Fabiola Escárzaga
Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco
fabiolaescarzaga@yahoo.com.mx

En este artículo se explora la arena discursiva en torno al Conflicto Armado Interno (CAI) en el Perú. Nos interesa indagar las principales narrativas acerca de la escritura y narración de la memoria oficial sobre el CAI, entre ellas la idea de la “memoria salvadora” y su respectivo correlato negacionista. Asimismo, problematizaremos en torno a las voces permitidas y las “memorias silenciadas” en la narración del conflicto. Abrimos con una discusión general de este caso y puntualizamos estas temáticas sobre las obras de dos autores: Memorias de un soldado desconocido: autobiografía y antropología de la violencia y Carta al teniente Shogún, de Lurgio Gavilán, y Los rendidos. Sobre el don de perdonar y Persona, de José Carlos Agüero. Estas cuatro obras presentan narraciones biográficas y testimoniales muy personales de quienes vivieron el conflicto, ya sea como actores directos o como descendientes de estos. 

Las experiencias y testimonios de Gavilán y Agüero abren un campo de conocimiento “desde adentro” sobre la vida y las motivaciones de la participación en las organizaciones armadas y las consecuencias que la guerra tuvo para ellos. Los autores elegidos se posicionan frente a los obstáculos que debieron vencer y los recursos de los que pudieron echar mano para expresarse y enriquecer con sus voces el panorama político peruano. 

Palabras clave: Conflicto Armado Interno, Perú, memoria salvadora, negacionismo, memorias silenciadas, voces subalternas.

La imposible reconciliación

Si bien la Comisión de la Verdad, establecida en Perú, se llamó también “de Reconciliación” y recabó numerosos registros orales como fuentes de memoria no hay posibilidades de reconciliación de la sociedad peruana ni un entendimiento completo del Conflicto Armado Interno cuando en la noción de memoria se excluye el testimonio de una de las partes, los participantes en la insurgencia en las dos organizaciones armadas, Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). La memoria hegemónica sobre el CAI, difundida en medios de comunicación y en el sistema educativo legitiman las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas y paramilitares como el costo inevitable para vencer a los grupos insurgentes y salvar a la patria. A estas narrativas se les conoce como “el discurso de salvación”. Esto conlleva a que no haya una revisión crítica o lectura distinta de los sucesos del Conflicto Armado Interno (CAI) toda vez que cualquier contradicción a la versión oficial es considerada una apología del terrorismo. Esto aplica tanto para estudiosos del conflicto como para los exinsurgentes y expresos del CAI.

Sin una lectura completa del conflicto no es posible considerar que exista un proceso real de reconciliación ya que el conflicto queda irresuelto. La persistente fractura estructural entre la sierra indígena y la costa blanco-mestiza favorece a que el riesgo de que el conflicto social resurja.

A pesar de la persecución que existe en torno a otras memorias o lecturas sobre el CAI diversas voces han desafiado este clima de censura, entre ellas, analizaremos las obras testimoniales de Lurgio Gavilán y José Carlos Agüero, quienes vivieron de primera mano el CAI. El primero como niño quechua hablante senderista, joven militar y seminarista, y el segundo como hijo de senderistas asesinados por el Ejército. Las dos experiencias y sus testimonios abren un campo de conocimiento desde adentro sobre la vida y las motivaciones de la participación en las organizaciones armadas y sobre las consecuencias que la guerra tuvo para ellos, directo el primero, e indirecto el segundo. Ambos cuestionan en sus relatos la participación en la lucha armada encabezada por el PCP-SL, lo que les permite hablar sobre su experiencia sin ser acusados de apología del terrorismo. Estas narrativas complejizan la mirada sobre los participantes en el conflicto y permiten considerar un panorama más amplio que no se reduce a las víctimas y los perpetradores. 

El desenlace de la guerra

El desenlace de la guerra marca las condiciones en que se han expresado o no las diferentes voces de los actores participantes en el conflicto armado interno. Durante su primer gobierno (1990-1995) Fujimori logró la derrota militar y política de la insurgencia armada, mediante una política contrainsurgente altamente violatoria de los derechos humanos de los alzados en armas y de la población civil. 

El auto-golpe de Estado de Alberto Fujimori, en abril de 1992, le permitió eliminar al Congreso y a la oposición, la promulgación de una nueva Constitución en 1993 y la creación de un Congreso unicameral. El cierre del congreso conllevó a que se desplazara a la vieja clase política y desmantelara el sistema político vigente, altamente elitista y excluyente. Debido a estos sucesos su gobierno fue una dictadura con fachada democrática (Escárzaga, 2017). 

Las estrategias violentas que Sendero Luminoso aplicó contra la base social del campesinado andino que inicialmente participaron en acciones armadas insurgentes terminaron combatiendo a SL a través de Rondas Campesinas y Comités de Autodefensa Campesina. Ambas fueron fundamentales para la derrota de esta organización armada. El tiro de gracia para la insurgencia fue la captura de la dirección de Sendero Luminoso en Lima en septiembre de 1992 y su rendición. El triunfo de Fujimori se arropó en este desgaste.

Complementaria a su estrategia contrainsurgente, Fujimori estableció condiciones políticas y jurídicas necesarias para la implementación acelerada del programa neoliberal a través del incremento de participación del capital extranjero en distintos rubros de producción como la minería y la entrega de numerosas concesiones. Debido al clima político no hubo una respuesta popular organizada pues pesaba la amenaza de ser perseguido como terrorista (aun tratándose de causas políticas distintas) y ésta fue una potente arma de desmovilización. El miedo se instaló en la sociedad peruana y Fujimori logró construir un discurso que legitimó la estrategia contrainsurgente contando con gran aprobación popular. 

Fujimori inició su tercer período presidencial, en noviembre de 2000, a raíz del fraude electoral que cometió contra Alejandro Toledo. El fraude suscitó una intensa movilización popular llamada “La marcha de los Cuatro Suyos”. La precisión social contra el fujimorismo fue importante, pero Fujimori sólo dimitió del poder solo hasta que Estados Unidos dejó de apoyarlo como castigo a su participación y la de su asesor (Vladimiro Montesinos) en la venta de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Fue así que Fujimori se fugó a Japón y desde allí envió su renuncia. Valentín Paniagua, presidente del Congreso, asumió la presidencia interina y buscó romper con la herencia fujimorista y de su grupo en la vida política peruana por lo que creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación, a tono con las pautas internacionales y con financiamiento externo.

Las memorias en juego

El antropólogo Carlos Iván Degregori (1945-2011), estudió y fue profesor de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) en los años 70 del siglo XX. Junto a otros profesores de izquierda Degregori se enfrentó políticamente a la fracción que se estaba constituyendo como la organización armada Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL). Esta confrontación inicial alcanzaría dimensiones mayores en la medida en que la carrera profesional de Degregori crecía y se magnificaba la acción de los grupos armados. Los senderistas llamaban senderólogos a quienes, como Degregori, estudiaban el fenómeno insurgente en plataformas académicas y ONGs. 

Ya en Lima, Degregori fue profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y posteriormente investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), instituto del que fue director dos veces. Fue uno de los integrantes de la CVR y el responsable directo de sus trabajos y de la redacción del informe final publicado en 2003. 

En un texto de balance sobre la labor de la CVR, Degregori señala que la CVR estuvo condicionada por su propio contexto de emergencia, un proceso de transición política por colapso y no por una transición política pactada. Esto le dio un margen amplio sobre los temas que investigó. Aunque la CVR solo funcionó durante dos años y medio logró completar sus objetivos ya que aprovecharon el trabajo de investigación acumulado hecho previamente por distintos organismos defensores de derechos humanos como la Defensoría del Pueblo y el Congreso de la República, así como por investigadores sociales y periodistas independientes, de manera que no comenzaron el trabajo desde cero (Degregori, 2015, pp. 35-36). 

Los trabajos de la CVR establecieron como saldo un total de 69 mil muertos y en la distribución de los causantes se determinó que SL tenía la responsabilidad mayoritaria. El informe final de la CVR presentado en 2003 fue rechazado por distintos actores e instancias. Para quienes esperaban un análisis más crítico el informe construyó una lectura de los acontecimientos cercana a la contrainsurgencia, o al menos funcional a ella, por lo que algunos la denominaron una forma de contrainsurgencia civil hecha desde la academia. La opinión de rechazo también fue asumida por senderistas. Mientras que el ejército y los políticos responsables de las violaciones de derechos humanos rechazaron cualquier señalamiento a su participación como agentes perpetradores de violencia. 

En los años 80 y 90 las investigaciones sobre estos sucesos se pensaron desde las categorías de guerra interna y violencia política, y a partir del nuevo siglo las consecuencias del conflicto fueron estudiadas desde la categoría de memoria y conflicto armado interno. Sin embargo, para Salazar (2015) los estudios sobre la memoria dieron continuidad a los estudios centrados en la violencia política, ya fuera que se llamara guerra interna o conflicto armado interno (CAI). Ambas categorías políticamente correctas fueron establecidas por los centros de investigación e instituciones defensoras de derechos humanos a nivel nacional e internacional que las financiaban. 

Los estudios se dividieron entre aquellos que analizaban el desafío del orden estatal por la vía armada de grupos revolucionarios, insurgentes, guerrilleros, etc. a través de la violencia política. Y aquellos rubricados como estudios sobre memoria abordaron los saldos de tales eventos. Mientras que los estudios de la violencia política se centran en los actores del conflicto (SL, MRTA, FF. PP. FF. AA) y rondas campesinas, los estudios de la memoria tienden a privilegiar a las víctimas como objeto de estudio (Del Pino, 2015, p. 21). Sin embargo, aún en los estudios sobre memoria se privilegia la voz de unos actores del conflicto y se silencia a otros. 

Tanto la CVR como la mayoría de los estudios sobre memoria se centran en los testimonios de las víctimas por lo que se construyó la memoria de las víctimas civiles y militares, pero se cerró la posibilidad de construir una memoria sobre los miembros de las organizaciones insurgentes y sus familiares, censurando sus voces por distintas vías. Esto sin embargo también se debe a que para algunas instancias e investigadores es una forma de protegerse frente a la censura y la represión de los partidarios de las narrativas del discurso salvador. 

El uso de la memoria en la CVR significó un proceso de mediación en el que un tercero interpretaba los sucesos que vivió un actor directo de los acontecimientos, pero también un actor muy específico, la víctima. Esta mediación tiene implícita la noción de la construcción de una memoria de quienes no tenían los recursos materiales, políticos o el capital cultural para hacer oír su voz, para hablar por sí mismo. Sin embargo, en este artículo consideramos más correcta la idea de voces que la de memorias en tanto aluden a una expresión más directa de los actores, aunque retomaremos las formulaciones que los expertos en la memoria han hecho en Perú. 

Un factor de debilidad del informe fue no representar, recuperar ni incorporar la voz de los vencidos, de las organizaciones insurgentes, mientras que los vencedores del conflicto no se sienten representados en el informe, sino amenazados por él. De manera que no representa a casi nadie. Así como la izquierda electoral con la cual quienes elaboraron el informe encontraron respaldo o identificación no ha logrado crecer.

El Ejército y los políticos fujimoristas rechazaron que en el informe se denominara como actores políticos a los integrantes del PCP-SL y al MRTA y no como terroristas u organizaciones terroristas. Otro aspecto en disputa es que, no obstante que, el informe reconoce que el 70% de los muertos fueron hablantes de lenguas indígenas afirma que no se trató de un conflicto étnico. Asimismo, minimiza y atenúa la participación del Ejército y grupos contrainsurgentes y maximiza las atribuidas a Sendero Luminoso, como mostramos antes. 

A su vez, la memoria de las víctimas elaborada por la CVR se convirtió en la memoria permitida. Degregori señala que desde el principio la CVR decidió adoptar el punto de vista de las víctimas y afirma que el informe final evitara presentarlos como individuos pasivos, atrapados entre dos fuegos, necesitados únicamente de protección, y que por el contrario, enfatizando la responsabilidad del Estado de proteger la vida de sus ciudadanos, rescata la actoría de los sectores sociales golpeados por la violencia, reconociéndoles episodios de resistencia y heroísmo, pero también, en casos como los comités de autodefensa, de abusos y violaciones de los derechos humanos (Degregori, 2015, p. 40). No obstante, esta posición no es predominante en el informe. 

Del Puno cuestiona que “en el esfuerzo por hacer del informe de la CVR un instrumento cívico y pedagógico ha llevado en muchos casos a enquistar la imagen de las víctimas a la de pobre/rural/indígena; una estrategia esencialista que al reducir la experiencia solo al sufrimiento termina por alimentar y reproducir los mismos estereotipos raciales sobre las poblaciones andinas. Las víctimas son el pobre-rural-indígena-joven- y las mujeres en particular” (Del Pino, 2015, p. 16). Aunque reconoce como positivo que la memoria elaborada por la CVR ha podido ser aprovechada por las víctimas de la violencia para exigir verdad y justicia, así como la inclusión y reconocimiento para acceder a un lugar en el Estado-nación y ejercer la agencia que en el pasado le fue negada, y para denunciar la secular desigualdad e injusticia cometida contra ella y para exigir tanto reparación como desarrollo (Del Pino; 2015, pp. 17-38). Logrando por otro camino la justicia social que las organizaciones armadas buscaban para los mismos sujetos.

Para Degregori la CVR actuó en un contexto en que estaba prácticamente en el aire, pues los que están a favor de los derechos humanos eran sectores minoritarios de la sociedad civil, así como el espíritu de la transición duró poco y se fue apagando (Degregori, 2015, p. 66). Mientras que Gabriel Salazar (2015) comenta sobre la posibilidad de que en el actual tiempo de la memoria post-CVR puedan irrumpir nuevos actores que hagan oír nuevas voces, nuevas memorias que no tuvieron la ocasión de expresarse, o que temieron hacerlo ante la CVR. Del Pino adjetiva a estas voces como las “memorias silenciadas”, arrinconadas en el ámbito privado, familiar o local, por temor, por su escaso capital simbólico y, por tanto, por la falta de canales para expresarse en la esfera pública (Del Pino, 2015, pp. 29-30). 

Tales voces se han ido expresando en el campo insurgente a través de memorias y ensayos de análisis político, entre los mandos de SL y del MRTA y a través de la poesía, el cuento y la novela entre los participantes de base de SL, enfrentando para ello diversos obstáculos, fundamentalmente la persecución y el de sufragar el costo de sus publicaciones y lograr su distribución por medios alternativos. No nos detendremos en ellas.

El “negacionismo”

En los años 80, el “negacionismo” fue la primera respuesta oficial frente a los reclamos de violación de los derechos humanos de las víctimas del CAI y de las organizaciones defensoras de derechos humanos. Este discurso negó que las instituciones castrenses y distintas instancias del Estado hubieran cometido y propiciado los crímenes y violaciones de los derechos humanos (Del Pino, 2015).

Degregori comenta cómo en las comparecencias ante la CVR los dirigentes políticos

[…] reconocían solo excesos y errores, y añadían: de alguna manera sabíamos que cosas terribles pasaban en las zonas de emergencia, pero la opinión pública nos presionaba para terminar con el terrorismo por cualquier medio […] (y) conforme el tiempo transcurría y el conflicto llegaba a las ciudades y especialmente a Lima, y conforme SL recurría crecientemente a acciones terroristas, sectores importantes de la opinión pública urbana demandaban que el gobierno terminara con el problema de la violencia sin importar los costos sociales. Esa fue una de las razones por las cuales más del 70% de la opinión pública apoyó el golpe de Fujimori en abril de 1992. (Degregori, 2015, pp. 47-48)

Podríamos también considerar como una forma de negacionismo, la posición de la dirección de SL que rechaza la responsabilidad sobre acciones terroristas concretas ejecutadas sobre la población civil, argumentando que sus directivas eran genéricas y que la forma de darle cumplimiento era interpretada por los cuadros encargados de cumplirla y por tanto la responsabilidad es de ellos.

La “memoria salvadora” como memoria hegemónica

En los años noventa, el gobierno de Fujimori controlaba los medios de comunicación y manipulaba a la opinión pública, fue así que contó con los medios para generar el discurso público que legitimaba la estrategia contrainsurgente envistiéndola de eficacia en la derrota de las organizaciones armadas. La instrumentalización mediática del miedo frente a la violencia terrorista contrarrestó los cuestionamientos al gobierno sobre la recesión económica, la creciente corrupción y la perpetuación antidemocrática de Fujimori en el poder. 

Es así como esta memoria salvadora se convirtió en hegemónica y presentó a Fujimori y Montesinos como las figuras insustituibles de la pacificación del país y los salvadores de la patria, incluso desestimando el papel de las Fuerzas Armadas y las Rondas campesinas en la acción contrainsurgente (Del Pino, 2015, pp. 15-16).

Degregori planteó que Fujimori y Montesinos necesitaban la presencia amenazante de SL para inocular el miedo en una sociedad traumatizada. Y lo hicieron sistemáticamente, tratando de construir a través de la “memoria hegemónica”, una historia oficial según la cual las violaciones de los derechos humanos fueron el costo inevitable que el país tuvo que pagar para derrotar al terrorismo, y argumentando que era mejor olvidar los horrores vividos y no abrir las heridas provocadas por el conflicto. Este argumento permitió elaborar la Ley de amnistía de 1995 que consagró el olvido sobre los sucesos del CAI (Degregori, 2015, p. 29). 

Después de la captura de la dirección de SL y la firma del Acuerdo de paz que éste firmó con el gobierno en 1993 las fracciones disidentes de SL que se mantuvieron en armas se concentraron en las zonas cocaleras. Esto permitió reiterar en la opinión pública la idea de una amenaza latente. Los gobiernos posteriores dieron continuidad a la política y al discurso fujimoristas y mantuvieron alianzas con la élite económica, las Fuerzas Armadas y los medios de comunicación ligados al fujimorismo. 

Las memorias silenciadas

En el año 2001, luego de la caída del gobierno de Fujimori, los presos senderistas realizaron una huelga general, y denunciaron al gobierno peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de Fujimori casi desde su inicio, como la utilización de jueces sin rostro, condiciones extremas de reclusión, etc. Con ella lograron un nuevo juicio en el año 2007, con nuevas reglas, que revirtió las cadenas perpetuas impuestas a los dirigentes, y las reemplazó por condenas a 25 y 35 años, excepto para Abimael Guzmán, Elena Iparraguirre y Óscar Ramírez Durand (Feliciano). Las condiciones de reclusión se suavizaron, sujetándose a lo que el derecho internacional marca exceptuando a la Base Naval donde estaban los tres presos señalados.

En el año 2010, se creó el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) que tiene antecedentes en las organizaciones de familiares de presos. Este movimiento intentó ser el brazo legal de Sendero Luminoso para participar en la política electoral, pero le fue negada la personería jurídica, así como fue prohibido y perseguido. Esta decisión se sustentó en una legislación antiterrorista que desde inicios del conflicto se fue perfilando y asumiendo rasgos más represivos.

Otro hito importante, a partir del 2016, fue la salida de la cárcel de senderistas y emerretistas de los niveles directivos tras cumplir sus condenas. Los presos acusados por terrorismo eran unos 3 mil en el año 2000, muchos de ellos eran inocentes, pero fueron detenidos para mostrar la eficacia de la estrategia contrainsurgente y magnificar la amenaza insurgente. Al momento de escribir este artículo (2024) son unos 90, entre hombres y mujeres. El tiempo corre para todas las partes del conflicto, los que recuperan la libertad y los que siguen presos están viejos y enfermos, pero el gobierno y los grupos fujimoristas los presentan como una amenaza vigente para la sociedad y cómo agentes perniciosos en busca de influencia entre los jóvenes. 

Todo ello hace que se actualice y endurezca el discurso salvador establecido por Alberto Fujimori y que éste fuera retomado por su hija Keiko Fujimori en su candidatura presidencial en 2021. En la candidatura de Keiko, el Movadef fue presentado como una instancia que encarna y reactiva la amenaza senderist. Un peligro latente del que sólo el fujimorismo podrá salvar al país. 

En los últimos procesos electorales del país (2011, 2016 y 2021) Keiko Fujimori y su bancada política asumieron una presencia predominante en el Congreso de la República y el 18 de julio de 2017 la mayoría fujimorista en el Congreso aprobó la reforma al artículo constitucional 316, relativo al delito de apología del terrorismo. Esta reforma oficializó la persecución y criminalización de los militantes y simpatizantes de Movadef, pero también penaliza condenas más severas y prolongadas para los actos de apología del terrorismo. Sin embargo, al igual que el artículo anterior, 

es ambigua (al igual que su antecesora) sobre lo qué puede ser considerado un acto de apología del terrorismo. Esta brecha difusa permite que sea considerados actos de apología del terrorismo narrativas más críticas del CAI así como restringe el registro de memorias subalternas del CAI. 

Voces permitidas

Lurgio Gavilán Sánchez (Ayacucho, 1971), autor de Memorias de un soldado desconocido: autobiografía y antropología de la violencia (México/Lima, Universidad Iberoamericana/IEP, 2012) hijo de campesinos quechua hablantes de la sierra andina, quechuahablante y analfabeto, en 1983, a los doce años se incorporó a una columna de Sendero Luminoso y emulando a su hermano mayor permaneció casi tres años en la organización. Un buen día, en un combate con el ejército, siendo el único sobreviviente, el teniente apodado Shogún (del que ignora su nombre) quien se encontraba a cargo del comando le perdonó la vida, lo reclutó en el Ejército y lo puso a estudiar. Lurgio permaneció en la institución militar durante siete años alcanzando el cargo de cabo hasta que una monja a quien él escoltaba le sugiere que asuma la vocación religiosa. Poco después se da de baja del Ejército y se incorpora a la orden franciscana en la que continúa estudiando y se prepara para ser sacerdote. Al finalizar su primer año en el Instituto Filosófico Teológico Franciscano, en 1998, durante sus vacaciones llega a la conclusión de que quería “[…] tener una familia, quizás un hijo, y salir al mundo como cualquier persona […]” (Gavilán, 2012, p. 156). Al salir de la congregación estudia antropología en la UNSCH, en Ayacucho, y en su trabajo como docente auxiliar obtiene una beca de la Fundación Ford para estudiar la maestría y el doctorado en Antropología en México en la jesuita y elitista Universidad Iberoamericana. Hoy en día, Lurgio es un académico en la UNSCH. 

En 2019 publica un segundo libro, Carta al teniente Shogún (Lima, Penguin Random House, 2019), como una estrategia de búsqueda de su benefactor, con quien no había tenido contacto. Su paso por la academia le permite construir una voz, desde la cual relatar su experiencia. Sus obras expresan una perspectiva dual, la de los combatientes guerrilleros y militares (los perpetradores) y la de los afectados por la violencia. Gavilán, el niño-senderista, adolescente-soldado, joven-franciscano y adulto-antropólogo, reconstruye la experiencia del niño y adolescente desde la perspectiva del antropólogo. Si bien participó como actor en ambos papeles insurgente y contrainsurgente reconstruye sus vivencias desde la mirada externa del antropólogo.

El caso de Gavilán muestra la trayectoria seguida por muchos campesinos que iniciaron siendo senderistas y luego se convirtieron en contrainsurgentes; ya fuera en el bando del ejército o en los comités de autodefensa o las rondas campesinas. En su condición de niño campesino que participó en la guerra, Gavilán también ejemplifica cómo los campesinos en las zonas del conflicto tuvieron un margen de agencia muy limitado frente a las fuerzas que enfrentaban por lo que la opción de cambiar de bando era un mecanismo para sobrevivir.

Pero Gavilán logra mucho más que sobrevivir, obtiene un gran reconocimiento y admiración por parte del mundo académico y es la prueba de que ellos tienen la razón: su ingenuidad infantil justifica su incorporación a SL por lo que reinvindica la labor contrainsurgente del ejército.

Agüero (2015) comenta:

Lurgio Gavilán tiene una estrategia para contarse que le permite sacar adelante su historia, que es una historia terrible, de guerra finalmente. Por eso necesita un narrador que también es él, que sea un niño. Por ello las cosas más terribles son solo elementos del paisaje. Por eso no es ni culpable ni cómplice de crímenes. Es testigo.

Los académicos se pasman frente a él y pasman su crítica por muchos motivos, pero en parte, porque siempre los fascinará un subalterno, un indio manejando el lenguaje, escribiendo, exótico. Esos son algunos de los límites de la obra y de sus lectores […]. El valor enorme de Lurgio Gavilán no es tan solo su relato. Es su acto mismo. El que, con toda su imperfección, nos haya regalado su historia. (Agüero; 2015, pp. 80-81)

José Carlos Agüero (Lima, 1975), es hijo de militantes senderistas quien, desde un capital cultural y académico como historiador, poeta, periodista, pero también su papel como activista de derechos humanos e investigador de la violencia política y de la memoria histórica construye su perspectiva sobre el CAI en sus obras Los rendidos. Sobre el don de perdonar (2015) y Persona (2018). 

Su padre estuvo preso en la cárcel de El Frontón y fue asesinado en 1986, junto con otros 130 presos. Este suceso da cuenta de un motín senderista que condujo a la aniquilación de los reos, pese a que ya se habían rendido. Su madre fue detenida por la policía y asesinada en la playa de Chorrillos en Lima en 1992, quedando huérfano muy joven junto a sus hermanos. A diferencia de muchas mujeres que fueron cuadros senderistas, su madre no dejó a sus hijos al cuidado de otros familiares, sino que vivió con ellos al tiempo que desarrolló su actividad clandestina. 

En Los rendidos. Sobre el don de perdonar Agüero cuestiona la estigmatización que, por su condición de hijo de senderistas, la sociedad peruana le impuso en su infancia y juventud, y al mismo tiempo cuestiona la posición senderista asumida por sus padres por las consecuencias negativas que la violencia terrorista practicada por la organización tuvo para la población inocente. Agüero también afirma que la sociedad peruana debe asumir el perdón como tarea para alcanzar una paz duradera. Este libro recopila textos escritos por él en distintos momentos y por ello aparece un tanto contradictorio, por momentos ofrece una reivindicación parcial de las razones de sus padres para participar en SL y en otras una exculpación de sí mismo por las decisiones y acciones de sus padres. Agüero, al igual que Lurgio, ofrece una mirada desde afuera, en su caso la de intelectual defensor de derechos humanos. En Persona(2017) Agüero aparece más empático con las decisiones de su madre como militante. 

Consideraciones finales: el síndrome del hijo de Atusparia

Los libros de Lurgio y Agüero reconstruyen una voz personal que va más allá de las víctimas y victimarios y complejizan el escenario político del conflicto. Ambos autores aprovechan la plataforma que representa la memoria permitida, la de la CVR para mostrar la experiencia insurgente, además de la necesidad existencial de hablar sobre su experiencia, ¿Qué les permitió hacerlo, rompiendo el silencio impuesto por la sociedad y al final autoimpuesto?

Ambas narraciones biográficas recuerdan la experiencia del hijo de Atusparia, el alcalde indio que dirigió la rebelión de 1885 en Ancash en contra del impuesto personal y del pongueaje, y que, traicionado y derrotado, antes de morir asesinado fue a negociar con el presidente Cáceres a Lima y le llevó a su hijo Manuel para que el presidente se hiciera cargo de su crianza y educación. Atusparia, entendiendo que su proyecto rebelde había llegado a su fin, decidió que era mejor que su hijo se adaptara al orden dominante bajo la protección de su enemigo triunfante (Herrera, 1985; Escárzaga, 2001).

En hechos semejantes, el niño senderista Gavilán es capturado por el teniente Shogún, quien le perdona la vida y lo reforma en el ejército cambiando su destino y encarna la idea del padre adoptivo que le da la vida por segunda vez. El teniente Shogún aparece como el aval de la conversión de Lurgio al antisenderismo y al mismo tiempo ese aval le permite hablar de su propia experiencia insurgente. Más tarde Carlos Iván Degregori como director del IEP se convierte en otro aval de Lurgio, y apoya la publicación de sus memorias.

Por su parte, José Carlos Agüero se incorpora al grupo de jóvenes que Degregori forma como investigadores sobre el CAI en Instituto de Estudios Peruanos y en la Comisión de Verdad y Reconciliación. Esta conversión representa un cambio de bando en relación a la militancia senderista de sus padres. La cercanía a Degregori es garantía de que Agüero no es un senderista y también le permite reflexionar sobre la experiencia de sus padres y sobre la sociedad que lo estigmatiza, pero no puede criminalizarlo.

Agüero y Lurgio aportan una perspectiva novedosa con la que abren una brecha para ir más allá de la pauta que la CVR y Degregori establecieron. Aunque se mantienen cercanos a sus posiciones y bajo su manto protector obtienen un gran reconocimiento en el campo de los derechos humanos, así como en la arena académica (Lurgio) e intelectual (Agüero). En ambos casos, es la sociedad a través del ejército, la escuela y/o de sus propias familias la que los forma en el rechazo de su pasado (Gavilán) o de la opción política de sus padres (Agüero). 

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Bibliografía

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Alba Herrera, C. A. (1985). Atusparia y la revolución campesina de 1885 en Ancash. Ediciones El Inca.

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Salazar Borja, G. (2015). Sin debates no hay campo de estudios sobre memoria y violencia política en el Perú. En Degregori et al. No hay mañana sin ayer. Batallas por la memoria y consolidación democrática en el Perú (pp. 239-301). Instituto de Estudios Peruanos.

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*Nota editorial: Una versión anterior de este trabajo fue publicada en el libro: Violencia de Estado en el Perú. Del Conflicto Armado Interno (1980-2000) a la “Generación de Bicentenario” (2024) de Anouk Guiné, Mónica Cárdenas, Fabiola Escárzaga (Eds.), Perú: Fondo Editorial del Instituto para la Investigación Social del Perú, Université Le Havre Normandie, Gric Groupe de Recherche Identités et Cultures, 2024.

La versión editada en este número de Pacarina contiene modificaciones de estilo y estructura del texto realizadas por el Comité Editorial de nuestra revista.