El Eco de Puno, 29 de septiembre de 1920. Imagen tomada por el autor.
Los temas tratados por la Comisión
El informe final de la Comisión muestra un estudio pormenorizado de las relaciones económicas, legales, administrativas y sociales con otros grupos sociales. Esto a partir de la observación, las entrevistas y el registro de las denuncias en los departamentos de Puno y Cusco. La recepción de denuncias de los indígenas fue una de las labores más importantes y extensas; lamentablemente ignoramos en detalle el contenido de estas4. Sin embargo, el informe final recopiló numéricamente el tipo de datos recibidos en las diferentes provincias visitadas. El trabajo del secretario Alexander Franco Hinojosa fue fundamental para los integrantes de la Comisión quien también realizó labores de traductor e incluso hizo recepción de denuncias que comprometían a familiares suyos. De las informaciones dispersas, hemos podido elaborar el siguiente cuadro:
Cuadro 1: Tipos de reclamos realizados por los indígenas del departamento de Puno a la Comisión Pro-Indígena
Fuente: Roca (1935, pp. 193-253).5
En el cuadro podemos ver que destacan las denuncias sobre los reclamos de tierras. La recolección de reclamos de Azángaro, la provincia con mayores índices de criminalidad y latifundios estuvo a manos de Enrique Rubín y resalta por su nivel de acopio. Algunos gamonales en posteriores entrevistas comentaron que muchos de los quejosos habían declarado en base a la idea errónea de que la Comisión iba a repartir las tierras. No obstante, estas afirmaciones no convencen debido a que el problema de la tierra fue una de las principales causas de conflictos sociales.
En base al estudio del informe final, cuya estructura se basa en las experiencias recopiladas en cada una de las provincias visitadas, hemos sintetizado los temas que priorizó la Comisión en sus preguntas a los vecinos notables, las denuncias indígenas y las propuestas de proyectos. De esta forma tenemos un interés por comprender los conflictos sociales, el problema de la propiedad comunal, los abusos de autoridades y gamonales, la educación y los vicios.
Imagen 2: Carátula del libro Por la clase indígena de Erasmo Roca
Fuente: Imagen tomada por al autor.
El sentido de los conflictos sociales
Los conflictos con los indígenas durante estos años se habían incrementado de forma alarmante, los funcionarios que conformaban la Comisión provenían de zonas distintas, pero poseían afinidad en los criterios sobre la naturaleza de estos. Con todo ello, buscaban contrastar sus pareceres con la posición de las partes involucradas. El problema indígena tenía una dinámica heterogénea para los vecinos notables.
En una de las primeras audiencias, Julio Cano, vecino de Puno, mostró dos copias de cartas de Ezequiel Urviola donde se mencionaba la contribución (ramas) que hacen los indígenas con los mensajeros y solicitaban la compra de pólvora y dinamita (Roca, 1935, p. 196). Algunos vecinos de Ácora habían entrado en conflictos con otros, debido a esto se presumió que dichos vecinos manipularon a los indígenas para su propio interés. En Puno no descartaron el abuso hacia los indígenas, no obstante, resaltaron el buen trato que recibían estos en las haciendas; además insistían en la persistente delincuencia indígena.
Por otro lado, en ciertas provincias los notables manifestaron que no existían conflictos enraizados. En Huancané, el juez de primera instancia Francisco Mostajo consideró que no había una lucha interracial, sino que se trataba del producto de la provocación de los agitadores como lo fue Teodomiro Gutiérrez Cueva, el célebre Rumi Maqui. Por otro lado, dicho consejo tenía claro que a muchos indígenas se les había dicho que la Comisión venía a repartir las tierras y esto incluso motivó en los indígenas de Taraco, conatos de rebelión. En el caso de los “agitadores”, Roca sostuvo que dichas denuncias eran competencia de las autoridades políticas (Roca, 1935, pp. 198-199).
Caso totalmente diferente fue el de Ayaviri. En esta localidad se señaló que el indígena no tenía las mismas dificultades que en otras partes del departamento pues en ella no existían grandes haciendas ni gamonalismo. Asimismo, si bien los indígenas se movilizaron esto se debió a que influencias externas esparcieron el rumor de que la Comisión iba a repartir tierras. En esta provincia, como mencionaremos más adelante, estaba acentuada la posición de la mayoría de las vecindades que tenían cierta desconfianza de la presencia de la Comisión por ser motivo de la expectación indígena.
En el parlamento nacional, el diputado por Sandia, Carlos Calle, pidió la presencia de las fuerzas del orden, pues para él, la Comisión “alborotaba” a los indígenas quienes estaban prestos a sublevarse (El Eco de Puno, 13 de agosto de 1920, p. 1). En dicha sesión, llevada a cabo el 9 de agosto, es decir cuando la Comisión recién llegó al departamento, los diputados y hacendados Angelino Lizares Quiñones y Luis Luna se sumaron al pedido. El diputado indigenista Aníbal Maúrtua, en larga defensa de la Comisión, solicitó, sin éxito, la modificación de dicho pedido que, finalmente fue aprobado (El Eco de Puno, 14 de agosto de 1920, pp. 2-3).
Por su lado, el 16 de agosto, José Antonio Encinas realizó una conferencia en el Teatro Municipal de Puno. En ella se refirió a la llegada de los ingenieros para la ejecución de los proyectos para establecer un catastro de las tierras y aclaró a los indígenas que el sentido de la Comisión estaba lejos de repartir las tierras de los hacendados (El Eco de Puno, 21 de agosto de 1920, p. 2).
En algunas provincias, se empezaron a tomar acciones contra los “agitadores”. El 17 de agosto de 1920, el diario El Deber de Arequipa informó que el juez del crimen Félix Ramos había ordenado la prisión preventiva del pastor Fernando Stahl, líder adventista, y Ezequiel Urviola un conocido defensor de los indígenas (El Deber, 17 de agosto de 1920, p. 2). La prisión de estas personalidades no fue casual. Sin embargo, la imagen que los comisionados tenían en relación con las misiones protestantes no era del todo negativa, Roca en el informe final de la Comisión sostuvo:
Bastaría únicamente el haber conseguido extirpar en el indio los dos vicios que parecían inseparables en su organismo, el uso del alcohol y la coca, para aplaudir sinceramente la obra de los Pastores Evangelistas. Juzgada con el criterio imparcial que anima este informe, creemos que el Supremo Gobierno debe proteger decididamente a los Evangelistas de Puno, quienes parecen ser los únicos hasta ahora, que han podido resolver en forma práctica el problema de la educación del indio. (Roca, 1935, p. 206)
Los protestantes, o indistintamente “evangelistas” como eran conocidos, alimentaron la intolerancia religiosa y la xenofobia de muchos grupos conservadores de la provincia adicionalmente al desprecio o subestimación de la redención indígena: “Los indios protestantes de la Platería de acuerdo con los de Calca (Cusco) y los Hachacaches de Bolivia, son los que recorren la serranía sublevando a la indiada” (El Deber, 21 de agosto de 1920, p. 2). Caso similar el de Urviola, un incendiario, anarquista, un “misti” pobre asimilado y organizador de revueltas en la mayoría de las provincias.
Imagen 3. Fragmento de carta de Gonzalo More, ex-subprefecto de Ayaviri, sobre la labor de la Comisión Pro-Indígena en Puno
Fuente: El Eco de Puno, 25 de septiembre de 1920. Imagen tomada por el autor
Régimen de propiedad
Para los comisionados, la problemática de la tierra era una obligación que discutirse con los vecinos, pues incluso de allí se podía entender la recepción de las propuestas legislativas de la Comisión. Por ejemplo, en uno de los cuestionarios se preguntó:
b) ¿Siendo el conflicto territorial, cuál sería el mejor sistema de resguardar la propiedad indígena? ¿Prohibición temporal de la venta de las propiedades indígenas, mientras se formen los títulos de propiedad de las Comunidades? ¿Intervención del Ministerio Público? ¿Venta en pública subasta? ¿Establecimiento del HOMESTEAD?6
En Puno, Juan José Zegarra tomó con agrado la propuesta de la Comisión de crear Tribunales Arbitrales para los conflictos entre hacendados y comunidades, problema que rebasaba los juzgados civiles. Cornejo Roselló de Azángaro consideró que ese tribunal debería estar constituido por personas que no hubieran tenido ningún vínculo con la localidad. En Chucuito, la propiedad estaba individualizada y los espacios comunes eran los de pastoreo.
En Huancané, el doctor Mostajo estaba de acuerdo con el establecimiento del homestead y Cordero opinó que se debía garantizar las ventas y evitar los fraudes. Esta problemática estaba más acentuada en Azángaro donde según el juez Villena, un integrante de una comunidad podía hacer un proceso de compraventa de su parcela y terminar involucrando el territorio de toda la comunidad por las mañas del comprador o con engaños suscribir cartas poder y otros documentos que finalmente resultaban en contratos de compraventa. Para el doctor Barriga, la situación también englobaba a los colonos de las haciendas que con el tiempo se consideraban dueños de las tierras de usufructo e incluso consideraba que muchos indígenas inventaron pleitos sobre terrenos perfectamente vendidos de sus ascendientes. Valeriano Enríquez consideró que era urgente la elaboración de un catastro para garantizar la propiedad territorial. En Ayaviri, también se encontraban a favor del homestead en palabras del señor Tapia. Carrión agregó que la garantía de las ventas de terrenos indígenas sería en pública subasta.
En la provincia de Espinar del Cusco el juez de primera instancia expuso una posición sobre el sentido de la propiedad indígena:
Es necesario hablar a la Comisión con toda la verdad: los blancos explotan descaradamente el elemento indígena, ya arrebatándole sus tierras, ya arrancándole sus animales con la fuerza (…). El indio comunitario vende su derecho o acción y el comprador, que generalmente es un blanco, pide la posesión de toda la Parcialidad, a causa de que no existe la división territorial. Es necesario individualizar la propiedad y que cada indio tenga su parcela conocida. (Roca, 1935, pp. 266-267)
Con base en estas declaraciones se puede entender que existía un grupo de hacendados e intelectuales cusqueños que consideraban los terrenos comunitarios como una dificultad para los indígenas en el momento de realizar procesos de compra-venta de propiedades y una ventaja que beneficiaba a los usurpadores de tierras. En el caso de Canchis donde las tierras agrícolas estaban atomizadas, según los comisionados, no subsistía el mismo problema, salvo por las tierras de pastoreo (Roca, 1935, p. 272).
Los abusos de las autoridades y gamonales
Otro de los reclamos recurrentes fue el abuso de los gamonales y de las autoridades. La confianza mostrada por los indígenas hacia los comisionados los llevó a señalar los abusos, y en algunos casos a encarar a los abusadores. Hubo intervención directa de los comisionados en algunos problemas que se plantearon a partir de la agilización de las denuncias. Así podemos encontrar la siguiente lista de comunicaciones con la prefectura del departamento.
Oficios a la prefectura
Reclamando de la prisión de indígenas Gaspar Torres, Antonio Loaiza y Ciriaco Arela del distrito de Santiago, de la provincia de Azángaro; id, denunciando el hecho de que el alcalde municipal de la provincia de Lampa ha colectado trescientos soles entre los indígenas de la parcialidad de Paratía; id, solicitando la comparecencia del Gobernador de Cercado para responder a los cargos que se le hacen; id, solicitando la comparecencia del Subprefecto de Lampa con el mismo objeto; id, solicitando los datos estadísticos sobre la condición de las haciendas y comunidades indígenas, su constitución, etc.; id, pidiendo a las autoridades políticas subalternas se abstengan de cometer actos arbitrarios contra los indígenas; id, solicitando la promulgación de un bando con inserción de los artículos pertinentes de los códigos civil y penal, de la constitución del Estado y de las leyes y resoluciones supremas protectoras de la raza indígena. (El Eco de Puno, 11 de agosto de 1920, p. 2)
Algo que llamó la atención de los miembros de la Comisión fue que en buena parte de las comunidades persistían los cargos de los indígenas que colaboraban con el gobernador. Nos referimos a los segundos, alcaldes e hilacatas. Eran conocidos de forma genérica como mandones o envarados. Estos delegados colaboraban en la recolección de las contribuciones de las autoridades locales como también en servicios gratuitos y nombrar a aquellos que hacían servicios gratuitos específicos como los “semananis” o “postillones” que trabajaban directamente con los hacendados como criados o auxiliares de otras autoridades (Roca, 1935, p. 233). Esto no estaba alejado de lo que pasaba en las haciendas:
Por otra parte, el indio de hacienda tiene con el patrón, más o menos, las mismas obligaciones que el indio de Comunidad. En casi todas las haciendas existe el cargo de Hilacata y de Quipo (especie de mayorales para hacer cumplir las órdenes del patrón). Los colonos prestan los servicios de mitanis y pongos, cuyas ocupaciones en la casa del patrón son las mismas que las de los indios comunitarios. (Roca, 1935, p. 223)
Algunos hacendados entrevistados reconocieron ciertos pagos por los servicios a los colonos que no dejaban de ser paupérrimos y hasta simbólicos. Con respecto al gamonalismo y al abuso de autoridades, si bien los reclamos registrados por la Comisión se tomaban de forma separada, en la realidad ambos tipos de abusos iban de la mano, la complicidad de los gamonales con las autoridades les otorgaba impunidad, en el peor de los casos los mismos gamonales eran las autoridades. De hecho, en muchas de las audiencias se dejaba entender que tanto los gobernadores como los jueces de paz, autoridades locales, deberían ser remunerados y vigilados puesto que los ingresos que percibían eran a partir de los impuestos y litigios con indígenas respectivamente. Para el señor Carrión de Ayaviri, era necesario fortalecer la honorabilidad de los funcionarios.
Las autoridades religiosas no estaban exceptuadas, e incluso contribuían a la difusión del alcoholismo y a la desmoralización de las poblaciones indígenas. En una carta dirigida al Prefecto de Puno, Humberto Luna y Erasmo Roca afirmaban:
I el recargo excesivo de los derechos eclesiásticos, que obliga a los indígenas a no bautizar a sus criaturas, a vivir en perpetuo concubinaje y enterrar a sus muertos en los campos, podía evitarse recordándoles a los párrocos que tienen un Arancel al que deben sujetar sus cobros y obligando a las autoridades políticas que denuncien cualquier abuso a este respecto. Así como también, haciéndoles presente la resolución suprema de 2 de setiembre de 1914, que prohíbe a las autoridades políticas su ingerencia en la designación de Mayordomos, Alferados y cualesquier otro cargo con fines religiosos. (El Eco de Puno, 17 de septiembre de 1920, p. 3)
La educación indígena y los vicios
Si bien los datos nos muestran que el problema de la educación no fue muy destacado en las denuncias de los indígenas, en el recorrido de la Comisión, la situación educativa resaltó por las marcadas diferencias entre la educación del Estado y la de los evangelistas. Los recibimientos a manos de las misiones evangélicas estaban cargados de marcialidad y patriotismo. En uno de los primeros lugares visitados por la Comisión, Acora, los recibieron con banderitas rojiblancas dando vivas al gobierno y acompañados con los miembros de la emblemática misión evangélica de La Platería. Líderes adventistas como Wilcox o Stahl salieron al encuentro de los comisionados. La educación estatal era realmente diferente:
a 8 kilómetros de Pomata, donde no pasaban de una decena los alumnos, que vinieron a saludarnos al camino, llevando como bandera un guiñapo blanquecino con una tira roja, que, según ellos, representaba el emblema nacional; al verlos solos, les preguntamos por el preceptor quien, dijeron, rara vez iba a dicha escuela y vivía en la ciudad, estando los niños a cargo del alumno de mayor edad; examinados, en algunas nociones, no sabían darse cuenta de nada, con el advertido de que les hablábamos en su propio idioma. Es muy triste ver defraudadas las expectativas del Gobierno en pro de la regeneración del aborigen, y arrojados a la calle los dineros del Estado! (Roca, 1935, p. 211)
El alcoholismo y la coca poseían una imagen negativa en muchos notables como también en los miembros de la Comisión. Para los vecinos de Puno, la extirpación de la venta del alcohol era necesaria para acabar con la delincuencia. El señor Cordero de Huancané consideraba que las fiestas religiosas debían ser suprimidas, pues es en ellas donde se comenten más crímenes. En contraste a esta situación, las misiones evangélicas tuvieron una labor de erradicación del alcoholismo. Sin embargo, la visión de los vecinos en su mayoría distaba mucho de la aprobación.
El problema de la educación interesaba a los indígenas, eran ellos los que la solicitaban ante el terrible estado de la educación pública. El doctor Málaga de Puno opinaba que las escuelas de todo el departamento deberían ser suspendidas y todos los docentes debían ser preparados para enseñar en las comunidades. En cambio, los señores Zea decían que en su hacienda “San José de Citi” los hijos de sus colonos gozaban de educación gratuita. En contraste a estas opiniones, en Azángaro, los vecinos entrevistados en su totalidad daban por hecho que los indígenas eran renuentes a cualquier tipo de instrucción y que no había escuelas en las haciendas. Según el señor Carrión de Ayaviri, las escuelas evangelistas otorgaban una formación moral en derechos y deberes de los ciudadanos civilizados7.
El distanciamiento del Perú oficial con las regiones puede ser evidenciado en una interrogante que formuló un indígena a los miembros de la Comisión enseñando una moneda: “¿Por qué siendo nosotros peruanos usamos la moneda boliviana?” (Roca, 1935, p. 235). La interrogante tuvo que ser trasladada a las autoridades inmediatas.
Cese de actividades y opiniones sobre la labor
La Comisión realizó labores en Cusco hasta mediados de octubre. En el informe, Roca y Luna solicitaron tiempo para volver a Puno donde atenderían los asuntos pendientes. El 13 de noviembre de 1920, junto con su esposa, el doctor Erasmo Roca y el señor Alexander Franco, al lado de Humberto Luna proveniente del Cusco, resolverían los asuntos pendientes en algunas semanas en la calle Moquegua no. 79. Dicho servicio estuvo publicado en los diarios locales durante el resto del mes hasta el 6 de diciembre. El 9 de diciembre, Humberto Luna partió al Cusco y se cerró el ciclo de la Comisión.
Para muchos fue extraño que el presidente de la comisión, Enrique Rubín, no se encontrará en dicha visita, sin embargo, su presencia ya había suscitado muchos comentarios a lo largo del trabajo de la Comisión, como su temprano retiro de los departamentos donde esta realizaba las investigaciones. El 25 de septiembre de 1920, en El Eco de Puno, apareció una extensa carta abierta dirigida al diputado José Antonio Encinas de parte del saliente subprefecto de Ayaviri, Gonzalo More. En la misiva pública el exfuncionario ofreció su versión de los hechos. Para More, la labor de la Comisión se había dedicado casi exclusivamente a recopilar, en seis días, las quejas de los indígenas en cada provincia visitada.
La Comisión no ha visitado un solo ayllu, una sola cabaña de indios, ignora completamente cómo viven, cómo sienten, cómo piensan estos. A tal punto llega la ignorancia a este respecto que en Ayaviri, delante de un grupo de más de treinta personas el señor presidente de la Comisión preguntaba graciosamente refiriéndose a la quinua ¿Cómo se llama ese alpiste que comen los indios? Estos son detalles pequeños, es verdad, pero no por pequeños dejan de ser profundamente reveladores. Ahora bien, después de estos detalles de cuya veracidad no se puede dudar por que los ha visto todo el Departamento ¿Será posible esperar que se haga algo eficaz, algo intangible, algo que sea determinante con relación al indio? La respuesta es escusada. (El Eco de Puno, 25 de septiembre de 1920, p. 3)
Para el exfuncionario, la propuesta de una legislación tutelar resultaba una solución innecesaria que fomentaría en mayor medida el tinterillaje y dejaría de lado las labores de reivindicación del indio. More también criticó las largas estadías que generaban más expectativas de los indígenas que buscaban un repartimiento de las tierras de los hacendados:
Alguna vez conversando con el doctor Rubín le oí decir que el problema indígena era un problema social, meditando después sobre esta opinión llegué al convencimiento que ello entrañaba un profundo error. […] El problema indígena desde luego no es un problema social, ni es un problema económico, sino un problema esencialmente pedagógico. En consecuencia no debieron mandarnos una comisión de abogados sino una comisión de pedagogos. (El Eco de Puno, 25 de septiembre de 1920, p. 3)
El ex subprefecto de Ayaviri estaba señalado por el informe de Roca como una de las autoridades que dificultaron la labor de la Comisión en dicha provincia. Inclusive junto con algunos gamonales había cometido una violenta represión de indígenas días antes del arribo de la Comisión. Con el aval del Prefecto de Puno solicitaron la liberación de aquellos que fueron encarcelados arbitrariamente y el juez de primera instancia Benigno Olázabal mandó archivar el expediente instructivo (Roca, 1935, p. 255). Según la versión de Augusto Ramos, los integrantes de la Comisión afrontaron un proceso en dicho juzgado de primera instancia (Ramos, 1994, p. 25).
En una carta pública al prefecto de Puno, la Comisión afirmó que había juzgado en audiencias públicas a un subprefecto, tres gobernadores y un hacendado con muchas acusaciones, probablemente en referencia al subprefecto Gonzalo More (El Eco de Puno, 17 de septiembre de 1920, p. 3). Lo cierto es que la Comisión fue criticada tras su salida por las expectativas que generó en la población indígena y el recelo de los gamonales y autoridades. En el Cusco, a fines de septiembre de 1920, Humberto Luna tuvo que contestar una de las tantas críticas en un diario local a la labor de la Comisión por sus “visitas relámpago” a las comunidades (El Eco de Puno, 29 de septiembre de 1920, p. 3). En febrero de 1921, la Sociedad de Ganaderos de Puno publicó un memorial donde acusaba a la Comisión de ser artífice de las rebeliones en el departamento (Burga, 1986, p. 475).
Una posición diferente la tuvieron unos “indígenas” identificados como Luciano Visa, Ildefonso Villalta y Manuel Mamani que enviaron un curioso memorial, publicado a fines de 1920 en El Eco de Puno, en respuesta a un artículo del diario La Unión:
Principia el articulista por hacer una especie de parodia de la manera como han actuado los diferentes comisionados que merced a nuestras insistentes gestiones conseguimos que vengan felizmente, los miembros de la última comisión pro-indígena, hablan nuestro idioma i han podido apreciar de cerca la situación dolorosa por la que atravesamos […]. Finalmente termina con una larga disertación sobre el estado de medidas adoptadas hasta hoy, en bien de nuestra raza, i como antiguo alquimista que cree encontrar la piedra filosofal, propone que venga una nueva comisión de magistrados a estudiar el problema indígena, ¿o somos unos palurdos o el articulista desvaría, combate la labor de los diferentes comisionados i propone una nueva comisión? (El Eco de Puno, 30 de septiembre de 1920, p. 2)
A inicios de octubre de 1920 en la localidad de Llallagua del distrito de Santiago de Pupuja de la provincia de Azángaro se suscitó una terrible masacre de doce indios. La Comisión solicitó los informes respectivos a las autoridades del departamento. Posteriormente, vendrían otros sucesos en diferentes localidades de esta provincia como en otras durante ese año y los dos siguientes. El periodo conocido como la Gran Sublevación del Sur había comenzado (Burga & Flores, 1994; Burga 1986; Ramos, 1990; Cáceres-Olazo, 2000 y Rénique, 2004).
Del lado de la Comisión, los resultados que habían dado los meses de trabajo en las provincias del sur se cristalizarían en un proyecto de legislación indígena. Un avance que consideraban importante era que los comisionados lograron que se pusieran en vigencia efectiva los dispositivos legales que involucraban a los indígenas (El Eco de Puno, 28 de diciembre de 1920, p. 3). Ya en los viajes habían tenido una recepción positiva de las propuestas de los tribunales arbitrales. Se sabe que dichas propuestas fueron recopiladas por el Poder Ejecutivo y que habrían pasado al Parlamento, sin embargo, se pierde el rastro de estas y otras propuestas de legislación.
No fue hasta 1930, con la nueva Asamblea Constituyente, que el mismo Erasmo Roca presentó, junto con otros legisladores, un proyecto basado en estas experiencias sin tener resultados inmediatos y archivándose el expediente legislativo. Posteriormente, el proyecto fue publicado en el año de 1935 junto con el informe de la Comisión y algunos anexos.
En busca de una legislación tutelar indígena, otros intentos
A la par de la labor de la Comisión existieron otros proyectos concentrados en la formulación y creación de una legislación específica sobre el problema indígena. Los principales fueron propuestos por dos conocidos indigenistas y parlamentarios: el propio José Antonio Encinas y Manuel Quiroga.
El diputado nacional por Puno tenía dentro de sus investigaciones de grado, ciertos planteamientos en lo referente a la criminalidad indígena. Su tesis doctoral en Derecho Aportes para una legislación tutelar indígena de 1917 y republicada en la Revista Universitaria en 1920 es un antecedente del proyecto presentado a la Cámara de Diputados. Dicho proyecto, del cual no tenemos ahora más información, pasó por las Comisiones Parlamentarias de Legislación y a la Comisión principal. En la sesión de 3 de octubre de 1921, Encinas buscó explicaciones sobre el letargo de los proyectos indigenistas:
Vuelvo, pues a llamar la atención de la Cámara de Diputados acerca de este problema. Yo como Representante por Puno, he presentado lo que creía conveniente hacer: el correspondiente proyecto de ley a fin de poder solucionar en parte este problema. Desgraciadamente, la Comisión de Legislación no ha debatido, ni discutido hasta hoy ese proyecto ni otro cualquiera que pueda salir del seno mismo de esa Comisión en vista de los diferentes informes que al respecto ha enviado el Poder Ejecutivo. (Diario de Debates, 1920, p. 697)
Otro de los proyectos fue presentado en el Congreso Regional del Sur a mediados de julio de 1920 y pertenecía al periodista indigenista Manuel Ascencio Quiroga, diputado regional por Chucuito. Dicho proyecto estaba abocado exclusivamente a las leyes de carácter civil. En su contenido se podía ver propuestas innovadoras con respecto a la propiedad, la educación y a los cargos de indios. Para Tamayo este texto constituye el más completo elaborado en la época (Tamayo, 1982, p. 309). El diario El Eco de Puno publicó varios extractos del proyecto en el mes de noviembre de 1920, a la vez que algunos intelectuales puneños reunidos en el “Círculo Puno” representados por Luis Núñez hacen un llamado a los diputados del departamento de Puno para que agilicen la promulgación de los proyectos en mención (El Eco de Puno, 11 de octubre de 1920, p. 3).
Todos estos proyectos llegaron al Congreso de la República. En la misma sesión en la que Encinas reclamaba ante la Cámara de Diputados, recibió respuesta de uno de los más representativos hacendados de Puno, el diputado azangarino, Luis Felipe Luna. Para Luna, uno de los objetivos de los “aborígenes” era el exterminio de la raza blanca por el odio guardado hacia estos. Por ello, el hacendado buscaba una legislación “que contemple los derechos de los indígenas y de los propietarios” (Diario de Debates, 1920, p. 699). Inclusive, Luna presentó un proyecto para regular los contratos de compraventa. La intervención del presidente de la Comisión de Legislación, donde se encontraban los proyectos sobre indígenas a discutir, fue inmediata:
El señor Jiménez.– Yo había resuelto, señor Presidente, permanecer en silencio; pero dado el sesgo que toma el debate, tengo simplemente que decir a la Cámara lo siguiente: no he reunido a la Comisión de Legislación que debe entender en este punto, porque comprendo su enorme gravedad, porque tengo miedo a una legislación deficiente, y porque soy uno de los convencidos de que el mal no reside solo en la ley, sino mucho más que en ella en la corrupción de los hombres. Nada vamos a sacar señor con dictar leyes que resuelvan el problema agrario en lo que refiere a los indígenas, si no tenemos prefectos y subprefectos con amplia conciencia de su misión y que no vayan a toda la república a estar, simplemente, sembrando desconfianza y provocando toda clase de conflictos. (Diario de Debates, 1920, p. 700)
Existieron muchos proyectos o intenciones de leyes en diferentes órganos del gobierno, como lo señaló el diputado Jiménez, presidente de la Comisión Parlamentaria de Legislación (Diario de Debates, 1920, pp. 700-701), en el caso del Ministerio de Justicia. Jiménez planteó la creación de un Ministerio Pro Indígena debido a que en ocasiones los problemas de los indígenas se manejaban en más de un ministerio. El tema fue diluyéndose conforme la sesión entraba en otros asuntos. Después de esto, dichos proyectos quedaron en el olvido y no se ha podido encontrar información acerca del paradero de los expedientes sobre el asunto.
Consideraciones finales
Los proyectos –truncos– de legislación general indígena de principios de la década de 1920 fueron síntomas de las alternativas a la solución de los problemas desde el Estado peruano. Estos proyectos pueden darnos mayores luces sobre la lectura de la sociedad que tenían sus autores, el grado de autodeterminación de los propios indígenas, así como del grado de paternalismo. La Comisión Pro-Indígena fue un símbolo de la preocupación de los intelectuales, en ese momento, simpatizantes del nuevo gobierno de Augusto B. Leguía y su posición respecto al problema.
La expectativa generada en los indígenas de Puno y el Cusco coincidió con el inicio de un periodo de agitación revestida de significados políticos contemporáneos –anarquismo y socialismo– y con planteamientos radicales y utópicos –retorno del Tahuantinsuyo–. Estos planteamientos eran evidencias de un desencuentro con el Estado o por lo menos de una percepción distinta de las propuestas que este planteaba. El estancamiento de las propuestas de legislación agravó esta situación y, si bien se crearon instituciones que buscaban conectar a las comunidades indígenas con el gobierno, no hubo un giro radical desde el Estado en lo que respecta a sus condiciones sociales.
- Juan Leandro Tito Melgar es licenciado y magíster en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Su tesis de licenciatura se tituló Justicia y sociedad rural en el Oncenio: los sucesos de Santiago de Pupuja – Azángaro en 1920 y su proceso judicial (2017) y la de maestría Política local, desarrollo económico y sociedad en la provincia de Lucanas, Ayacucho, durante el Oncenio de Leguía (1919-1930) (2024). Ha publicado artículos en diferentes revistas y ha sido ponente en eventos de carácter nacional e internacional.
*Artículo trabajado a partir de la ponencia presentada en el I Coloquio de Estudios Históricos del Siglo XX. Repensando el Perú contemporáneo, actividad académica organizada por el Grupo de Trabajo Historia del siglo XX del 6 al 9 de mayo de 2013.
** Nota editorial: El oncenio es como se le conoce al segundo periodo de gobierno del presidente Augusto Leguía (1919-1930) quién denominó a su mandato como el gobierno de la “Patria Nueva”.
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- Desde la nueva constitución que incluía un rol protector del Estado para la raza indígena, la imprescriptibilidad de los bienes de comunidades indígenas hasta la creación de la dirección de asuntos indígenas en el Ministerio de Fomento, el reconocimiento del Comité Pro-Indígena Tahuantinsuyo, la creación del Patronato de la Raza Indígena en 1922 tras la proscripción del primero, el establecimiento del Día del indio, etcétera, son las principales muestras de una política indigenista de carácter paternalista. Sin embargo, también se aplicó procedimientos de servicios gratuitos y semigratuitos con las leyes de conscripción vial y la ley de vagancia (Basadre, 1972; Contreras & Cueto, 2004; Rénique, 2004). ↩︎
- Son famosas las comisiones de Alejandrino Maguiña (1904) y la de Teodomiro Gutiérrez Cueva (1913). La primera dedicada a investigar un conflicto en Chucuito y la segunda una sublevación en el distrito de Samán. Posteriormente, Teodomiro Gutiérrez encabezó una sublevación con el seudónimo de Rumi Maqui (Macera, 1982; Ramos, 1985 y Bustamante, 2024). ↩︎
- Véase también AGN. Archivo Histórico, Ministerio de Justicia. Dirección de Justicia. Resoluciones supremas nro. 8334. ↩︎
- Al final del informe que forma parte del libro Por la clase indígena se mencionó que se adjuntaba al original 7142 memoriales. De hallarse disponible, este material hubiera contribuido de manera categórica a diferentes trabajos sobre dicha investigación. El informe original habría desaparecido en algún archivo oficial como el del Congreso de la República, el Ministerio de Justicia o el mismo Palacio de Gobierno. ↩︎
- Un cuadro similar se puede encontrar en Kapsoli (1977, p. 62). ↩︎
- El término homestead se menciona en muchos textos de la época con relación al tema de los regímenes de propiedad y puede ser entendido como “Patrimonio Familiar”. Su aplicación efectiva (aunque esporádica) en el Perú no ocurrió sino hasta 1936 con un nuevo código civil tras haber sido introducido como tema académico y en concepto en el código de procedimientos civiles de 1912. Consistía en darle un valor de subsistencia o de residencia a una propiedad inmueble, dándole con un tiempo el carácter de inembargable o inalienable. Véase Benjamín Aguilar Llanos (2005). ↩︎
- La educación de los indígenas por parte de los protestantes estaba bien recibida por los miembros de la Comisión porque implicaba un proceso de occidentalización. Era dejar de lado, en muchos casos, los usos tradicionales y cambiar las formas de establecer las relaciones con otros grupos sociales. ↩︎
Pacarina del Sur 