José Miguel Candia

De los medios al poder. La derecha con votos

“Va a llegar un momento en el que la gente se va a morir de hambre. De alguna manera va a decidir algo para no morirse. No necesito intervenir. Alguien lo va a resolver” “Al zurdo de mierda no se le puede dar ni un milímetro…”. “Zurdos tiemblen, los vamos a ir a buscar…” Estas palabras, que parecen la expresión de un enajenado o de un adicto bajo el síndrome de abstinencia, forman parte del arsenal discursivo y de la retórica cotidiana del presidente argentino Javier Milei. Y, siendo sensatos, reconozcamos que ni siquiera cabe la licencia de tomar en broma esos exabruptos; quien se expresa de esa manera es el responsable de formular las decisiones más importantes de políticas públicas del Estado argentino desde el 10 de diciembre de 2023.

Pero en materia política no existen hechos que puedan explicarse por un fenómeno de generación espontánea o como producto exclusivo de súbitas migraciones ideológicas. Es conveniente, entonces, iniciar estas reflexiones con algunas preguntas que ordenen nuestros argumentos. ¿Qué extraña mutación política explica el triunfo en años recientes de aquellos candidatos que, como Jair Bolsonaro, Nayib Bukele, Daniel Noboa o Javier Milei, rompen con una arraigada tradición ideológica y discursiva democrática y subestiman valores universales como la justicia social, la tolerancia al disenso y la aceptación de la diversidad política y cultural? ¿De dónde proviene el apoyo a partidos y candidatos que reniegan de las políticas incluyentes y procuran, por la vía de la represión o del asedio mediático y económico, disolver viejas y nuevas identidades  sociales y acorralar el protagonismo de las organizaciones obreras y populares? 

Partamos de esas preguntas y hagamos un poco de historia que nos permita analizar la profundidad del fenómeno que nos ocupa. En la mayoría de los países de la región la hegemonía política de las fuerzas conservadoras y el control del aparato del Estado se definían, históricamente, por la vía del uso de la fuerza – los golpes militares– o mediante procesos electorales acotados a los grupos sociales dominantes. Así fue la consagración de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos: la relativa estabilidad institucional de las repúblicas conservadoras se alcanzaba mediante pronunciamientos militares –las fuerzas armadas como salvaguarda del poder de las oligarquías– y a través de contiendas electorales resueltas previamente por acuerdos en la cúpula de los poderes económicos y con una participación marginal de la ciudadanía. Recordemos que tardó en establecerse el voto universal y la legalización de las organizaciones gremiales del movimiento obrero

Con la mayor diversificación de la estructura de clases de las sociedades latinoamericanas y el crecimiento de los sectores económicos urbanos, como el comercio y la pequeña industria, junto a una nueva burocracia responsable de los servicios públicos, se ampliaron los regímenes democráticos y se incrementó la participación de los ciudadanos en las contiendas electorales. En paralelo, la aparición de nuevos partidos de raíz popular les dio a los votantes  mayores opciones políticas y la posibilidad de brindar su apoyo a fuerzas partidarias de reciente creación, promotoras de opciones reformistas, más incluyentes y responsables, por lo tanto, de ampliar la base social del Estado.

En el caso de las alternativas propiamente conservadoras, era frecuente que recurrieran a mecanismos extrainstitucionales para asegurar el control del aparato estatal y establecer las políticas públicas que les garantizaran el predominio de los grupos más concentrados del poder económico. Los dos instrumentos más habituales eran los golpes de Estado y la manipulación de los procesos electorales. Con las sublevaciones militares se bloqueaba o destituía a las fuerzas populares, y con el fraude electoral se impedía o dificultaba la gestión de las expresiones políticas democráticas que promovían alternativas económico-sociales de tinte reformista.

2021: Milei diputado y el emergente de la derecha “Libertaria”

Sobre el escenario político actual, hay una pregunta que mortifica a los buenos observadores y analistas críticos del acontecer electoral argentino. Cómo explicar, sin recurrir al esoterismo ni a la mano maléfica de poderes externos, que, en una sociedad con tradiciones populares arraigadas, fuerte impronta de huelgas y luchas sindicales, y episodios legendarios de protestas callejeras y puebladas que derribaron dictaduras y gobiernos fraudulentos, se haya producido el triunfo de un candidato de perfil ultraconservador como Javier Milei, con un virulento encuadre discursivo. Diputado en 2021 y, por si quedaran dudas, presidente de la República en diciembre de 2023. Cabe apuntar que se trata de un protagonista advenedizo en el mundo de la política y ajeno a las dos grandes tradiciones partidarias de Argentina: la Unión Cívica Radical –histórico refugio de los sectores medios– y el Peronismo, espacio natural de expresiones obreras y populares. Hay que recordar que, apenas en 2021, el actual presidente creó una agrupación propia – La Libertad Avanza (LLA) – con la que pudo acceder a una banca de diputado y que no contaba con gobernadores ni alcaldes aliados que le deban lealtad y le ofrezcan soporte partidario y territorial de cierta valía.

En principio, cabe apuntar que a este nuevo “ideólogo” y dirigente de la derecha, con muy escasos antecedentes militantes, le corresponden la crítica y el cuestionamiento moral por el uso y abuso de formas elementales y, por momentos, brutales y confrontativas de su discurso público. “Viva la libertad carajo” es la expresión de barricada con la que enfatiza sus intervenciones, una especie de consigna de orden cerrado para motivar a las fuerzas propias e intimidar a los ajenos y hay que señalar que fuera de su espacio ideológico, todos resultan extraños. En esa galaxia de entes repudiables están incluidos los populistas, los cepalinos y neodesarrollistas, los izquierdistas, los progresistas keynesianos, los feministas, los ambientalistas, los gays, más todo lo que se sospeche de formar parte de la agenda woke.

El discurso del presidente Milei en el Foro Económico Mundial de Davos, el pasado 23 de enero de 2025, constituye una de las piezas doctrinarias más contundentes de la nueva derecha internacional. El mandatario argentino arremetió contra todos los postulados y banderas del progresismo con una contundencia que es rara de escuchar en otros mandatarios de similar perfil ideológico. Es posible que con esta participación en la máxima tribuna de los dueños del planeta, Milei abrigue la esperanza de transformarse – en la región latinoamericana– en el soldado más fiel y mejor cumplido del presidente estadounidense Donald Trump.

Lo que no se le puede negar al entonces candidato y ahora jefe de Estado es la sinceridad que expuso en su campaña a la presidencia, maldiciendo las viejas políticas industrializadoras y abominando de los programas de subsidios públicos más reconocidos, que hacen menos costoso para las familias de bajos ingresos el consumo de bienes y servicios básicos. Una bandera de respeto universal, aceptada más allá de filosofías partidarias como la justicia social, es calificada por Milei de “aberración”. Sin embargo, nadie podrá negarle que sostuvo desde la tribuna y desde los medios –la televisión es su ámbito natural de militancia– la necesidad de poner de cabeza las estrategias económicas orientadas al fortalecimiento de la industria nacional, la expansión de la capacidad de consumo de la población y todo lo que huela a doctrinas neodesarrollistas.

Con el referente teórico de la escuela económica austríaca, que cobró auge en la segunda posguerra (von Mises; F. A. Hayek), y con las herramientas prácticas de los monetaristas más rabiosos (Milton Friedman), la emprendió contra el andamiaje institucional y económico heredado de las anteriores estrategias de desarrollo. Para el sostén de los argumentos con los que pretendió darle soporte ideológico a su discurso, acudió a los teóricos estadounidenses de un extraño engendro autodefinido como  “anarcocapitalismo”: Murray N. Rothbard y Ayn Rand.

El crecimiento de las expresiones políticas ultraconservadoras no se explica por la solidez de sus postulados ideológicos ni por las innovaciones que alegan aportar en el terreno de la teoría económica. Hay factores tangibles que contribuyeron a la implantación político-cultural de la nueva derecha. Siguiendo con el ejemplo argentino –cercano en muchos sentidos a otras experiencias latinoamericanas– se pueden identificar factores de peso, a la postre determinantes del triunfo conservador en algunas disputas electorales. La derecha restaurada suele lograr un desempeño electoral exitoso cabalgando sobre las dificultades de las políticas que pusieron énfasis en la defensa del mercado interno y en la distribución del ingreso. De manera astuta se asocian los programas de impulso a la sustitución de importaciones con las ineptitudes y debilidades de las dirigencias partidarias tradicionales. La satanización de la “vieja” política ayuda a simplificar el escenario. La casta – un innegable logro discursivo y mediático de Milei para señalar a las antiguas dirigencias – permitió focalizar todos los males habidos y por haber en las expresiones políticas tributarias del modelo de crecimiento anterior: inflación; despilfarro de los recursos públicos; populismo social; indisciplina laboral y desorden callejero.

Cuando esa prédica se hizo sentido común en una sociedad desencantada de sus representaciones partidarias y harta de aguantar promesas incumplidas, el terreno quedó abonado para el triunfo de la coalición conservadora que agrupó a Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza en la segunda vuelta de la elección presidencial del 19 de noviembre de 2023. Ya en función de gobierno, la sociedad aceptó con cierta resignación el programa de ajuste económico más brutal de la democracia restaurada en 1983. En una especie de coma inducido se logró, por la vía de la recesión y la caída del consumo, bajar la inflación, controlar el déficit fiscal y formular un protocolo represivo para contener la protesta social que ha demostrado en este primer año de gobierno una notable eficacia para impedir los desbordes de las protestas sociales y las confrontaciones en la vía pública.

Un año y medio después de instaurado el gobierno de Javier Milei, ni las dirigencias partidarias ni la propia sociedad terminan de salir de su estupor ni de articular una mínima estrategia de resistencia. Los brotes de inconformidad más activos se gestan en los sindicatos y en sectores de la población que son víctimas directas de la política de ajuste presupuestal. Los gremios agrupados en las tres centrales obreras y grupos sociales como los jubilados, los pobladores de barriadas pobres que perdieron la ayuda para los comedores populares, así como estudiantes y docentes universitarios afectados por el recorte presupuestal, dibujan un mapa preliminar –y hasta el momento bastante inarticulado– de  resistencia al régimen neoliberal.

A mediados de febrero de 2025 se hizo público el mayor escándalo político que han tenido que afrontar el presidente Milei y el círculo de colaboradores más estrechos que apuntalan su gestión, incluyendo a la “super-operadora” Karina Milei, hermana del presidente. Un mensaje en redes sociales desde las cuentas oficiales del propio mandatario puso al descubierto la participación de Milei en  una maniobra de estafa financiera mediante la aplicación del complejo sistema de la llamada moneda “virtual”, también conocida en los mercados como bitcoin. El presidente y los operadores más cercanos, trataron de deslindar al jefe del Ejecutivo de cualquier responsabilidad en la promoción de inversiones en la aplicación Libra acudiendo a un argumento semántico que pareció un chiste de mal gusto: el presidente solo difundió la existencia de esa alternativa financiera sin “sugerir” o proponer que se invirtiera en un medio adecuado para obtener ganancias lícitas en poco tiempo.

Milei asumió la responsabilidad por lo ocurrido, explicando que todo se trató de un malentendido y que había sido burlado en su buena fe. La opinión pública lo vio desfilar por todos los canales de televisión oficialistas, en actitud de padre engañado, procurando despejar cualquier sospecha sobre su posible participación en el escándalo de las criptomonedas.

Hay que admitir que el gobierno supo recuperarse de manera relativamente exitosa del affaire de las monedas virtuales, un tema que, es justo mencionarlo, solo resulta comprensible para los sectores más informados de la población. Con la coyuntura bajo control, Milei dispuso apuntar sus energías en dos temas de la agenda político-partidaria que son prioritarios para este año, consolidar a su partido, La Libertad Avanza (LLA) como principal espacio receptor del voto conservador en cualquiera de sus matices ideológicos –desplazando al PRO de Mauricio Macri– y sostener a Cristina Kirchner, al gobernador Axel Kicillof y al peronismo, como enemigos del modelo y adversarios a vencer.

El adelanto de las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires le abrió al gobierno la oportunidad de desplazar al PRO de su lugar de nacimiento y de su reducto natural de votantes y posicionar a LLA como nueva expresión partidaria del proyecto neoliberal. La confirmación del triunfo del candidato oficialista Manuel Adorni, en la tarde del domingo 18 de mayo, reafirmó el crecimiento de LLA como la divisa partidaria responsable de asumir y defender, de aquí en más,  el programa de la derecha modernizadora. En octubre próximo se llevarán a cabo las elecciones para renovar la composición del Poder Legislativo, lo que obliga a la oposición a cerrar los acuerdos que se requieran para detener el avance de LLA en el parlamento e impedir un nuevo colapso político del campo popular.

En la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país, se constituyó la alianza peronista Fuerza Patria después de un tortuoso y desgastante proceso de negociaciones entre las tres expresiones de raíz popular con mayor arraigo en ese importante distrito: La Cámpora, cuyo referente es Máximo Kirchner, el Frente Renovador del excandidato presidencial Sergio Massa y el Movimiento Derecho al Futuro, la agrupación impulsada por el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Esta coalición tendrá la enorme responsabilidad de afrontar un doble compromiso: elecciones locales el 7 de septiembre y nacionales el 26 de octubre, ante la creciente influencia y el apoyo ciudadano logrados por La Libertad Avanza, ahora en alianza con el PRO del expresidente Mauricio Macri. De acuerdo con los estudios y sondeos previos que llevan a cabo las consultoras, se trata de un conglomerado conservador de innegable reconocimiento entre las expectativas de los votantes.

El debate en el Senado del jueves 10 de julio abrió una fractura de gran significación política  en los manejos oficialistas de cuatro variables de capital importancia para la estabilidad del programa económico del gobierno. Ese día se aprobaron cuatro resoluciones demandadas por los sectores mayoritarios de la sociedad y por los gobernadores, irritados con el gobierno federal por los recortes presupuestales que el Estado Nacional debe transferir a las provincias. Las disposiciones aprobadas por los senadores fueron: a) incremento de los haberes que perciben los jubilados y moratoria para quienes no completaron los años de aportes requeridos para obtener ese beneficio; b) recursos de emergencia para beneficiar a la población con discapacidad física o intelectual; c) coparticipar con las provincias los recursos recaudados por el impuesto a los combustibles; d) restablecer la asignación de recursos que el Gobierno Nacional debe enviar a las provincias bajo el concepto de Aportes del Tesoro Nacional.

Resultaba difícil estimar qué repercusión electoral podía tener el enfrentamiento con los gobernadores, así como los efectos de algunos desajustes en el manejo de la paridad cambiaria, además del incremento de las tarifas de ciertos servicios básicos. Pero el dato duro – y sobre ese vector debe trabajar la oposición – es que parece percibirse cierto fastidio por la postergación de los beneficios que el plan económico debiera derramar en el bolsillo de los trabajadores y familias de bajos ingresos. Que el enojo se transformara en votos era la tarea de todas las fuerzas populares que se prepararon para competir el 26 de octubre y que las palabras del presidente Milei –“en octubre arrasamos”– no pasaran de uno de sus habituales exabruptos y bravuconadas.

7 de septiembre y 26 de octubre: la cruda lección de las urnas

Un poco por necesidades políticas propias del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, merecidamente interesado en plebiscitar su gestión al frente del gobierno local, y otro tanto por la puja interna en el peronismo bonaerense, el domingo 7 de septiembre se llevó a cabo la elección para renovar poderes locales y elegir, en algunos municipios, nuevos alcaldes. El triunfo inobjetable de la coalición Fuerza Patria, de 14 puntos porcentuales, pareció poner un dique de contención al crecimiento electoral de la derecha. Fuerza Patria agrupa a las dos principales corrientes internas del peronismo –la de la exmandataria Cristina Kirchner y la del gobernador Kicillof– más el Frente Renovador del exministro Sergio Massa y las organizaciones sociales que responden a Juan Grabois. La victoria fue una bocanada de aire fresco para una oposición debilitada por sus peleas internas y débil en sus aspectos propositivos. El triunfo en un distrito de enorme gravitación política y electoral, creó un clima de euforia que ocultó corrientes subterráneas de filias y fobias partidarias, que los votantes no tardaron en expresar en las elecciones parlamentarias del 26 de octubre.

No se pueden sintetizar en el espacio de estas reflexiones las causas que determinaron el triunfo de LLA en la mayoría de los distritos electorales –desplazando incluso a fuerzas conservadoras locales– ni las carencias de la oposición política al gobierno, expresada mayoritariamente en el peronismo. Pero es posible enumerar algunos aspectos principales de lo que ocurrió ese día. Entre otras variables que explican el éxito del gobierno de Milei, pueden identificarse las siguientes: 1) Cierta estabilidad de precios que genera, en sectores medios y en importantes franjas de trabajadores registrados, una sensación engañosa de control inflacionario. La tasa registrada en los últimos meses permanece estable entre el 2,3 y el 2,8 por ciento mensual, relativamente baja para la economía argentina. Los efectos favorables del acuerdo del gobierno con Scott Bessent, jefe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mediante el cual se logró la transferencia de 20 mil millones de dólares, un puente financiero sujeto a la continuidad del programa económico de Milei. Esos recursos dieron estabilidad a la cotización del dólar, redujeron las tasas de interés en pesos nacionales e impidieron una corrida cambiaria, además de ofrecer certeza financiera a los potenciales inversores; 2) La declaración del presidente Milei de reanudar la transferencia de los Aportes del Tesoro Nacional a los gobiernos provinciales, con lo cual recuperó el apoyo de varios gobernadores y neutralizó a potenciales opositores; 3) La exitosa campaña del gobierno y de los medios oficialistas insistía en los riesgos inflacionarios y el posible descalabro económico si el peronismo establecía una mayoría parlamentaria. En la percepción de millones de votantes, se entendió que –al menos por ahora– la estrechez económica de las familias de trabajadores y de los sectores medios se afronta mejor con la estabilidad de precios y la ayuda de algunas certezas macroeconómicas; 4). El triste espectáculo de las expresiones políticas de la oposición, en particular en un espacio identificado con las tradiciones peronistas. La constitución de la coalición electoral Fuerza Patria fue el producto de un costoso parto de los montes bordado contra reloj, entre las cinco cabezas visibles de esa negociación: Cristina y Máximo Kirchner; el gobernador Axel Kicillof; el exministro  de economía Sergio Massa y el líder de las agrupaciones piqueteras Juan Grabois; 5) La conformación de las listas de candidatos opositores fue otro desgastante proceso de “estira y afloja” que excluyó a cuadros relevantes de los peronismos provinciales. Fuerza Patria logró presentarse en 14 distritos de las 24 entidades que forman la República. Por su parte, La Libertad Avanza, formada durante este año y producto de la mano eficaz de Karina Milei, logró registro en las 23 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires; 6) Con este panorama opositor deslucido, el gobierno encontró terreno fértil para explicar a los votantes que la “supuesta alternativa popular” era más de lo mismo (inflación, desorden callejero y cortes de vialidades, despilfarro de recursos y corrupción administrativa). Y, es necesario decirlo, todavía están frescas en la memoria colectiva, las condiciones económicas prevalecientes en diciembre de 2023.

La oposición después de la tormenta

Bajo este desalentador amanecer post-electoral,  la situación de las fuerzas políticas de oposición es preocupante. El panorama en las conducciones partidarias, responsables por la historia y por mandato social, de levantar la mano y encabezar las luchas de oposición al gobierno, transcurre en un infierno de dudas y complicidades. Se mantiene vigente el liderazgo de Cristina Kirchner, refrendado por el creciente apoyo popular ante la injusta detención a la que está sometida por delitos fabricados por la justicia, y crece la presencia y el protagonismo del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Pero debemos admitir que existe un divorcio entre el palacio legislativo y la calle que debe resolverse para escalar las protestas y sumar a sectores sociales todavía pasivos y expectantes ante los posibles beneficios que les puede traer la actual política de ajuste. La preocupante y a veces inexplicable pasividad de la Confederación General del Trabajo –la mayor expresión sindical del país– desconcierta y les resta eficacia a las protestas populares. Las agrupaciones que nuclean a jubilados y pensionados siguen esperando un pronunciamiento explícito y sin salvedades de apoyo a sus reclamos de mejora de sus ingresos.

Mientras tanto, hay indicios que deben analizarse con especial atención. Más del 45 por ciento de la población aún considera necesario dedicar tiempo a la gestión del gobierno. Por ahora debemos reconocer que la sociedad y los representantes partidarios parecen caminar por andares separados, y con ese escenario el gobierno tendrá espacio para cercenar derechos sociales, como la legislación laboral y previsional, reducir apoyos a la salud y a la educación pública, debilitar  las organizaciones populares, cancelar logros históricos de los trabajadores y quitar beneficios para la población en situación de pobreza y marginalidad.